Un conjunto de padres autoconvocados, que colabora estrechamente con la gobernadora Alicia Kirchner para lograr que haya clases en Santa Cruz, busca a través de acciones para-gubernamentales, generar una movida que levante el consenso necesario y suficientes y le facilite al Ejecutivo, imponer la Ley de Emergencia Educativa, una herramienta que tiene fundamentos absolutamente restrictivos de los derechos laborales y constitucionales, la cual pretende ser aplicada con “manu military”, sin ningún tipo de excepción y al solo efecto de que la ADOSAC no tenga la mínima posibilidad de hacer paro y dejar las aulas vacías de aquí a los tres años que aún le queda a la gestión Kirchner.

El día 19 de este mes publicamos una nota donde observábamos la proposición de los diputados del FPV de elaborar un “Acuerdo Social Educativo”, con la llamativa conclusión de que se “convocaba a todos los estamentos”, menos al sector docente; lo cual además de ser paradójico, resulta sencillamente inviable, porque sería como tratar de legislar una emergencia de seguridad y no convocar a las Fuerzas de Seguridad para que aporten su especial y profesional punto de vista.

Este “Acuerdo Social Educativo”, nació ante la necesidad de “buscarle una vuelta” al tema educativo,para asegurar que en Santa Cruz haya clases todo el año y el sector docente no tenga espacio de maniobra para concretar paros que hagan perder parte de los 180 días de clases establecidos para el ciclo lectivo. El origen o motivo de la medida es lógico (que los chicos no pierdan días de clases), pero la forma en que se intenta plantear es arbitrario y constitucionalmente inviable, porque se trata pura y exclusivamente de coartar el derecho laboral y anular al gremio de cualquier posibilidad de reclamo, aún cuando pretendan hacer un paro exigiendo que no les pagan los sueldos o el aguinaldo.

Herido de muerte el proyecto de “Emergencia Educativa y Edilicia”, el gobierno consideró necesario, salir a la opinión pública con la cobertura de un grupo de padres, que lleven la voz de un reclamo social, ante una oposición que no le cree al kirchnerismo y una ciudadanía que está cansada de chicanas y mentiras desde el oficialismo.

Ayer apareció una perlita más en el universo de los desesperados por lograr el objetivo de Alicia, que no está en la provincia de las maravillas, precisamente. Un grupo de padres “autoconvocados”, elaboraron una idea aún más afiebrada que la anterior: llamar a un plebiscito para que sean los ciudadanos quienes digan si quieren o no la Emergencia Educativa y Edilicia. Como todos sabemos un plebiscito es un acto eleccionario, donde toda la ciudadanía concurre, se necesita una infraestructura como para una elección de medio tiempo, imprimir boletas, difundir, actualizar padrones, etc; es decir, se necesita mucha plata para algo tan inútil como un acto que, en definitiva, no es vinculante; aunque la mayoría dijera “Si”, los diputados tienen la última palabra.

Si los padres autoconvocados están con el ánimo de plebiscitar, podrían poner en opinión de la gente, si aceptan la Ley de Lemas en Santa Cruz, si la gobernadora Kirchner es legítima en su puesto o si aprueban o no el endeudamiento por 10 mil millones, que pretende el Ejecutivo. Obviamente, que eso, queda fuera de cualquier tipo de consulta y ya sabemos por qué.

¿Qué es una Emergencia?

En Santa Cruz, primordialmente, se han desvirtuado muchas cosas, pero básicamente ciertos y determinados términos excepcionales como “Intervención” y “Emergencia”. Ambos son acciones de excepción que se aplican por tiempos cortos, restringen derechos, dan la suma del poder a las autoridades y con ese poder concedido por el Parlamento en el caso de las emergencias, pueden corregir y encauzar ciertas y determinadas cuestiones que se han distorsionados en una sociedad democrática.

