Stornelli detalló cómo la Bonaerense operaba con la mafia de los autos

Stornelli detalló cómo la Bonaerense operaba con la mafia de los autos
En su denuncia, el ministro de Seguridad describió cuatro delitos que cometían los policías. Los vinculó con los asesinatos de tres mujeres.
El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, no sólo decidió acusar a la Policía bonaerense ante la Justicia sino que además develó cómo, según su entender, los efectivos son responsables de la ola de robos de auto que en las últimas semanas produjo la muerte de tres mujeres. De hecho, consideró que no es casual el hecho de que las víctimas hayan sido del sexo femenino "con una exposición social importante".Concretamente apuntó contra una presunta "organización" policial que comete diversos delitos dentro de los Centros de Verificación de Automotores, y explicó cuatro modalidades ilegales.

De acuerdo a la denuncia a la que tuvo acceso PERFIL, el ex fiscal sostiene que el intento de "desestabilización" en su contra es producto de los cambios que él introdujo en la Dirección para la Prevención del Delito Automotor. "La materialización de estos cambios, de acuerdo a lo percibido por la actual jefatura del área en cuestión, habrían sido mal recibidos por una parte de los recursos humanos de la Dirección, como así también en cuadros retirados y o exonerados de la fuerza y en civiles vinculados al negocio automotor." En su escrito, inclusive habla de "connivencia entre el personal técnico-administrativo con delincuentes comunes" y de "reclutamiento de menores".

El modus operandi. El fiscal Marcelo Romero tiene en sus manos desde el lunes el escrito en el que Stornelli detalló cuatro "acciones, omisiones o complicidades" dentro de los Centros de Verificación: de acuerdo a la declaración del titular de Seguridad, los cambios de personal en estas dependencias realizado el 16 de noviembre último y la "neutralización" de las "operaciones" en las mismas habrían provocado la escalada de asesinatos.

"Aparece el dominio implícito de empresa particular del grabado de cristales, en los Centros de Verificación de Automotores, con tarifas de imposición personal desmesuradas e impuestas a los usuarios en formas fáctica, como si se tratase de la ejecución de un valor o módulo fiscal obligatorio, amparándose en la seudo cobertura policial", explica Stornelli. Después señala que "esta modalidad se llevaría a cabo, de hecho, hasta utilizando indumentarias similares a las remeras de los policías del área de Investigaciones –color azul– o similares –guardapolvos– utilizados por el agente policial verificador".

Para llevar adelante el trámite de verificación, se debe contar con un formulario que se imprime en el Registro de la Propiedad Automotor, que es de venta pública, y puede adquirirse en ese mismo registro, en los Centros de Verificación, y en otros lugares instalados en cercanías de los puestos de verificación. "Estos centros de reventa aplicarían un sobreprecio desmedido", acusó el ex fiscal como segunda "complicidad".

Pese a que las verificaciones se deben llevar a cabo en los centros autorizados, existen casos en que este procedimiento se realiza a domicilio, en agencias de venta de vehículos o lugares particulares, lo que en los últimos tiempos se ha potenciado de manera tal que, en algunos casos, las verificaciones en el circuito externo resultan de mayor caudal que las de los centros habilitados. "Esto a las claras queda excluido de todo tipo de control", denunció Stornelli.

El cuarto punto detallado por el ex fiscal denuncia el "delivery en motocicleta de alquiler", que consiste en hacer llegar a distintas agencias de venta de vehículos del conurbano formularios para trámite de verificación, firmados y sellados en blanco por los empleados responsables, para luego ser llenados en destino por el interesado –agenciero legal o ilegal–, quedando registrado como si hubiese sido un trámite realizado en persona y con el coche a la vista en el Centro de Verificación Policial.

En el marco de esta denuncia, el flamante jefe de la División de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor de la Policía Bonaerense, comisario Carlos Catalano, aportó ayer más datos a la Justicia, aunque no los precisó ante la prensa.

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