SPSE avanza en anular conexiones clandestinas

SPSE avanza en anular conexiones clandestinas

Durante el fin de semana, una cuadrilla de Servicios Públicos con custodia policial anuló conexiones en el barrio 187 Viviendas de Caleta Olivia, fundamentalmente en casas usurpadas que tenían la conexión realizada en forma provisoria e irregular.

La empresa Servicios Públicos decidió avanzar en anular las conexiones clandestinas que se detecten. Así, en Caleta Olivia decenas de viviendas, la mayoría de ellas usurpadas en un barrio que está a medio construir, quedaron desconectadas de la red eléctrica a la que se habían enganchado de manera irregular.

Jorge Prieto, integrante de la cuadrilla de la empresa provincial que realizó la tarea, señaló que “las conexiones ilegales ponen en peligro a las personas, con riesgo de electrocución, pueden costarles muy caro, ponen en riesgo a las familias, el trámite tienen que hacerlo con toda la documentación correspondiente”.

Aclaró que “las viviendas y redes de distribución están hechas, pero las bajadas son irregulares y clandestinas, ilegales, nosotros tenemos que cortar todas estas bajadas. No tienen la documentación necesaria, si vuelven a reconectarse, es poner en riesgo a toda la familia, pueden electrocutarse”.

En tanto que Jorgelina, jefa de hogar de una de las viviendas usurpadas, sostuvo que habitan las mismas “desde el 15 de octubre, tenemos carpetas, pedido de terrenos, nos están sacando todo, nos están matando de frío, a nuestros hijos, el Gobierno se lavó las manos”, reclamó.

Planteó que “hay extranjeros que vienen y les dan soluciones, hasta ahora nosotros no hicimos lío, hoy fuimos al juzgado a pedir que no ejecute la orden de desalojo y ahora quedamos sin luz, con el frío que hace, no tenemos ningún servicio, ni siquiera un medidor comunitario”.

Sostuvo que cuando decidieron ingresar a las viviendas, “no había vidrios, rejas, durlock, sin cerámicos, sin nada, la terminamos toda y ahora recién nos vienen a decir que desalojemos, pasamos 8 meses y le pusimos mucha plata, no nos vamos a ir, pedimos que nos hagan un buen censo y un plan de pago”, reclamó la mujer. Es que el juez Albarrán dictó la orden de desalojo e intimó a las familias que ingresaron de manera irregular a las casas a que las abandonen en un plazo de diez días.

Pero muchos se resisten, entre ellos Jorgelina, quien sostiene que no se puede dejar a “182 familias en la calle, vamos a resistir el desalojo, estamos infringiendo una ley, pero nos empujaron a esta situación, los políticos se lavaron las manos, nosotros entramos pacíficamente sin romper alambrado, sin forzar nada, el intendente vino al comienzo y dijo que no iba a haber un desalojo, que nadie nos iba a sacar a patadas, eso lo dejamos bien aclarado, creemos en la palabra de Prades”, planteó.

Otra de las mujeres que dieron testimonio en Frecuencia Patagonia 99.3 Mhz de la ciudad de El Gorosito, rechazó el término de usurpadores. “Somos ocupantes, no usurpadores”, planteó y sostuvo “a la casa la necesito, tengo 3 hijos, me manejo con el salario de los 3 nenes y hago tortas fritas, no tengo para el alquiler, hace 6 años que estoy en Caleta Olivia y no me dieron bola”.

La mujer agregó que su intención es pagar la vivienda en la que está, aunque aclaró que la misma está “a medio terminar, faltan un montón de cosas” y advirtió que “yo no voy a salir de esta casa”, pese a la existencia de una orden judicial que la obliga a abandonarla.

Comentá la nota