Superavit nacional versus crisis provinciales

El 18 de diciembre pasado el Ministro de Economía Amado Boudou hizo balance del superavit primario acumulado por el sector público nacional entre enero y noviembre del 2009. Informó que el monto acumulado fue de $ 12.200,6 millones. Lo que no dijo es que por los pagos de deuda externa tienen un enorme déficit financiero.
El crecimiento interanual de los recursos se debió a los mayores ingresos en Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Combustibles y Derechos de Exportación.

En las Contribuciones a la Seguridad Social el crecimiento interanual del periodo enero-noviembre fue del 51,3 %.; en Ganancias del 3,85 %; en el IVA que recauda la Dirección General Impositiva (DGI) y que mide el consumo popular del 22,1 %; en Combustibles (naftas) 28,4 %. Todos estos aumentos compensaron la caída de la recaudación en Derechos de Exportación que fue del 14,6 %.

En el mismo mes el diputado oficialista Agustín Rossi, en una nota periodística referida a la necesidad de replantear el régimen de coparticipación federal de impuestos, consideró que "cualquier modificación debe contemplar el mantenimiento del superavit fiscal del Estado Nacional" (La Nación del 27/12/09). Traducido significa que el gobierno kirchnerista no tiene la más mínima intención de modificar el actual esquema de distribución de los impuestos entre Nación y Provincias. Durante el gobierno de los Kirchner la Nación se quedó con el 76 % de los impuestos recaudados y giró a las Provincias el restante 24 %. En el periodo enero-noviembre pasado el Tesoro Nacional embolsó $ 199 mil millones y las Provincias recibieron $ 68 mil millones. A diferencia de otros momentos en los últimos 75 años las Provincias tienen a su cargo el gasto en educación, salud, vivienda y demás necesidades populares. Nunca como ahora tanta vigencia de los unitarios.

La contracara de lo que se muestra de las finanzas nacionales sucede en las Provincias. Al cierre del ejercicio 2009 el déficit financiero acumulado por 22 de ellas llegará por lo menos a $ 12 mil millones.

El análisis de lo que ocurre con los principales impuestos y contribuciones indican de por sí la estructura regresiva, antifederal, promonopólica y proimperialista del sistema impositivo vigente.

Con las Contribuciones a la Seguridad Social (Jubilaciones y Pensiones) el gobierno nacional se apropia del 15 % de la masa de todos los impuestos coparticipables antes de que se proceda a la distribución primaria, es decir la que fija el monto a repartir entre Nación y Provincias. Lo viene haciendo desde que Carlos Menem impusiera el Pacto Fiscal Uno, en agosto de 1992. A este despojo a las Provincias el gobierno suma, desde que en buena hora se terminó con las jubilaciones de las AFJP, el aporte de los trabajadores activos. El crecimiento del 51,3 % de recursos del la ANSES han servido no para mejorar las jubilaciones y pensiones de nuestros mayores sino para otros fines, como por ejemplo prestarle a un monopolio imperialista como General Motors 60 millones de dólares o para seguir borocotizando políticos.

El crecimiento del IVA tiene que ver con el castigo al consumo popular por la inflación creciente y no porque haya aumentado el consumo de bienes en el porcentaje señalado. Por el contrario en el 2009 las ventas minoristas cayeron un 8,6 %. Algo similar podemos decir en el caso de los combustibles.

En tanto el impuesto a las Ganancias crece muy por debajo de los impuestos que paga el pueblo.

La perspectiva para el año que se inicia es que el gobierno seguirá acumulando superavit primario ayudado por la extraordinaria cosecha de soja, que según algunas estimaciones será por lo menos de 51 millones de toneladas. Los Derechos de Exportación crecerán, además, como consecuencia de que el precio internacional está en alza.

Ante ello el programa más urgente para impulsar la lucha popular de cara a la crisis de las finanzas provinciales pasa por:

1. Derogación inmediata del Pacto Fiscal Uno. Si no se logra en el ámbito parlamentario nacional como ya han planteado algunos legisladores, son las legislaturas provinciales las responsables de derogar las leyes a través de las cuales adhirieron al mismo.

2. Coparticipación total de los derechos de exportación del complejo sojero.

3. Coparticipación del 100 por ciento del impuesto al cheque.

4. Recuperación inmediata de los $ 9 mil millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la Nación se apropio indebidamente durante el año 2009 y distribución entre las Provincias.

5. Condonación por la Nación del total de las deudas que tienen las Provincias por el BOGAR 2018, que pagan desde el año 2004 y así terminar de una vez con el Programa de Asistencia Financiara que es usado por el poder central para subordinar a las Provincias.

6. Impuesto a las ganancias extraordinario para los monopolios exportadores de granos, grandes terratenientes y el capital imperialista.

7. No al llamado Fondo Bicentenario que pretende usar reservas monetarias para pagar deuda externa ilegítima y fraudulenta. Si a un fondo Bicentenario de auxilio a las Provincias.

8. A nivel provincial impuesto inmobiliario de emergencia a los grandes terratenientes y de ingresos brutos a los monopolios como los bancos, las petroleras y la gran minería.

Con este tipo de medidas será posible afrontar las necesidades de educación, salud, viviendas, seguridad, servicios comunales y otras, y atender el reclamo salarial de los trabajadores estatales que han perdido poder adquisitivo por la inflación. Al mismo tiempo que dotar de recursos a las Provincias para la inversión productiva que permita crear trabajo genuino.

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