El Superior Tribunal de Justicia ratificó el sistema de prestaciones de emergencia ante el paro de los Judiciales

En respuesta al planteo formulado por el Consejo Profesional de la Abogacía, generado por las restricciones a su labor profesional en atención a las medidas de fuerza decretadas por la Asociación Judicial Formosa, el STJ resolvió en su reunión de acuerdos del pasado miércoles, ratificar los mecanismos adoptados ante situaciones similares, cuyos testimonios deberán remitirse a los titulares de los distintos Juzgados y Tribunales colegiados de la Provincia, régimen cuya vigencia se ratifica y de cumplimiento obligatorio mientras se mantengan las medidas de fuerza adoptadas por la Asociación Judicial Formosa.
Situación imperante

Señaló el Tribunal que no se desconoce la situación imperante a partir de los paros decretados por la Asociación Judicial Formosa, motivados en el reclamo de una mejora salarial, para cuyo fin se solicitó la pertinente ampliación presupuestaria, dentro del marco de la legislación vigente, cuya imposibilidad ya fuera comunicada desde la Administración central y puesta en conocimiento de la Asociación Judicial Formosa de manera fehaciente.

Que ante la adopción de medidas tendientes a la prestación del servicio de justicia, en periodos de huelga del personal judicial, se tiende a mantener un equilibrio entre los intereses de los sectores involucrados, tal ya se señaló – invocando precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación – que el derecho de huelga está reconocido como una herramienta propia del trabajador en el seno de un conflicto laboral, lo cual no implica desconocer que la "función judicial" tiene como razón de ser la solución pacífica de las controversias y la sanción de delitos, como único impedimento del recurso directo de la fuerza, por lo que su cesación constituye un evento de singular gravedad institucional (CSJN, Acordadas 1, 6 y 9 de 1985 y 29 de 1990).

Que el derecho de huelga no puede afectar la continuidad de los servicios públicos ni el orden social ni la paz pública, valores cuya tutela se halla a cargo del Estado por mandato constitucional, que supone el reconocimiento de las facultades que sean necesarias para asegurarlos, pues sería contrario al entendimiento asignarle al derecho constitucional de huelga un rango superior a la serie de deberes y facultades del Estado, también de raíz constitucional, que se vinculan con la adecuada consecución de sus fines (CSJN, Acordada 22/99).

Comentá la nota