Suman casi 100 edificios sin “final de obra” en la ciudad

Suman casi 100 edificios sin “final de obra” en la ciudad

Muchos están habitados pese a los riesgos

Casi un centenar de edificios de San Miguel de Tucumán no cuentan con el certificado de Finalización de Obra. Un informe de la Dirección de Catastro y Edificación de la Capital relevó 93 construcciones que no poseen el apto y que cuentan con la instalación a los servicios de agua, luz o gas, pese a que viola las ordenanzas vigentes de la ciudad. 

“Es alarmante”, afirmó el secretario de Relaciones Institucionales, José Luis Avignone. El radical advirtió que la situación plantea una disyuntiva: “el municipio debe definir si obramos en consecuencia y desalojamos a todos los inquilinos porque se trata de un peligro potencial, o si busca el modo de regularizar la situación”, sintetizó. 

Avignone había solicitado en agosto de 2016 un listado de las constructoras que infringen el Código de Planeamiento Urbano a Catastro municipal para la conformación de un registro de infractores, como establece la ordenanza 4.242 y un decreto municipal. El director de la repartición, Juan Ledesma, remitió el informe, del que se desprende que 93 edificios de la ciudad no cuentan con el “final de obra”, y sin embargo poseen los servicios instalados y algunos hasta se encuentran habitados. Del total, según el informe oficial, 66 edificaciones están a cargo de las firmas Grandi y Mas. 

“Es un problema de vieja data. Los máximos responsables son aquellos que han permitido que estos edificaciones se habiten. Vamos a intensificar los controles y haremos valer las normativas. Es un peligro tanto para quienes viven en los edificios como para los vecinos. La pregunta del millón es cómo la SAT, Gasnor o EDET le han provisto a algunos edificios de los servicios sin contar con el certificado de final de obra. Esas empresas serán responsables si sucede una tragedia”, deslindó responsabilidades Avignone. 

El padecer de los dueños

Empresarios de la construcción y corredores inmobiliarios se sorprendieron por la cantidad de edificios sin final de obra que son habitados o que cuentan con los servicios instalados ante la consulta de este diario. Apuntaron como principales perjudicados a los usuarios o dueños. 

“Quienes habitan estos edificios sufren una serie de problemas. Sé que hay empresas incumplidoras. Los corredores inmobiliarios nos encontramos con las complicaciones de los afectados, porque las propiedades tienen un valor mucho menor porque no tienen final de obra, por lo que no pueden escriturar y tampoco tienen capacidad para hacer créditos hipotecarios”, explicó Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios. 

“Los clientes que de buena fe han comprado propiedades hoy son rehenes de esta situación, porque quieren vivir en sus departamentos y están con garrafas, sin final de obra y con títulos de propiedad precarios”, describió Virgilio Raiden, desarrollador inmobiliario y fundador del Centro de Estudios Inmobiliarios. 

“El Código de Planeamiento Urbano es la biblia del crecimiento urbano y armonioso de la ciudad. Todos los códigos requieren revisiones para amoldarse a las nuevas condiciones y alternativas que surgen. Esas revisiones deben realizarse desde organismo públicos, en conjunto con grupos académicos y privados”, reflexionó Raiden. Sostuvo que aún es tiempo de definir la ciudad deseada, ya que según un relevamiento propio el 9% de las parcelas dentro de las cuatro avenidas tienen edificios.

El presidente de la Cámara de Empresarios de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit), Guillermo Sobrino, lamentó la cantidad de edificios que no cuentan con el final de obra y se encuentran habitados. “Las ordenanzas son claras y el Código de Planeamiento debe cumplirse. Es complejo porque somos muchos los empresarios que hasta el último ‘papelito’ en orden no dejamos entrar a nadie a vivir, pero hay muchos inescrupulosos. Son muchas las medidas que la Municipalidad incorporó debido a estas empresas, que no nombraré, que son transgresoras seriales, que llevan años haciendo tropelías”, lamentó Sobrino.

“Son tres los jugadores en el tablero. Está el consumidor, que se tiene que abstener de comprar unidades de papeles dudosos. Las constructoras, que debemos tomar real conciencia del urbanismos y de lo que significa poner un edificio en la ciudad, por los problemas que pueden generar. Y el tercero es el municipio, que debe hacer cumplir en cada caso. Sé que se hace un esfuerzo grande por perseguir a quienes no hacen bien las cosas, pero están los que hacen dos pisos de más. El municipio te quita el final de obra, pero el daño está hecho”, finalizó el presidente de la Cámara de constructores.

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