El gobernador José Manuel de la Sota inició el martes pasado una nueva demanda en la Corte Suprema de Justicia contra el Estado nacional, tras considerar que la Provincia es discriminada en el reparto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y de determinados fondos coparticipables.

Sin embargo, su administración aplica casi el mismo criterio que critica a la Nación puesto que en lo que va del corriente año se redujo 40% en términos nominales y sin contar el efecto inflacionario, el reparto a los diferentes municipios  de los fondos ATP (Aportes del Tesoro Provincial) y PAM (Programa de Asistencia a Municipios). Estos últimos tienen casi el mismo criterio discrecional que el que aplica la Nación con sus ATN.

Según publica la página oficial del gobierno de Córdoba en el link Ministerio de Finanza/Ejecución Presupuestaria hasta setiembre del corriente año, en los primeros 9 meses de 2014 se entregaron en concepto de ATP y PAM a 258 municipios y comunas de Córdoba un total de 41.244.237 pesos. 

Esta cifra implica una reducción de 39,4%  en comparación con los 68.071.482 pesos que se habían entregado por similares programas en los tres primeros trimestres del ño pasado.

Si se tiene en cuenta el efecto inflacionario y la necesidad de actualizar este reparto como mínimo un 30% este año en comparación con el anterior, la diferencia se profundiza notablemente, en un claro perjuicio para las finanzas de los diferentes municipios y comunas de Córdoba.

En concepto de ATP hasta setiembre pasado la Provincia distribuyó 31.419.960 pesos. En el 2013 había entregado 41.943.925 pesos.

Si el análisis toma en cuenta lso fondos del PAM, se verifica una diferencia mucho mayor. Este año se entregaron 9.824.277 pesos y el año pasado 26.126.557 pesos.

La subejecución presupuestaria es muy alta en lo que respecta a los recursos del PAM puesto que de los 31.000.000 presupuestados para este ejercicio apenas se entregaron 9,8 millones hasta el momento.

Si bien es cierto que este reparto puede mejorar en el último trimestre de 2014, también podría darse que la Nación haga lo propio con lo que le reclama la Provincia.

Municipios K perjudicados

Por otra parte y tal como viene ocurriendo en los últimos años, los municipios que responden al Frente para la Victoria y al gobierno nacional son los principales perjudicados por el reparto discrecional de fondos de ATP y PAN que efectúa el gobernador José Manuel de la Sota.

Del medio centenar de intendencias y comunas «K» de Córdoba, no percibieron un solo peso 34 administraciones identificadas con el kirchernismo. En otras palabras, sólo cobro algunos magros aportes financieros el 30% de los gobiernos locales del FpV y el 70% sigue esperando sin mayores chances.

Entre las numerosas intendencias sancionadas por De la Sota por ser kirchneristas figuran Villa María, Villa Nueva, Leones, Santa Rosa de Calamuchita, Cosquín, Villa Yacanto, Alejandro Roca,  Ucacha, Los Cisnes, Cavanagh, Isla Verde, San Esteban, Las Acequias, Anisacate, Dalmacio Vélez, Villa del Totoral, San José de las Salinas, San Pedro Norte, Benjamín Gould, Alto Alegre, Colonia Bismarck, Idiazábal, Morrison, Noetinger, Pascanas y Viamonte.  

También han sido marginados de esta distribución discrecional de fondos provinciales 34 intendencias y 20 comunas de la Unión Cívica Radical. Esto representa el 30% del total de gobiernos locales que tiene el radicalismo.

De las 250 administraciones locales de UPC sólo quedaron al margen del reparto de estos recursos 27 municipios y 27 comunas, que representan un poco más del 20% del total.

Las más beneficiadas por el dinero recibido hasta el momento han sido hasta ahora Villa Cura Brochero (1,5 millón de pesos), Jesús María (925 mil pesos) Hernando (906 mil pesos), Manfredi (822 mil pesos) y Almafuerte /(740 mil pesos).