Por estos días, con reserva de lugar y de la imagen del ex espía, Jaime Stiuso deberá declarar ante la fiscal Viviana Fein. Para el imaginario de la opinión pública, Fein es una señora con muchos años en la fiscalía, a quien le llegó la causa por la muerte de su colega Alberto Nisman cuando estaba próxima a jubilarse y tenía ya contratado un viaje de crucero como merecidas vacaciones en el mes de febrero. Una fiscal que llega sola y sin custodia en remise a su oficina. Por más que sus años de investigaciones le hayan permitido realizar investigaciones complejas y haya tratado con agentes de la inteligencia de Estado, es difícil imaginar una indagatoria al espía más emblemático en la que pueda arrinconarlo y hacerle decir cosas que buena parte de la sociedad quisiera escuchar para salir un poco de las tinieblas. Por el contrario, nadie sabe dónde vive ni quién es en realidad Jaime Stiuso. Todos damos por sentado que ingresó hace 42 años a la SIDE porque él mismo se lo dijo al periodista Rodis Recalt, en una entrevista realizada por teléfono días antes de que el gobierno haya decidido eyectar a Stiuso y también relevar a los dos jefes que tenía el organismo, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, dos "pingüinos" de extrema confianza pero que uno de ellos –Larcher– fue mencionado reiteradamente por haber tomado distancia política de la presidenta o, al menos, de haberle proporcionado información incorrecta sobre los planes de Sergio Massa en las PASO de 2013. Es decir, Icazuriaga no fue desplazado por deslealtad sino para que saliera Larcher y eso no era más que un relevo. La llegada de Oscar Parrilli y de Juan Martín Mena al frente de la Secretaría de Inteligencia el 17 de diciembre pasado, aun para quienes manejan información calificada, tenía como mar de fondo la iracundia de los jueces y fiscales que llevan causas vinculadas al círculo más estrecho del gobierno. Pero no de cualquiera de los jueces y fiscales sino de que aquellos que, como Claudio Bonadio, hacen explícito su acercamiento a Massa, al tiempo que agita la causa Hotesur como si esa empresa hotelera de Cristina Fernández fuera la punta del ovillo de una monumental red de lavado de dinero.

De aquel escenario, de apenas 45 días atrás, al actual, parece haber pasado de un clima de desgaste preelectoral previsible, a un escenario de confusión, secretos y temores que va mucho más allá del meneo de causas de corrupción, en un país donde los expedientes duermen por años y los jueces jamás condenan a los poderosos, sean políticos o empresarios. Algo estaba fuera de escena, algo estaba dormido. El ensayista inglés Thomas Hobbes, autor de Leviatán, un clásico que nutre toda la bibliografía académica para tratar de analizar las formas y recovecos del poder público, se valió del nombre de esa bestia bíblica y de citas del profeta Job que permiten entender por qué el Estado puede ser asimilado al monstruo: "Nadie hay tan osado que lo despierte/ De su grandeza tienen temor los fuertes/ No hay sobre la Tierra quien se le parezca/ Animal hecho exento de temor".

Cuando se vean cara a cara Fein y Stiuso, ¿alguien sentirá temor? La respuesta de un republicano esperanzado o de cualquiera que descrea de los miles de crímenes de Estado en la Argentina, dirá sin dudar: la doctora Fein, que parece ser la argentina media que cualquiera quisiera tener como representante de sus propias limitaciones, tiene la ley de su lado, tiene todo el poder para no temblar y le podrá sonsacar toda la información para que la causa llegue a buen puerto. Los lectores de Hobbes, de Le Carre, de Fleming, de Conrad y del Gordo Soriano, se burlarían del ingenuo republicano y darán por sentado que un espía no se jubila nunca, que nunca dice lo que no le conviene y que debe tener todas las carpetas ocultas dispuestas a generar escándalos hasta de una señora que parece hecha a medida para ser una cara democrática dentro de los vericuetos ocultos de la justicia.

