Suben los precios de alimentos básicos.

Estiman un alza del 14,3% en un año; el Indec subestima los valores y, así, calcula menos pobreza.
El valor del conjunto de alimentos básicos que define si los integrantes de un hogar son indigentes o no (dependiendo de si sus ingresos alcanzan para comprar esos productos) se elevó un 14,3% en el último año, y se ubicó en julio en $ 756,10 para una familia formada por un matrimonio joven y dos niños. En tanto, para no ser considerada pobre una familia así integrada debería contar con un ingreso mínimo de $ 1579,80, cifra superior en un 16,5% a la de julio de 2008.

Los datos fueron estimados por la Fundación de Investigaciones Económicas Lationamericanas (FIEL), y están basados en un relevamiento propio del precios de los mismos productos que, según definió años atrás el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), integran las canastas de indigencia y de pobreza. Para el organismo oficial los valores son muy inferiores: aunque no se conocen los datos de julio, en los meses previos los precios de esas canastas difundidos oficialmente fueron de un 60% más bajos que los relevados por estudios privados.

La brecha del valor estimado para las canastas de productos básicos es un punto fundamental que explica las fuertes diferencias en los índices de pobreza e indigencia según sean calculados por el Indec o por diferentes centros de investigación.

Ayer, por caso, el Instituto de Estudios y Formación de la central obrera CTA, informó que para fines de 2008 la pobreza se habría ubicado en el 33,5% de la población, y la indigencia, en el 14,6%. Otros estudios ya habían advertido que un tercio de la población o más, está afectada por la pobreza. En los últimos meses el problema se habría agravado por la caída de puestos de trabajo, que afecta principalmente a los estratos sociales más bajos.

Los analistas, además, hacen otra fuerte advertencia: la subestimación del aumento de los precios de productos básicos, y la falta de reconocimiento de un crecimiento de la pobreza, genera una inacción en cuanto a buscar una nueva estrategia para las políticas sociales: los planes de transferencia de recursos tienen montos congelados desde principios de siglo, y el acceso de nuevos beneficiarios está cerrado.

Para Lozano, la asignación universal por hijo de $ 135 que reclama la CTA, tendría un costo neto anual (ya que se eliminarían otros programas) de $ 12.827 millones. Según dijo, como en el presupuesto se subestimó la recaudación, hoy existiría la posibilidad de derivar recursos para el plan.

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