En el Superior las aguas bajan turbias

Ayer tomó cuerpo la versión de que la controvertida acordada emitida por la Corte provincial habría sido adulterada.
La aparente adulteración podría dar lugar a un sumario, una investigación penal o ser fundamento del enjuiciamiento de los ministros que puedan estar implicados. En el Poder Legislativo causó estupor el desenfado de un sector de los tres jueces del Superior que suscribieron tan curiosa acordada que supone una intromisión lisa y llana en el funcionamiento y en los tiempos de la Cámara de Diputados, mientras paralelamente tiene a los senadores sometidos a los tiempos de la propia Corte que habría decidido cajonear "sine die" el trámite de la inconstitucionalidad del artículo 182, en una posición que contrasta con la pretendida celeridad que le pide a los legisladores. Todas las miradas del Senado apuntan al panuísta Horacio Colombo, cuya firma, junto a la de "Susi" González y Vicente Picó habilitaría el tratamiento en el recinto de los pliegos del Defensor y del Asesor de Menores. El senador goyano hace causa común con el ricardismo en el bloqueo legislativo.

Desconcierto, estupor y perplejidad ha causado en el ámbito del Parlamento correntino el contenido de la acordada dada a conocer sin rubor por sólo tres de los cinco ministros del Superior, lo cual no sólo dejó la idea clara de la división de aguas que existe puertas adentro del Tribunal, sino que en las últimas horas se sumó la versión no desmentida de que la voluntad de uno de los ministros que votó en disidencia, habría sido literalmente adulterada, con la eliminación de los párrafos más fuertes.

En Diputados es un secreto a voces que en unas sesiones más, quizás en una de las últimas, ingrese el pedido de enjuiciamiento al Presidente del Alto Cuerpo, a quien se responsabiliza por el rumbo errático que ha tomado el Tribunal, acentuado por el reclamo cada vez más explícito de jueces y camaristas que advierten un inédito aislamiento y divorcio del resto de la familia judicial.

Los jueces de Instrucción hicieron punta al dar a conocer un duro documento reflejado en EL LIBERTADOR que dio lugar a que días después dos de los ministros los reciban en audiencia para escuchar los cada vez más recurrentes reclamos que existe hacia abajo en la estructura tribunalicia.

En este contexto se ha recibido con beneplácito la política de apertura que ha impuesto el ministro más crítico de la actual orientación del Tribunal, quien ha tomado la decisión de abrir el diálogo con visitas espontáneas a algunos juzgados, con el fin de escuchar el cuadro de situación, en una posición que apunta a recomponer el diálogo y abrir un marco de participación que pueda ser volcado en un Cuerpo que pareciera haberse encerrado sobre sí mismo dominado por las contradicciones.

Fernando Niz, en verdad, hasta ahora ha dedicado mucho tiempo a consolidar lazos con los demás tribunales de Provincia a través de la Junta Federal de Cortes, lo que le ha impedido desarrollar una política de acercamiento a los estamentos locales. Dado que en principio, en el año próximo dejará de cumplir esa tarea, de por sí desgastante. El propósito del ex Presidente de la Corte Provincial sería el de abrir un marco de diálogo con las cámaras y los jueces de las distintas circunscripciones con el fin de acortar distancias con los mismos e imbuirse sin protocolo, café de por medio, de la problemática que aqueja a los magistrados que no encuentran en la actual Presidencia siquiera la posibilidad de ser recibidos en audiencia.

Intertanto, en esferas del Poder Ejecutivo se trabaja sobre distintas alternativas para destrabar esta preocupante realidad que muestra un Poder Judicial fuertemente cuestionado por la sociedad, siendo decisión irrevocable no sólo poner en blanco sobre negro la situación del juez Codello, sino analizar la posibilidad de aumentar el número de miembros de la Corte Provincial a 7 o 9, una alternativa de la que ayer habló por los medios el ex Presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Lozano.

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