El problema es que los conflictos en las "democracias de baja intensidad", en naciones con una extrema concentración de la riqueza en pocas manos y un alto grado de extranjerización de la economía y las decisiones, no se resuelven sencillamente, con acertijos o apuestas idealistas. La pregunta no es qué pasó entre el 17 de diciembre –cuando lo echaron a Stiuso– y el 18 de enero –cuando murió Nisman– o incluso desde entonces hasta esta primera quincena de febrero. En todo caso, lo que emergió y salió a luz en este mes y medio pone en evidencia que hay factores del poder real que tienen autonomía propia. A la vez, resultan funcionales a la administración de gobierno. El gran problema es que la mayoría de la sociedad –aunque vea que el menú informativo tiene a la muerte de Nisman en el centro de la agenda– no puede saber qué pasa.

Por unos días, el centro del escarnio era Diego Lagomarsino, el hombre que dijo haber llevado la pistola desarmada a la casa a Nisman el sábado 17 de enero a la noche y que le dio un curso rápido de armado y desarmado de Bersa 22 a un hombre que estaba bajo una presión extraordinaria y que, quizá, como todo indica, unas horas después, la usó para matarse. Pero con un detalle: Lagomarsino "olvidó" dejar sus huellas digitales en la empuñadura o el cañón del arma, un recurso para algún personaje perdedor del Gordo Soriano pero de ningún modo para un hábil declarante ante un hecho trágico de semejante magnitud. Es decir, Lagomarsino no está muy preocupado por la credibilidad de sus dichos sino por lo que su abogado le aconseja declarar para amortiguar la eventual pena que le toque por haber prestado la pistola. Obvio: quien entrega un arma desarmada, como sabe el doctor Maximiliano Rusconi, está más cerca del año de prisión que de los seis años de prisión, que es la escala prevista por el código para alguien que le entregue un arma a alguien que no es "legítimo usuario". Vale aclarar que la terminología usada por los códigos penales respecto de la legitimidad es previa a las categorías políticas usadas por Hobbes.

Ahora, la bestia de los medios es Stiuso, cuyo abogado también es parte de la comunidad de Inteligencia, aunque vale aclarar que Santiago Blanco Bermúdez ya no sería parte de "la casa". Es difícil saber en qué consiste saber secretos de Estado y "retirarse" a la tranquilidad de un bufet de abogados. ¿Qué podrá sugerirle Blanco Bermúdez a Stiuso para declarar? Lo sustancial, al menos para quienes vemos apenas la superficie de esta historia, parece claro: Stiuso tenía a su cargo una flota de cien teléfonos y, si alguien usó alguno de ellos el sábado 17 de enero por la tarde para hablar 12 minutos con Nisman, ya no es responsabilidad del mismo Stiuso porque hacía un mes que no trabajaba en la Secretaría de Inteligencia. Es más, sería un problema para las nuevas autoridades de "la casa" que un ex agente siguiera usando teléfonos del Estado en tareas tan sensibles.

Aunque todo es confuso y trágico en esta historia, lo previsible es que Stiuso realmente se presente a declarar para no convertirse en un reo de la justicia. No es preciso ser un genio de los secretos para imaginar que disputaron poder con Stiuso (las famosas e inescrutables "internas de la SI") y que quienes se mantienen leales al gobierno saben muchas cosas que pueden perjudicar a Stiuso. Pero, mucho más preocupante, es que Stiuso sabe muchas cosas que pueden perjudicar a muchos otros. Y con un agregado: la especialidad de estos espías son las operaciones de prensa, las preferencias sexuales y algunas de las cajas de financiamiento que no deben salir a luz. Se supone que, además del menudeo de cabotaje, estos espías hacen carrera gracias a saber interpretar las necesidades de las agencias de espionaje de los países poderosos.

