El Superior consideró la cuestión electoral.

La Corte provincial confirmará la competencia de la jueza electoral, doctora Herrero, rechazando un planteo realizado por el Gobierno de la Provincia. La decisión cuenta con el respaldo de todos los ministros del Superior Tribunal. La cuestión de fondo, esperada por todos los partidos políticos, se resolverá la semana venidera.
El más alto tribunal de la Provincia fue convocado ayer en reunión extraordinaria por el presidente, doctor Eduardo Farizano, quien invocó la necesidad de viajar en las próximas horas a la ciudad de Santa Fe para una reunión de jueces en la que representará a la Justicia correntina.

Por aquello de que los tiempos procesales muchas veces no se compadecen con los políticos, y menos con los mediáticos, quedó de manifiesto la necesidad de desdoblar el pronunciamiento respecto a las cuestiones planteadas para su resolución conforme al orden de las mismas avocándose a la dilucidación de las objeciones formuladas por el Poder Ejecutivo de la Provincia a través del Fiscal de Estado en torno a la competencia de la jueza electoral cuyo apartamiento expresamente se solicitó.

El criterio del Tribunal, aunque quizás con argumentos distintos por parte de los jueces que lo conforman, apunta a convalidar la continuidad de la jueza sustituta designada mediante los procedimientos constitucionales a raíz del alejamiento de la doctora Herminia Puig, promovida al cargo de magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Civil.

Un tema de importancia en el fallo que se conocería antes del mediodía de hoy lo será el hecho de que, aun cuando el criterio de la totalidad de los jueces del alto tribunal es conteste en reconocer la improcedencia del planteo realizado por el Gobierno, no es un asunto menor que en esta oportunidad haya votado la totalidad del Tribunal incluso cuando el hecho de que ello no sería necesario en función a que los primeros tres ministros que lo hicieron habrían concordado en el sentido de su voto.

EL ORDEN

Antes del fallo se dispuso el orden en que sentarían sus posiciones los ministros del Cuerpo, siendo el mismo de la siguiente forma: primero Carlos Rubín, luego Guillermo Semhan, en tercer término Fernando Niz, luego Juan Carlos Codello y finalmente el presidente Farizano.

Un suceso auspicioso en este sentido fue que luego de una incisiva prédica seguida desde estas páginas respecto a la necesidad de dar plena transparencia al mecanismo de formación de la voluntad de lo que es un cuerpo colegiado, en esta oportunidad el Presidente haya quedado en último término, para dirimir en caso de empate, y que hayan expresado su opinión la totalidad de los miembros del Alto Tribunal, lo cual por la naturaleza del fallo en cuestión apunta a dar una clara señal de la expresión unívoca que respecto a la interpretación del caso existe en la Corte provincial.

Importa señalar que en el mismo sentido se expidió el fiscal general de la Provincia, César Sotelo, más allá de que su dictamen conforme a las normas de procedimiento no reviste el carácter de vinculante, no obstante lo cual el sentido del fallo acoge la opinión desestimatoria de la recusación formulada por Sotelo.

La postergación del fallo del Tribunal respecto a la cuestión de fondo agrega una cuota de incertidumbre respecto a las febriles negociaciones que se llevan a cabo en los últimos días, por lo cual los tiempos de las decisiones políticas deberán terminar siendo adecuados a los que surgen de las decisiones judiciales que recién se conocerían entre el 21 y el 24 de este mes, cuatro días antes de que venza el término para la formalización de las alianzas nacionales.

Otro de los aspectos que preocupa y mucho a los jueces de la Corte provincial es el virtual colapso que se producirá el 31 de mayo venidero cuando por imperio de las normas constitucionales vigentes el Superior Tribunal pierda competencia. En este punto la posición de los ministros pareciera irreductible en el sentido de que la demora en la provisión de los recursos para habilitar el funcionamiento de la Junta Electoral Permanente no hará que la Corte provincial prosiga ejerciendo la tarea que actualmente cumple, sin perjuicio claro está de reservarse la última palabra que por mandato de la Constitución conserva como intérprete final de la Carta Magna provincial.

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