Las réplicas ante la polémica medida del uso de la base de datos de la Anses por parte del gobierno no cesan. Margarita Stolbizer presentó ayer, junto con diputados nacionales del socialismo -encabezados por Alicia Ciciliani-, un proyecto para derogar la resolución que permite el uso de estos datos para las políticas de comunicación oficial.

Puntualmente buscan la derogación de la resolución de la Jefatura de Gabinete y proponen modificar la ley 25.326, de datos personales, para que la información "que permita localizar física o electrónicamente a su titular no pueda ser utilizada para un fin distinto al que motivara su obtención".

En el documento que presentaron -y que también firmaron Hermes Binner y Gabriela Troiano- aseguran que "la comunicación de las políticas públicas -acto importante para cualquier gobierno- no puede basarse en romper la confianza que los habitantes hemos depositado en el Estado cuando le informamos la totalidad de nuestros datos personales".

En sintonía con el proyecto, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) lanzó un comunicado en repudio de la cesión de los datos de Anses, y aseguró que durante los últimos doce años fueron utilizados de mala manera.

Fundamentan su posición en que la ley de protección de datos personales impide el manejo "abusivo" de terceros y obliga al consentimiento previo a utilizar esos datos.

Si bien el Estado está eximido de cumplir con el principio de consentimiento, queda en duda la finalidad del uso de la información.

"Así, resulta de dudosa justificación utilizar datos que fueron recogidos con la finalidad de ayudar a un buen funcionamiento del sistema de seguridad social, para actividades de comunicación de todo el accionar gubernamental", cuestiona la ADC.

También, la asociación plantea la importancia de una discusión de fondo en la que "debería figurar la creación de una autoridad de aplicación con garantías de independencia funcional y autarquía financiera, la actualización del marco protectorio a la luz de los estándares internacionales y el establecimiento de límites más claros y precisos para las capacidades de almacenamiento, tratamiento y cesión de datos por parte del Estado".

Otra de las voces que se escucharon ayer fue la del dirigente Alejandro Bodart, del MST, quien calificó la medida de "autoritaria" y parte del "plan de ajuste de Mauricio Macri".

"Esta medida es una peligrosa intromisión en la vida personal de millones de ciudadanos, que habilita la utilización política y el monitoreo gubernamental: una especie de Gran Hermano vigilante", sintetizó.

Bodart recordó, además, el episodio de escuchas ilegales del Presidente y aseguró que fueron un antecedente de la "profundización de un rumbo antidemocrático y reaccionario".