LA LEY, LA MARCHA Y LA COMISIÓN. El llamado a sesiones extraordinarias por parte de la presidenta fue para tratar con exclusividad una ley capaz de crear una Agencia Federal de Inteligencia. Ya tiene dictamen de comisión en el Senado, este miércoles 11 debería contar con el quórum suficiente como para darle media sanción y tratarla en comisión en Diputados el 17 para convertirla en ley el 25. Todo aquello en febrero, un mes corto, con Carnaval en el medio, donde se analiza y se da forma a una norma sobre un tema con cientos de aristas presentes y un pasado de terror (literalmente). Es decir, un trámite exprés en un año electoral que puede ser entendido desde la real politik como un gesto de autoridad con el contrapeso de que se surfea la ola y no se menea el fondo. La oposición, mediática y judicial, amparada en que Nisman era un fiscal, organiza una marcha al mes de su muerte, el próximo jueves 18. Pero es una marcha de silencio. Mutis por el foro en un momento donde el pueblo quisiera saber qué piensan y en qué se ponen de acuerdo, qué proponen, los opositores. En un año electoral, debe entenderse que no se ponen de acuerdo en nada, que prefieren no abrir la boca para no contradecirse y que, si va mucha gente, van a sentirse más confiados para apurar causas judiciales contra funcionarios del gobierno. Es un test, una prueba evidente de que los estrategas antiK saben que sus puntos fuertes se limitan a los puntos supuestamente débiles del gobierno. Es simple: gobernar por cautelares, patear el nombramiento del remplazante de Raúl Zaffaronni para 2016 y no debatir la ley de inteligencia ni ningún otro tema. En su versión más bizarra, la de Elisa Carrió, la nueva socia política de Mauricio Macri: "Cada vez está más cerca la hipótesis del asesinato por una operación de inteligencia del actual gobierno."

Hay, en la Argentina, una cantidad de investigadores que trataron y tratan de dar cuenta del Estado. A los clásicos de Guillermo O’Donnell y Eduardo Luis Duhalde (El estado burocrático autoritario y El estado terrorista argentino) se les pueden sumar muy distintos aportes de quienes hacen diagnóstico y también propuestas sobre la administración de la cosa pública en contextos de una sociedad marcada por profundas desigualdades sociales. Carlos Acuña brindó en los últimos años un material muy interesante en Dilemas del estado argentino y Cuánto importan las instituciones. Trabajos en equipo, con aportes de distintos especialistas. En este último trabajo, el área de Seguridad fue escrita por Marcelo Saín, quien sin dejar su pertenencia al oficialismo, hizo críticas al proyecto inicial del Ejecutivo. Saín es académico, es legislador y estuvo al frente de una fuerza de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El caso más emblemático de democratizar agencias de seguridad e inteligencia resulta León Arslanian, que estuvo al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense y que dirige desde hace unos años una maestría en Seguridad en la Facultad de Derecho de la UBA. Hay muchas voces que deben ser oídas, no alcanza con este febrero corto. Porque el año es largo, es complejo y requiere más certezas que dudas. Tanto el Congreso como el Ejecutivo podrían tomar el guante de una propuesta que circula por iniciativa de Acuña y del también politólogo Juan Tokatlian –de la Universidad Di Tella–, con aportes de Víctor Abramovich –presidente del CELS, que también hizo serias advertencias sobre el tratamiento exprés de esta ley–. La propuesta es tomar la experiencia de la CONADEP para crear un ámbito donde una cantidad de personas idóneas y prestigiosas, representativas de diversas vertientes de pensamiento, puedan echar más luz sobre todo lo que pasó en estos meses respecto de la muerte de Nisman y los cambios que vive la sociedad a partir de este escenario. No es para interferir en la justicia, no es para ganar terreno electoral, es para construir puentes y poner al frente a personas insospechadas. Cualquiera puede imaginar nombres, seguramente muchos de ellos lejanos a las mentiras y las conspiraciones, como Juan Carr de Red Solidaria, Alberto Crescenti, director del SAME, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. La lista puede ser extensa, las combinaciones pueden ser muy variadas. Una propuesta así no rompe con la lógica confrontativa de la lucha electoral sino que le puede dar otra perspectiva al cambio de gestión de gobierno al tratar de avanzar en la lucha contra algo que no es un monstruo, el Leviatán, sino el producto de muchos años de deuda para transparentar y democratizar áreas de la vida pública.