En el caso de la emergencia en general, es un régimen de excepción que se aplica también, en situaciones excepcionales y el Estado las impone cuando hay perturbación de la paz, para afianzar el orden interno de un Estado (municipal, provincial o nacional), en situaciones particularmente graves, que impiden el normal desenvolvimiento de la vida en democracia y durante todo el tiempo que dura la Emergencia, el gobierno se reserva la suma de poder, puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos ciudadanos, políticos y gremiales y hasta, en el caso de catástrofes o convulsión interior, esenciales derechos individuales como el de reunión o tránsito. Es decir, como se ve, la figura de “Emergencia” es de aplicación extraordinaria y especial. Aquí en Santa Cruz, es normal y casi una regla.

Néstor Kirchner intervino de Caja de Previsión Social, la Caja de Servicios Sociales y cuanto ente pudo tener bajo su absoluto dominio (con sus respectivos fondos y presupuestos). Paralelamente decretó “emergencias” hacia los cuatro puntos cardinales, entre ellas la más importante la “Emergencia Económica”, que le permitió hacer y deshacer a su antojo con el presupuesto, los salarios de los empleados públicos y las partidas presupuestarias de la provincia, los municipios y los entes autárquicos.

Santa Cruz es una de las provincias que ha vivido en “emergencia” desde que volvió la democracia, prácticamente. El kirchnerismo exacerbó esa condición y cometió el abuso de extenderlas en el tiempo y llevarla a otros ámbito, sin que ello significara un avance en la reformulación y/o solución del problema. Siempre le ha servido para concentrar poder y manipular situaciones y fondos.

El colmo del absurdo

Descrita como fue la emergencia, debemos inferir que es una medida adoptada en situaciones extremas, puesta bajo la lupa legislativa y aprobada con mayoría, pero en general con el consentimiento de la oposición o la mayoría de ésta y no quiere decir, precisamente, que una medida de este tipo tenga (en todos los casos) el consentimiento público y/o popular. Por el contrario, excepto la emergencia ambiental, las demás son vistas con desconfianza y más aún si como la que proponen a la Educación, son aplicadas por tiempo indeterminado ( a 3 años con posibilidad de “extenderla”), con el único objetivo de asegurarse que no haya paros docentes de aquí al final del gobierno K.

Uno de los factores primordiales de una “Emergencia” es que debe tener inicio y fecha de culminación, al menos en tiempo estimado que el gobierno considere la resolución del problema. En el caso de la Educativa, no es así. Porque ya están considerando que la “emergencia educativa” va a durar tres años, algo exagerado para vivir una excepción y lógicamente que coincide con el fin de mandato. El fracaso legislativo ha sido tal, que por este motivo han elegido otros caminos y el último que abrieron los padres autoconvocados, goza del mérito de ser un enorme absurdo y un sin sentido con el objetivo más que claro de ser una herramienta funcional a los deseos de Alicia Kirchner.

Proponen poner a la Ley de Emergencia Educativa y Edilicia, bajo los resultados de un plebiscito, entendiendo que el resultado del mismo, será contundente, que la gente apoyará la idea de que se cumplan los días de clases y por lo tanto el “si” será categórico. Volvemos a recordar: el gobierno olvida nada menos que al sector docente.

Pero el tema va más allá; es conceptual. Una emergencia no se puede “plebiscitar” porque es una herramienta compleja que no se agota en el “si” o el “no” de la gente, sino que conlleva una serie de cuestiones que deben ser analizadas al momento de ponerse en debate o en discusión. Una emergencia es de debate legislativo, que se supone son los “representantes del pueblo”, pero no se puede plebiscitar como si se tratara de la instalación (por usar un ejemplo cualquiera) de una planta petroquímica en la zona urbana, la cual podría traer consecuencias para al salud pública y que forzosamente, necesita del consenso público, al menos de la población que va a impactar.

