El superagente porteño tenía compañía

El dato de las contrataciones surgió del testimonio del jefe de la Metropolitana ante el juez Norberto Oyarbide. Hay sospechas de que el espionaje ilegal era extendido. Hoy declara el ministro de Educación, Mariano Narodowski.
El juez federal Norberto Oyarbide investiga a un centenar de policías que habrían sido contratados por el gobierno porteño antes de su ingreso a la Policía Metropolitana con la misma modalidad con que el Ministerio de Educación de la ciudad tuvo entre sus asesores a Ciro Gerardo James, detenido por su vinculación con las escuchas ilegales al dirigente de familiares de AMIA Sergio Burstein y al empresario Carlos Avila. El dato sobre las contrataciones dudosas surgió de la declaración testimonial del actual jefe de la policía porteña, Osvaldo Chamorro, que se presentó ayer en Tribunales. Los investigadores presumen que, en el caso de James, su cargo de "asesor" podría habría escondido servicios de espionaje. Chamorro confirmó que quien gestionó personalmente el ingreso del espía al nuevo cuerpo policial fue el ex titular de la fuerza, Jorge "Fino" Palacios, sospechado de estar detrás de las pinchaduras cuando se avecinaba su procesamiento por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA. El juzgado, además, ordenó la detención de un comisario general de Misiones por colaborar con las intervenciones telefónicas.

James –como reveló Página/12– venía de una carrera de seis años en la Policía Federal, donde trabajó con Palacios en la Superintendencia de Investigaciones. Desde 2008 estaba contratado por el Ministerio de Educación porteño con tareas a cargo que ningún funcionario describió con precisión ante las preguntas del juzgado. Dijeron que, como es abogado, trabajaba como asesor legal, pero –llamativamente– no hacía informes escritos sobre los temas que le consultaban, como cuestiones referidas a licencias laborales y ausentismo, según declaró la jefa de Gabinete de la cartera, Roxana Barroso. Para hoy a las diez de la mañana está citado el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski.

Chamorro había sido convocado por Oyarbide principalmente porque James dijo que Palacios lo había mandado a hablar con él para su nombramiento en la Metropolitana. El jefe policial, informaron allegados a la causa, confirmó y describió dos encuentros. Pero también avanzó sobre otro punto que llamó la atención de todo el juzgado: dijo que más de cien personas que trabajaban en la implementación de la Policía Metropolitana firmaron contratos de locación de servicios con el gobierno porteño antes de su incorporación a la fuerza. En esas condiciones señaló a oficiales superiores, operadores de comando y peritos, entre otros.

Los contratos, dijo Chamorro, los administraba la Universidad de Tres de Febrero y se pagaban con fondos del gobierno de Mauricio Macri. Según de qué fuerza de seguridad provenía y qué rango traía cada quien, la paga –-puntualizó– oscilaba entre 1500 y 6000 mil pesos mensuales.

De acuerdo con su descripción, eran convenios que duraban unos pocos meses, mientras el aspirante a la Metropolitana tramitaba su baja en su fuerza de origen y se cumplían los trámites de ingreso a la nueva policía. Todavía, estimó, habría unos quince contratos vigentes. La contratación de James es de más larga data y sus honorarios, los máximos previstos: el año pasado tuvo un acuerdo por 72 mil pesos y para 2009, por cerca de 60 mil.

Oyarbide enviará hoy un oficio al gobierno de la ciudad para que le entregue todos los contratos de este tipo que se hayan celebrado, analizar quién los firmaba e investigar qué tareas realizaban sus beneficiarios. Aunque una teoría habla de que podría tratarse de un ejército de ñoquis, otra hipótesis basada en la historia de James –que tampoco excluye a la anterior– comenzó a despertar sospechas sobre la presunta existencia de un modus operandi extendido de espionaje ilegal.

En esa línea, el juez le pidió a la SIDE que rastree si Burstein y Avila sufrieron otras intervenciones telefónicas ilegales con anterioridad e investiga las intervenciones a otros cuatro teléfonos ordenadas por el juzgado de Misiones. También dispuso, en aval a un pedido del fiscal Jorge Di Lello, que la central de inteligencia analice si los legisladores porteños Aníbal Ibarra y Eduardo Epszteyn tienen sus teléfonos intervenidos. Ambos dirigentes, que denuncian que estaría operando una red de espionaje manejada por el macrismo, ya estuvieron con Su Señoría días atrás y hoy, anunciaron, volverán a visitarlo.

La causa a cargo de Oyarbide se inició a raíz de que Burstein, que integra la agrupación de Familiares y Amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, recibió en el teléfono de su casa una llamada anónima en la que le decían: "Tenés el teléfono pinchado por orden del Fino Palacios". En pocos días la pesquisa constató que tanto a él como a Avila les habían intervenido los teléfonos por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Posadas en base a una pista falsa. A Burstein lo escucharon entre agosto y septiembre. Avila tuvo la línea intervenida por lo menos desde marzo. Hace años que ninguno de ellos pisa Misiones.

James está señalado como quien proporcionó esos datos falsos para lograr la pinchadura y reconoció que retiraba los cassettes con las escuchas de oficinas de la SIDE. Además de él están detenidos el jefe de Homicidios de Misiones, Raúl Rojas, y el oficial de Inteligencia Diego Guarda. Ambos se reconocen como viejos amigos de James, aunque ahora lo responsabilizan por las escuchas. Oyarbide ordenó ayer la detención de otro policía misionero, el comisario general Rubén Alberto Quintana, quien firmó órdenes de intervención de los teléfonos de Avila. Los jueces provinciales Horacio Gallardo y José Luis Rey, que estarían vinculados con Ramón Puerta, están bajo la lupa judicial porteña.

El juezle pidió explicaciones a la Policía Federal sobre decenas de viajes que hizo a Misiones en los últimos años. También analiza una veintena de entradas y salidas suyas por la Triple Frontera.

Desde ayer, el fiscal de AMIA, Alberto Nisman, interviene en el expediente, ya que podría tratarse de una maniobra con cierta conexidad con la pesquisa del atentado. Burstein se presentó también en el juzgado, donde dejó constancia de que el ministro porteño Narodowski se había comunicado con él para solidarizarse y decirle que sabía que James trabajaba en su ministerio pero no tenía muy en claro qué hacía.

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