Sotomayor sería exonerada por denuncias sobre estafas públicas

La Dirección Provincial de Investigaciones emitió un dictamen sobre la investigación administrativa que se abrió por la denuncia ante irregularidades y posibles fraudes en el Registro Civil de Pico Truncado en las pasadas elecciones del 28 de junio. Un dictamen a medias, sin fallo judicial hasta el momento.
La investigación fue ordenada por el Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de Daniel Peralta y llevada a cabo por el Director Provincial de Investigaciones, Arturo Pedro Forment.

Cabe recordar que este gran escándalo político se desató en Pico Truncado con filmaciones y testimonios que muestran cómo se "trucaban" firmas de extranjeros y se repartían boletas del sublema del intendente, dentro del Registro Civil.

Un periodista y ex candidato a intendente en las últimas elecciones de Pico Truncado, realizó una gravísima denuncia en contra de personas que se encuentran en la función pública de la ciudad, aportando pruebas documentales, filmaciones y testimonios que podrían producir un terremoto político en la localidad, dado que afecta directamente al actual jefe comunal Osvaldo Maimo cuya fórmula ganadora se vio acusada de fraude y de haber llegado a la victoria en forma indebida.

Gianfranco Casarín radicó una denuncia en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia en contra de la señora Ana María Sotomayor, quien estaba a cargo el Registro Civil de Pico Truncado y sobre la cual pesa una denuncia por falsificación de aproximadamente 30 firmas de extranjeros en los padrones de extranjeros, precisamente, que se habilitaron en las últimas elecciones de 2007.

De acuerdo a los datos aportados por el periodista, se muestra como prueba contundente una filmación donde una colaboradora de Sotomayor en el Registro, hasta el mes de diciembre, da expresos detalles de cómo se realizó la maniobra y que tales falsificaciones se realizaron en días previos al 24 de octubre y aún durante el acto eleccionario.

También se incluyen allí imágenes del reparto de boletas del sublema que después resultó ganador, a los extranjeros empadronados allí. Sin embargo la denuncia no termina allí, porque también se amplía a la comisión del delito de coimas y sobornos al personal de ese Registro Civil, para que de alguna manera disimularan la maniobra, que de acuerdo a estimaciones del demandante, la falsificación de filiaciones rondaría el 35 0 40% del padrón de personas extranjeras residentes en la localidad.

Juez y parte

Esto se complica más aún cuando se conoce que la señora Sotomayor iba como tercera en la lista a Concejal que acompañó al actual intendente Osvaldo Maimo, quien finalmente resultó ganador de los comicios. Y como si esto no fuera suficiente, no hace mucho tiempo, Ana María Sotomayor fue nombrada como Directora de Extranjería de la Municipalidad, junto a uno de los hermanos del intendente que tenía la decisión de otorgar o negar el documento a la persona de otra nacionalidad.

El cuadro que compromete al poder político de Truncado se complicó estas últimas horas cuando se supo, tal como difundió Gianfranco Casarín hace unas horas en el programa "Contracara" de FM News, que también la hija de la señora Sotomayor presentó una denuncia respecto de tales falsificaciones, dado que la joven trabajó como colaboradora de su madre en el Registro y fue testigo del ilícito.

La lista de personas que denuncian estas maniobras se completa con uno de los asesores del Intendente Maimo, quien ratificó con su testimonio las sospechas que había hace un tiempo sobre la comisión de este delito y termina de cerrar así, un eslabón más de una grave acusación que pone en riesgo la institucionalidad de la propia Intendencia.

Audiencia y contra-audiencia

Por este motivo y ante la emergencia que impone la coyuntura, la concejal de esa ciudad Emilia Gentile encabezó el pedido de audiencia pública, donde con asistencia libre se convoca a la ciudadanía a participar de un debate sobre la gravedad de la denuncia interpuesta por Casarín.

Paralelamente desde la Municipalidad, las bases han convocado a reunirse en un gimnasio a la militancia del PJ en apoyo al gobierno de Maimo. Las fuentes consultadas sospechan que pueden generarse incidentes si por alguna razón alguien cree que (como ya se ha generado el rumor en la ciudad) lo que busca la oposición es forzar la renuncia del intendente. Un viejo militante de Río Gallegos que vivió un tiempo en Pico Truncado, sostuvo que si las denuncias están debidamente fundamentadas y hay testimonios, el intendente está directamente involucrado y por consiguiente tendría que renunciar.