Una Emergencia es producto de una situación que desborda toda posibilidad de acción de un gobierno y por este motivo se aplican “atajos” a veces de gravedad constitucional, para “enderezar” los hechos que producen la anomalía, pero no es este el caso, porque la existencia de paros en el sector docente proviene de una causa ausente en las consideraciones del proyecto y que no se puede justificar bajo ningún punto de vista: el gobierno no paga los aguinaldos, no quiere acordar en paritarias y paga los salarios a destiempo. Es decir, una “Ley de Emergencia” aplicada en el contexto de nuestra provincia, permitiría que el gobierno no le pague los sueldos o los aguinaldos a los trabajadores de la Educación y estos no puedan reclamar. Si lo hacen pueden ser despedidos o sustituidos por otros. Increíble, lo que un “grupo de padres” apoya en estas circunstancias, sin atenerse a los derechos de cualquier trabajador y privilegiando un capricho político de un gobierno provincial que no tiene gestión ni ideas para salir de la crisis.

El punto clave

El pretendido plebiscito que impulsa este grupo de padres autoconvocados, replica total y específicamente todos y cada uno de los puntos que propone la Ley de Emergencia Educativa y Edilicia, pero entra en flagrante contradicción al negar lo que más abajo afirma.

Uno de los puntos clave de la solicitada dice: “Dispone la NO INTERRUPCIÓN de las clases por ningún motivo y la refacción y reparación inmediata de todos los edificios educativos que así lo requieran mediante contrataciones directas que esquiven los trámites burocráticos para una licitación y sus tiempos” (La mayúscula pertenece al texto original).

Una invitación clara al ejercicio del autoritarismo y una puerta a la corrupción del gobiernoque por estos tiempos está sospechado de todo tipo de ilícitos, tanto provinciales como nacionales, durante los 12 años que la hoy gobernadora, se desempeñó frente a la cartera Social. ¿Puede alguien seguir dándole plenos poderes al kirchnerismo en esta época?.

Entre otros puntos absurdos, insisten con la aprobación de un “Representante Escolar Comunitario”, por cada localidad con funciones supra institucionales, por encima del Vocal por los Padres, algo que deja a éste último en una jerarquía menor, desnaturalizando su función específica tratando de “asegurar” la representatividad de las familias (dice el texto), como si se necesitaran representantes de los representantes, una obviedad más que absurda.

Y después la frutilla del postre, cuando expresa textualmente “La Emergencia Educativa NO AFECTA DE NINGUN MODO LA LEY PARITARIA NI LOS DERECHOS LABORALES DE LOS DOCENTES” (la mayúscula pertenece al texto original).

Insólito, porque la contradicción es tan evidente y clara que desvaloriza cualquier intento por darle seriedad a una propuesta inicialmente ridícula, como es el plebiscito de la Emergencia. Al decir esto en letras resaltadas, se anula con el párrafo 6to del escrito, el cual transcribimos más arriba donde indica que la “Emergencia Educativa” no permite la interrupción de las clases “por ningún motivo” (¿?).

Hay una cosa que sí está claro en todo esto (menos el texto) es que la intencionalidad del instrumento que pretende aprobar el gobierno, tiene un claro sesgo reduccionista de los derechos laborales y propende a anular el derecho de huelga.

La ADOSAC anunció que el 24 hay paro decretado por CTERA y el 25 porque no se ha retirado aún el proyecto de Ley de Emergencia Educativa y Edilicia. Consultadas las fuentes sindicales, admiten que hasta tanto el proyecto no sea retirado literalmente de la Legislatura provincial, el gremio no dejará de forzar su anulación mediante reclamos. En los últimos días Matías Mazú salió a “poner paños fríos” y a desactivar la expectativa ante la opinión pública, alegando que “no será tratado” y hasta dijo que se retiraría, pero desde el gremio no le creen, exigen que sea retirado de forma inmediata de la Cámara de Diputados (ahora está en Comisiones), indicando que el gobierno es poco confiable y en cualquier momento, puede convalidar una sesión trucha o valerse de cualquier artimaña y aprobar este proyecto considerado repudiable por los docentes. Hacen presente, en todo momento, lo ocurrido con la Ley de Endeudamiento y en tal sentido, aseguran que jamás abandonarán el reclamo, hasta tanto esté debidamente comprobado que esa ley de Emergencia Educativa, ya no está dentro del ámbito de la Legislatura provincial.