La superpoblación de presos en comisarías es del 47%

La superpoblación de presos en comisarías es del 47%

El defensor general Eduardo Aguirre valoró el fallo del STJ que ordena mejorar el alojamiento de los presos. “Es un punto de inflexión”, estimó

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El defensor general Eduardo Aguirre afirmó que actualmente la superpoblación de detenidos en comisarías y alcaidías de la provincia alcanza el 47% y consideró que el fallo del Superior Tribunal de Justicia que ordenó mejorar las condiciones de detención y la conformación de una mesa interinstitucional para solucinar la problemátia “es un punto de inflexión”.

El funcionario judicial dijo que es “trsecendental” el reciente fallo del STJ, que convalidó un habeas corpus que había presentado la defensoría en febrero de este año antela superpoblación y condiciones infrahumanas de alojamientos. “Me parece una decisión trascendental porque resuelve de una manera absolutamente racional, que además congloba a todos los operadores del sistema, y reconoce, objetiva, una situación que veníamos alertando en los últimos años”, sostuvo.

“Esta situación tiene que ver con varios factores, dos de ellos son la negativa sistemática del Servicio Penitenciario Federal de seguir recibiendo presos pampeanos, y la otra, una cuestión no tan conocida, es que La Pampa modificó sus sistemas de enjuiciamiento y persecución penal y eso tiene características muy específicas y reclama una forma de aplicación específica para no transformarse en una máquina de hacer chorizos como dice (Eugenio) Zaffaroni”, señaló en declaraciones a Radiokermés. “Estamos en medio de esa problemática. La aplicación del código ha sido una aplicación que nos convoca a todos los operadores del sistema estatal, incluso a las ONG, a debatir profundamente que se está haciendo con este nuevo código”, agregó.

-El fallo pide que el tema se trate en una mesa conjunta -le apuntaron.

-El STJ requiere que, de manera urgente, arbitre medidas para hacer cesar esta situación de privación que tiene que ver con los lugres de alojamiento. El segundo punto es una recomendación, al igual que el caso Verbitsky, la conformación de una mesa de diálogo en la que deberían intervenir los representantes de los tres poderes del estado. Estas dos cosas la habíamos plateando en el habeas corpus, inclusive extendiendo la participación a los colegios de abogados, las ONG vinculadas a los temas relacionados con derechos humanos.

Con todo, asi como está adoptada, es muy trascendental porque va a permitir poner en discusión y correr el límite de lo posible en discusión política criminal de algunos aspectos que veníamos marcando hace mucho tiempo. Uno de esos aspectos es que para 280 presos que hay en la provincia hay 198 lugares. Tenemos un 47% de superpoblación. Eso no es lo más grave. Es que en el primer semestre de este año se incrementó en un 42% la prisión preventiva. Si seguimos asi vamos a tener un colapso que preveíamos en cinco años y que se va a adelantar en dos años.

-¿Ese incremento es comparado a qué dato?

-Se va contabilizando por semestre. Es incremento sobre incremento.

El problema de esto es atravesar esta lógica de pensar que con mayor cantidad de personas detenidas se obtiene más seguridad. Esto pasa inadvertido porque se disimula detrás de ese fetiche. Este tipo de lógica se derrumba si contabilizamos que entre delitos denunciados y reportados y condendas en juicio, el resultado, la tan mentada eficiencia, es del 0,50%. Ni el 1% es condenado en juicio.

Con el viejo sistema siempre estábamos estábamos entre el primer y segundo lugar en relación de delitos y sentencias. Esto está marcando una situación que amerita una discusión muy seria sobre el tema.

-¿La cárcel no sirve para el objetivo con que se creó?

-Claro. El último hecho significativo es el dicurso del Papa en la asamblea de la 69º reunión de Naciones Unidas.

-¿Lo sorprendió el fallo del STJ?

-No, porque lo que planteamos es una cuestión surgida de constancias objetivas. No solo que habíamos comprobado que esto existía y planteábamos la clausura de ciertas dependencias policiales si no que lo que planteamos surgía de los propios partes de detenidos. Eran datos que la propia institución policial brinda. Lo único que hicimos es motorizar una instancia que está en nuestras manos y que es nuestro deber hacerlo.

-¿El fallo obliga al estado?

-Si, establece que cese esta situación, ni siquiera el argumento de falta de presupuesto la puede justificar.

Es necesario articular esfuerzos. No puede ser que La Pampa no tenga un plan de política criminal con 300 mil habitantes y teniendo una tasa de encarcelamiento de las más bajas del país. Es posible hacer algo racional que obedezca a ciertas pautas verificables y no a determinados clamores estacionales. Si no eso lo que hace es provocar este tipo de estampidas en los estándares de prisionalización, como tenemos ahora.

-¿Tiene expectativa real de que tomen decisiones tomando en cuenta que está finalizando la gestión provincial?

-Es que no sabíamos que iba ser resulto ahora. Se planteó en febrero. El STJ ordena dos medidas que son un punto de inflexión. Hemos producido siempre ámbitos de debate que no terminan concitando la atención de los otros operadores judiciales y de las agencias del estado.

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