Otras fuentes en cambio, aseguran que si esto se transforma (como promete) en un gran escándalo, saldrán a la luz innumerables denuncias por irregularidades que están dormidas por el último triunfo de Maimó que lo reivindicó en su cargo.

Algunos esperan que en la audiencia pública salga un pedido formal de la gente al gobernador Daniel Peralta para que proceda a la intervención del Registro Civil de Pico Truncado.

Hoy, 90 días después de las denuncias apoyadas en el testimonio brindado por Alejandra Sánchez, hija de la ex Jefa del Registro Civil, por su esposo y ex empleado del Registro Civil, Ricardo Vázquez y Elsa Lagos; comenzaron a llegar los frutos.

El dictamen de la Dirección Provincial de Investigaciones da cuenta del accionar reñido con las obligaciones del Funcionario Público de Ana María Sotomayor, de Victoriano Anaquin, de Hilda del Valle Colque y de Elizabeth del Carmen Ruiz Gabriel.

Para Ana María Sotomayor, ex Jefa del Registro Civil, el sumario administrativo, la acusa de "FALTA GRAVE QUE PERJUDICA MATERIAL O MORALMENTE A LA ADMINISTRACION PUBLICA, previsto Art. 39 de la Ley 591 que rige la administración pública, tornando su conducta pasible de EXONERACION. Destacándose que la "Sanción de hará constar en el legajo personal de la mencionada y de haber mantenido su relación de empleo con el estado publico provincial le hubiese correspondido DESPEDIRLA CON JUSTA CAUSA.

Cuando se hace mención de una Exoneración, en pocas palabras, se habla de una total desvinculación a la esfera gubernamental del estado.

En cuanto a Victoriano Anaquin, Hilda del Valle Colque y Elizabeth del Carmen Ruiz Gabriel, el sumario labrado determina que este accionar constituye INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, determinadas en el Art. 7 de la Ley 591. Tornándose la conducta de los tres PASIBLE de la sanción de CESANTIA

En ninguno de los tres casos se determina si las conclusiones de Cesantía se tomaron a partir la fecha de escrito el documento, o si la medida fue apelada y se espera una sentencia firme de la Provincia para que las personas investigadas dejen de pertenecer a la administración publica. O si se espera un fallo JUDICIAL sobre estas personas; ya que los mismo siguen prestando servicios en al administración.

En los casos de Anaquin, Colque y Grabiel trabajan actualmente en la Subsecretaria de Trabajo y Ana María Sotomayor se desempeña como Secretaria en la Municipalidad de Pico Truncado y hace pocas horas el propio Intendente Maimó habría ofrecido el cargo de "Directora de Cooperativas" en Pico Truncado.

Asimismo y por medio de varios testimonios de los denunciantes y empleados del Registro Civil junto a varios vecinos que, Ana Maria Sotomayor tuvo "Participación en actos graves, reñidos con la Administración Publica", percibiendo dinero por trámites, tales como: casamientos, extensión de certificados de nacimiento, actas de defunción, así como la utilización de recursos humanos y materiales del Registro Civil en labores incompatibles con sus funciones como, Empadronamiento de extranjeros con vista a las elecciones del 2007."

Junto también a la labor de , "Colocar fotocopias del sello del Banco Provincia, como originales de Rentas a nombre de terceros", en certificados de nacimiento, casamientos, cambios de domicilios, sin dar constancia al solicitante del certificado y además entrega de votos a personas extranjera el día del acto eleccionario, que no habían realizado tramites ni la firma del alta electoral".

A las otras tres personas se les imputa "Conducta contraria al proceder administrativo", ya que varios testimonios los vincula al cobro de tarifas por sellados que no deberían haber cobrado. Según testimonios de una empleada del registro civil, esta conducta se observo "Durante cinco años y en forma diaria".

El Documento que emanó la Dirección Provincial de Investigaciones no tomó una postura al respecto de la denuncia rubricada por Gean Franco Casarín con respecto a un supuesto fraude electoral perpetrado desde el Registro Civil manipulando el Padrón de Extranjeros, así que la entidad provincial le "cedió" el esclarecimiento sobre la denuncia, directamente a la Justicia.

Raro no… Se descubrió un sinfín de irregularidades –muchas- similares a un fraude, pero este posible fraude electoral dependerá, exclusivamente, de la lenta velocidad de la justicia.

El Sur hoy

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