Ley de Subrogancias: Puntos de vistas diferentes según las instituciones

Mientras desde el Poder Ejecutivo se defiende la puesta en vigencia de la Ley, la Legislatura le introduce modificaciones y los profesionales solicitan su derogación. En tanto la Justicia analiza los distintos planteos en su contra.
Siempre a la provincia de Tucumán le sobran temas para entretener a la gente, donde siempre son los mismos protagonistas o por lo menos los mismos que aparecen en escena desde un tiempo a esta parte.

No es el tema de la desocupación, que a diario crece a pasos agigantados, ni el trabajo en negro, donde las empresas buscan evadir sus obligaciones subyugando a desesperados empleados, que ante la necesidad de llevar un poco de bienestar a sus casas aceptan las más miserables condiciones, obviamente con la complicidad de aquellos que dejaron, hace un tiempo, de realizar las inspecciones como método para combatirlo.

Así como estos, existen otros tantos temas que afectan al conjunto, pero que no son tan importantes como para ser tenidos en cuenta en la agenda de temas que manejan nuestros representantes.

Hoy el tema de turno es la, ya convertida, famosa Ley nº 8136, sancionada por la Legislatura de la provincia de Tucumán como una forma de "paliar" la crisis que hoy se produce en la Justicia por el alejamiento de una treintena de Magistrados, produciendo una parálisis en la tramitación de las causas que se prosiguen en los distintos sectores.

Desde este punto de vista, una herramienta más que necesaria, al encontrarse estancado, por otra disputa entre el Poder Ejecutivo y el Colegio de Abogados de Tucumán, la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), instituto creado por la Constitución provincial para la selección de los futuros Magistrados.

Esta Ley de Subrogancias, al mismo tiempo de haber nacido, recibió, por un lado el rechazo de las entidades profesionales, que observan como el Poder Ejecutivo se atribuye toda la potestad de seleccionar a quienes ocuparán las distintas vacantes, más allá que las designaciones tengan que pasar por el Poder Legislativo, desde donde, se cree que no se opondrá oposición a las "sugerencias" de la Casa de Gobierno. Por otro lado el acompañamiento de cientos de profesionales del derecho que ven la oportunidad de formar parte del Poder Judicial, sin tener que salvar los filtros del CAM.

Distintos Puntos de Vistas

La Ley nº 8136, que fuera sancionada por la Legislatura el pasado 20 de noviembre, promulgada por el Poder Ejecutivo el 21 de noviembre y reglamentada, mediante el Decreto nº 4201 de fecha 24 de noviembre, establece la cobertura de las vacantes en los juzgados de primera instancia, Cámaras, Defensorías Oficiales y/o fiscalías.

A poco más de un mes de puesta en vigencia, desde el oficialismo se avanzó creando la necesidad de utilizar el mismo instrumento para la cobertura de los cargos de aquellos cargos judiciales que aún no fueron constituidos en el ámbito de la Justicia, como lo es la conformación de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, instancia superior a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde se recurren para realizar los planteos en contra de las disposiciones. Casualmente un sector judicial que no le viene siendo favorable al Poder Ejecutivo en los distintos casos que se presentaron, y que curiosamente, ante la queja de José Alperovich acerca de la citación para que integre el Tribunal Superior en la causa de la casación de la causa por la reforma de la Constitución de uno de los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, fallaron a favor del Estado ante uno de los cuestionamientos que se presentaron en contra de la Ley de Subrogancias.

Posición del Ejecutivo

El gobernador de la provincia, José Alperovich, volvió a defender la Ley de Subrogancias ante los planteos judiciales promovidos por varios abogados en la intención de frenar el mecanismo de cobertura de los cargos judiciales.

El titular del Poder Ejecutivo opinó que "designar jueces mediante un concurso de antecedentes y oposición llevaría demasiado tiempo, teniendo en cuenta la emergencia producida con una cantidad de vacantes en la Justicia".

"Piden que nombremos jueces por concurso; si llegamos a nombrar jueces por concurso la Justicia no va a poder dictar justicia, porque eso me llevaría un año para cubrir las vacantes que hay y la justicia no da para más", advirtió el mandatario tucumano en rueda de prensa.

También consideró que "hay que tener cuidado de que se inmovilice a la Justicia. Después no le echen la culpa al gobernador porque no haya Justicia. Hemos hecho todo para que haya justicia y se pueda nombrar a los jueces que no están, y la gente lo está sufriendo".

Finalmente, y a tono de "recomendación" a los Camaristas que tienen en sus manos analizar los distintos recursos presentados en contra de la Ley nº 8136 disparó que "no voy a aceptar medidas parciales, apelaremos todo y no nombraremos; o se nombran a todos o no se va nombrar a ninguno".

Desde la vereda de enfrente

Por su parte los representantes de los profesionales tucumanos nucleados en la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT), volvieron a la carga solicitando la derogación de la Ley nº 8136, pero esta vez lo hicieron ante los integrantes de la Legislatura provincial, paradógicamente, al mismo tiempo en que se habilitaba la posibilidad de que sean cubiertos los cargos de las Cámaras, Juzgados y/o Fiscalías que aún no fueron constituídos en el ámbito judicial.

Dentro de los fundamentos esgrimidos por los integrantes de la FEPUT se destacan:

* La sanción de la referida Ley implica una clara interferencia de la Legislatura con la decisión tomada por la Justicia provincial, en las sentencias nº 7/08 y 888/08, que dejan firme el mandato constitucional de que los jueces, sin distingo, deben ser seleccionados mediante concursos de antecedentes y oposición.

* Tal interferencia implica el desconociminto del régimen republicano de gobierno, ya que la interferencia del Poder Legislativo, en el punto del sistema de selección de jueces no está controvertido, significa derogar, mediante una Ley lo que el Poder Judicial estableció por sentencia y lesiona profundamente el régimen republicano.

* Violación de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura.

* Se viola el artículo 18º de la Contitución Nacional, ya que la Ley de Surogancias adolece de nulidad e inconstitucionalidad puesto que va en contra de la Constitución Provincial que establece para la selección de los candidatos a magistrados deberá realizar concursos de antecedentes y oposición, entrevistas y opiniones vertidas por la ciudadanía acerca de los candidatos propuestos, habilitándose un período de impugnación.

* Se está violando el principio establecido en el artículo 114º de la Constitución Nacional que establece un sistema a los fines del proceso de selección de jueces mediante un CAM.

* La Ley nº 8136 está en desacuerdo con el artículo 24º de la Constitución provincial pues, toda Ley, decreto y orden que, so pretexto de reglamentación, desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos, o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces.

* El proceso de selección viola el principio de especialidad que deber regir en dicho proceso, ya que no se estableció un sistema de inscripción por fuero, llegando algunos postulantes a anotarse para todas las vacantes.

* No se estableció un plazo para la duración del interinato.

* Se violan artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se prohibe suspender en caso de emerganci el debido proceso, o sea las garantías judiciales para proteger los demás derechos, siendo parte del debido proceso la organización judicial indispensable para hacer posible el mismo.

* Se ha violado el debido proceso legal sustantivo al no actual la Legislatura con rezonabilidad, ya que hay falta de adecuaciones de la Ley con al Constitución.

* La declaración de emergencia del Poder Judicial no es compatible con los deberes asumidos por el Estado Nacional ante los Estados cocontratantes en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Paralelamenta a la presentación realizada por los profesionales tucumanos ante la Legislatura, en la Cámara en los Contencioso Administrativo se suceden las presentaciones en contra de la norma, a pesar que ya existe un fallo en contra al cual se lo insistió en la mañana de ayer.

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