El Superior Tribunal de Justicia suspendió e investiga a la jueza de Paz de Pirané por graves irregularidades

El Superior Tribunal de Justicia suspendió e investiga a la jueza de Paz de Pirané por graves irregularidades

El Superior Tribunal de Justicia resolvió esta mañana instruir sumario adminstrativo contra la jueza de Paz de Pirané, Laura Elvira González y el agente de la misma dependencia Aldo Javier Samudio para investigar los hechos que ambos se denunciaron recíprocamente por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. 

La medida fue tomada a través de la resolución Nº 13/15, donde los ministros del STJ también decidieron correr vista al fiscal de turno para que abra una investigación penal.

Mediante la misma resolución, el STJ dispuso suspender preventivamente en sus funciones por el término de 30 días y sin suspensión de la percepción de haberes, a la doctora González y al agente Samudio, en orden a las atribuciones que confiere el artículo 27 inciso 12 de la Ley Orgánica Judicial y el artículo 14 inciso 3º del Reglamento Interno de Administración de Justicia.

Fue designado para instruir este sumario administrativo el doctor Eduardo Fabián Perelli, secretario relator del STJ, con facultades para realizar todas las medidas necesarias a los fines de a investigación encomendada.

El quinto punto de la resolución dispone que en Secretaría de Gobierno se reserve en custodia la CPU correspondiente a la computadora del Juzgado de Paz de Pirané.

La medida administratva lleva las firmas de los cinco integrantes del STJ: Marcos Bruno Quinteros (presidente) Ricardo Alberto Cabrera, Guillermo Horacio Alucín, Ariel Gustavo Coll y Eduardo Manuel Hang.

LOS HECHOS

La jueza está denunciada por haber recibido dinero para levantar penas impuestas por faltas que regula el área a su cargo, cuando la normativa estipula que el pago debe hacerse, exclusivamente, mediante un depósito bancario. 

Cansado de ser testigo de irregularidades y temeroso de una acusación de complicidad, el juez de Paz subrogante de Pirané, Aldo Javier Samudio, envió al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín, una nota acompañada de varias actas y escrituras notariales, exponiendo la presencia de "una serie de irregularidades en la tramitación de expedientes".

El abogado se limitó a exponer una serie de actas labradas a solicitud de vecinos de Pirané, tras entender que la jueza de Paz Laura González, no actuó de acuerdo con lo que dispone el Código de Faltas que rige la actividad del fuero y que se quedo con la plata de las multas cobradas irregularmente.

3.500 POR DEVOLVER UN CAMIÓN

En uno de los casos, un hombre se presentó ante el juzgado pidiendo la restitución de su camión detenido por infracción a la ley nacional de tránsito. Fue informado que debía hacer frente a una multa de 2.000 pesos, los que debía depositar en una cuenta específica en el Banco Formosa. Una vez reunida la documentación exigida para ser tenido como propietario del móvil regresa al juzgado donde es recibido por la jueza González, quien le dice que se trata de una multa de 3.500 pesos y que puede abonarla allí mismo, aunque no podrá extenderle un recibo porque se quedó sin ninguno de ellos. De acuerdo con el acta, el hombre pagó el dinero y recuperó su camión.

El artículo 17 del Código de Faltas establece que "la pena de multa deberá ser cumplida mediante el pago en efectivo de la misma bajo recibo, ante el juez que la impuso, dentro de las 48 horas de haber quedado firme la sentencia". La Acordada 2069, en su punto 2, del 24 de septiembre de 1997 estableció el depósito bancario de multas contravencionales para lo cual se habilitó la cuenta judicial 600285/7.

Los juzgados de Paz se limitan a extender los recibos pertinentes y ayudan al afectado a rellenarlos, pero el pago se hace en el banco.

RECIBIO UNA MOTO COMO PARTE DE PAGO DE UNA MULTA

En otro de los casos, un patovica fue al juzgado a intentar recuperar un arma, pero se encontró con que debía pagar una multa de 2.500 pesos. Como no tenía el dinero, le dejó ver a la jueza que pretendía vender una moto en 6.000 pesos, de donde podría obtener la cantidad necesaria. De acuerdo con el acta que el vigilante suscribió al denunciar lo ocurrido, la Dra. González le propuso comprar la moto. Para ello sugirió que la multa constituya una parte del pago y que el resto le entregaría en las próximas horas.

TRAFICO DE INFLUENCIAS. PERDÓN JUDICIAL POR 750 PESOS

En otro caso, un protocolo notarial da cuenta da cuenta de un mensaje de texto enviado desde su celular, donde la funcionaria le dice a Samudio lo siguiente: "Aldo te voy a pasar los datos de un contraventor que quiero que avises al comisario para que no lo detenga porque es el hermano de la jefa del Senasa".

El mismo documento refiere otro mensaje entre ambas personas, y siempre recibido por el juez subrogante: "Una multa nomás que creo es de 725 pesos por no tener casco y documentaciones. Dale a Merce que le haga un perdón judicial y chau". 

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