EL SUPERIOR TRIBUNAL NO INTERVENDRA EN LA DISCUSION DEL PROYECTO DE BALLESTENA SOBRE JUECES PROVISORIOS

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia, afirmó en declaraciones a APF que no emitirá opinión sobre el proyecto del senador Aldo Ballestena de establecer un mecanismo para la designación de jueces provisorios, ya que esto lo excluiría por prejuzgamiento si la norma llega al análisis del Alto Cuerpo •
Consideró que si se cumpliera el plazo fijado por la Constitución para la designación de magistrados, el STJ no tendría que realizar nombramientos provisorios • Estimó que imponer una reglamentación sobre esta facultad del máximo tribunal crearía "mayor morosidad" en el servicio de justicia • La posibilidad de crear un listado de jueces suplentes, como propone la alternativa aprobada en el Senado, había sido analizada y descartada en la Convención Constituyente.

El presidente del Superior afirmó este mediodía en declaraciones a APF que no conoce el proyecto de Ballestena (PJ – La Paz). "Y si lo conociera no opinaría, porque una norma de esta naturaleza va a requerir un análisis constitucional de validez ni bien se sancione, conforme la misma Constitución lo exige. No opino sobre el tema para no excluirme del análisis judicial después", apuntó.

Es que si sentara posición pública al respecto, podría ser recusado al momento en que el Superior Tribunal de Justicia a través de la Cámara de Asuntos Constitucionales, que Carubia integra, tuviera que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la normativa, alegándose prejuzgamiento. En la misma situación está el resto de los integrantes del máximo tribunal provincial.

El magistrado argumentó que es "una facultad muy interesante" la posibilidad de que el Superior designe jueces provisorios. La atribución fue establecida por la Constitución de 1933 y en el nuevo texto constitucional quedó fijada en el artículo 202 que reza: "Toda vacante en la magistratura deberá ser provista dentro del termino de treinta días de producida. En caso contrario, el Superior Tribunal proveerá a la designación en carácter provisorio".

La designación de jueces y funcionarios judiciales está a cargo del Consejo de la Magistratura (CdM), que por ahora funciona con el esquema creado por el decreto 39/2003, pero que tiene desde la reforma rango constitucional.

La atribución dada al Alto Cuerpo permite que "si no se cubren las vacantes en el Poder Judicial dentro de los 30 días de producidas, el STJ puede hacer designaciones provisorias hasta que los poderes políticos cumplan con su función de nombramiento definitivo", enfatizó Carubia.

"Las designaciones se demoraban más del mes, la cláusula ha funcionado perfectamente bien durante más de 70 años. Ha dado la posibilidad de mantener el servicio de justicia funcionando casi con normalidad, con las dificultades que plantea tener jueces suplentes", estableció.

A párrafo seguido, distinguió que otras provincias no tienen esta cláusula y que incluso a la Nación le surgen problemas de igual índole "aunque ahora el Consejo de la Magistratura está designando jueces provisorios", mencionó. De no existir el mecanismo contemplado en el artículo 202 implicaría que si produce la vacante y se demora la cobertura definitiva "debería quedar desocupado (el cargo) hasta que venga el titular designado", describió el magistrado.

Por eso, si se designaran los reemplazantes para los cargos disponibles en la Justicia dentro del plazo constitucional de 30 días y siguiendo el procedimiento establecido dentro del Consejo de la Magistratura, el Superior Tribunal no tendría que apelar a este recurso. Si se cumpliera con esto "el Tribunal no usaría esta cláusula. Si la ha utilizado es porque los nombramientos no se dieron en el plazo legal previsto en la Constitución", subrayó Carubia.

Por eso, el presidente del cuerpo tiró la pelota hacia el Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura. "Si quienes tienen la potestad de designar los jueces y funcionarios lo hicieran dentro del plazo que la Constitución exige, el Tribunal no podría usar esta cláusula", expresó.

El titular del cuerpo reconoció que crear un mecanismo que regule la facultad de las designaciones transitorias que realiza el Alto Cuerpo "seguramente" haría más lenta la cobertura de vacantes en la Justicia. "Habría que ver el mecanismo a implementar, no se me ocurre ninguno que pudiera agilizar. Se tendría que analizar, pero seguramente crearía mayor morosidad" en el servicio de justicia, destacó.

• Sin peso

Carubia estimó que no ha habido en la media sanción de esta iniciativa influencia producida por la salida del juez Roberto Parajón, decisión tomada por el STJ luego de que el ex – magistrado removiera de su cargo a la secretaria del Juzgado, pareja del vocal del Alto Cuerpo, Gustavo Carlomagno, ya que la iniciativa de Ballestena es anterior a este hecho.

"Puede ser – reconoció sin embargo – que el caso Parajón haya sido un disparador para acelerar el proceso de análisis legislativo, pero habría que preguntarle a los legisladores".

El presidente del Superior confesó que en muchas situaciones hay "algún tipo de incomunicación" para resolver la situación provisoria en la Justicia entre los tres poderes que, si bien están divididos en su función republicana, conforman un único Estado.

"Es difícil muchas veces mantenerla (a la vinculación). Nosotros hemos propuesto muchas veces la formación de comisiones interpoderes para el estudio de muchas problemáticas y ha sido muy difícil conformarlas", mencionó.

"Tenemos una fluida relación con el Ejecutivo. Mantenemos un diálogo fluido y fácil. Con el Legislativo no es tan sencillo", agregó.

Por último, Carubia comentó que, por el momento, el STJ no tiene ningún proyecto en estudio referido sobre el particular en orden a la utilización de otra facultad que le otorga la nueva Constitución: la de proponer iniciativas judiciales vinculadas con el funcionamento del servicio de justicia. "Creemos que está en la Constitución perfectamente reglado y que no es necesaria ninguna regulación, pero no significa que no trabajemos la idea", concluyó.

• Antecedentes

La Comisión de Tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de la Convención Constituyente analizó durante la reforma realizada el año pasado la posibilidad de transferir esta facultad al Consejo de la Magistratura o, al menos, que el organismo de designación de jueces y funcionarios hiciera una lista a la que debería atenerse el Superior.

El convencional justicialista Julio Federik fue uno de los más entusiastas defensores de la idea de que el STJ no tuviera más esta atribución y de que se eliminara la transitoriedad en la Justicia provincial. Había presentado dos proyectos: uno con el pase a la Magistratura de los nombramientos provisorios y otro imponiendo un tope de 90 días al reemplazo.

En sintonía, un proyecto presentado por el radicalismo preveía como facultad del CdM: "Confeccionar y remitir cada dos años al Senado, para que preste le Acuerdo una lista de jueces de refuerzo e interinos respetando el mecanismo establecido por esta Constitución".

La convencional de Viva Entre Ríos, Flavia Pasqualini llevó la iniciativa de que el Consejo realice "la selección de los postulantes a integrar ternas vinculantes, para que el Superior Tribunal de la Justicia de la Provincia provea la designación de suplentes, interinos y/o subrogantes que resulten necesarios".

El representante de Recrear – Pro, Martín Acevedo Miño, llevó también un proyecto que dejaba en manos del STJ la designación provisoria, pero limitaba a un año el plazo de las suplencias e imponía nulidades a las resoluciones que los reemplazantes luego de ese término.

El debate sobre la cuestión fue acalorado, pero finalmente la comisión de Poderes, presidida por un ex – integrante del Superior, Miguel Carlín, no introdujo variantes a la facultad del máximo tribunal sobre los puestos vacantes. (APF.Digital)

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