El año 2019 no llegó con gratas noticias para la provincia de Buenos Aires: el traspaso del subsidio del transporte de pasajeros no solo costará $25.000 millones al gobierno de María Eugenia Vidal . Provocará, además, una pelea política con decenas de intendentes que administran líneas municipales de colectivos, para determinar quién pagará la diferencia entre el valor del boleto que subsidia la provincia y el valor real de la tarifa este año.

¿Será el Poder Ejecutivo provincial? ¿Será el Departamento Ejecutivo municipal?... ¿O serán los usuarios de cada pueblo?

La resolución que ordena el traspaso exigirá a la provincia desembolsar unos $23.000 millones para subsidiar las líneas de colectivos interurbanas que circulan en 40 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Y otros $2000 millones para subsidios de líneas locales de 23 municipios del interior. Algunos de ellos prestan servicios en grandes ciudades con un volumen importante de pasajeros, como las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca. El subsidio se pagará por parque móvil, cantidad de empleados y boletos vendidos.

La provincia cubrirá el 100% del subsidio que corresponde a las líneas interurbanas. Pero las comunas locales del interior recibirán un monto fijo, similar al que pagó el gobierno nacional en 2018.

En estas comunas se registrará la mayor tensión, dado que el costo de la tarifa que supere os montos establecidos para el año último no está contemplado en el presupuesto provincial para 2019.

El costo de $25.000 millones que asumirá Vidal para subsidiar el transporte público se suma a los $11.500 millones que exigirá a la provincia la transferencia de los subsidios a la energía.

Fuerte disputa

La ausencia de previsión presupuestaria provocará una pelea de magnitud entre Vidal y los intendentes que se verán en la disyuntiva de absorber la diferencia o trasladar los costos a los usuarios.

Por caso: en municipios como General Pueyrredón, el subsidio implica unos $850.000, y en Bahía Blanca, unos $400.000. Estas cifras corresponden a 2018. Y serán cubiertas por la provincia. Pero no contemplan los aumentos por la inflación interanual, que podría ser superior al 25 por ciento. Esa diferencia, que podría oscilar entre $100.000 y $200.000 según el volumen de las líneas municipal de cada distrito, será un serio problema para los alcaldes.

En algunas de estas comunas, como General Pueyrredón, se vencen este año las licencias de las empresas prestadoras de servicio de transporte de pasajeros. Y los alcaldes se verán obligados a renegociar contratos, sin fondos subsidiados, para la segunda parte del año.

El problema estallará cerca del fin del calendario electoral. Antes, el aumento se financiará con los incrementos de tarifas autorizados el año pasado, que regirán entre enero y marzo. A partir de la mitad de este mes se aplicará un alza del 15,4% sobre el boleto a los usuarios, en la mitad de febrero se aplicará un 9,1% y un porcentaje igual en marzo.

La tarifa mínima actual, que es de $13 pasará a $18 cuando termine de ajustarse el valor, en marzo. Y la tarifa más cara, de $16,50, pasará a costar entonces $21. La tarifa social seguirá operando con un 55% del valor del boleto.

En Buenos Aires hay 212 líneas provinciales, con un parque automotor de 5800 colectivos. Hay 115 líneas municipales en el AMBA y el parque automotor reúne unos 3500 colectivos. Todos estos vehículos son conducidos por 15.000 choferes. En total, se cortan 14 millones de boletos al año.

Y en el interior de la provincia hay 120 líneas municipales, con un parque automotor de 1100 colectivos, y 12.100 conductores de colectivos.

"Si bien se acordó un esquema por el cual el gobierno nacional aportará $20 por litro de gasoil, esta no es para nada una solución", dijo Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo provincial. El total de este subsidio al gasoil, que implica para el país unos $6500 millones, no redundará en la provincia en más de $500 millones. Es nada si se compara con los $25.000 millones que se le exigen al gobierno de Vidal con el traspaso.

"Aquí lo que se debe tener en cuenta es que el traspaso responde al ajuste general que ordenó el FMI. El boleto va a volver a subir -advirtió el funcionario-. Esta diferencia entre un régimen para el área metropolitana y otro para el interior no nos parece justa", recalcó.