Sospechas de enriquecimiento jaquean a dos caciques del GBA

Sospechas de enriquecimiento jaquean a dos caciques del GBA

Patricio Mussi, de Berazategui, y Julio Pereyra, de Varela, quedaron en la mira de la Justicia.

Los intendentes peronistas de Florencio Varela, Julio Pereyra, y de Berazategui, Patricio Mussi, quedaron esta semana en la mira de la Justicia Federal en el marco de investigaciones por presuntas maniobras irregulares en el manejo de fondos públicos.

Por un lado, Mussi, fue imputado por supuesta malversación de fondos públicos del programa de ayuda “Argentina Trabaja” y presunto enriquecimiento ilícito.

Fuentes judiciales informaron ayer que el fiscal federal interino de Quilmes, Néstor Adrián Rigonatto, requirió que se investigue la distribución, manejo, disposición, rendición y aprobación del dinero que el municipio recibió para aquel programa entre 2009 y 2015.

Y que se investigue, a la vez, si Mussi -del Frente para la Victoria e hijo del ex ministro kirchnerista de Medio Ambiente, Juan José Mussi- incrementó injustificadamente su patrimonio, durante el año 2012 y si ello guarda relación con la percepción de los fondos nacionales.

Efectivos de la Gendarmería Nacional, por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, ya habían allanado el 2 de setiembre la Municipalidad de Berazategui en busca de documentación sobre las cuentas comunales y el manejo del dinero que le envió la ex ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

El programa “Argentina Trabaja” es financiado con fondos del Ministerio de Desarrollo Social, está destinado a los desempleados que no reciben subsidios, a excepción de la AUH, y alcanza a casi 120.000 beneficiarios que cobran 3.120 pesos mensuales a cambio de realizar trabajos de limpieza.

La denuncia que dio origen a esta causa penal fue radicada por Jorge Fernando Naddaf, un médico diabetólogo de Berazategui y filiación política en la Unión Cívica Radical, ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, el intendente de Florencio Varela, Julio César Pereyra, también fue imputado por supuesto fraude a la administración pública y exacciones ilegales a partir de una causa iniciada por la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió.

Fue también el fiscal Rigonatto quien requirió el impulso de la acción penal contra el jefe comunal, quien lleva 24 años al frente del municipio y que también preside la Federación Argentina de Municipios (FAM), en un dictamen elevado al juzgado federal de Quilmes.

Carrió había denunciado penalmente a Pereyra, porque, según ella, su nivel de vida no se condice con sus ingresos como intendente.

En ese marco, la Municipalidad de Florencio Varela fue allanada el lunes por orden del juez Armella, como parte de las acciones en ejecución por la denuncia a raíz de supuesto enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.

La líder de la Coalición Cívica incluye en su escrito declaraciones periodísticas de Pereyra, donde asegura que “cobra 50 mil pesos por mes” y que “cobra por charlas y asesoramientos en el exterior”. Además, menciona bienes registrados a nombre del jefe comunal, como dos vehículos con valores de 630 mil pesos y 500 mil pesos, respectivamente, de acuerdo con las fuentes judiciales consultadas.

Según la ex legisladora, el dirigente peronista alquila una propiedad en Puerto Madero para su ex mujer, ha realizado numerosos viajes al exterior, posee varios vehículos de alta gama y habita una casa en Varela, que estaría a nombre de una sociedad.

CONTRA EL JUEZ

En tanto, en las últimas horas el ex secretario de Ambiente, Juan José Mussi -padre del intendente de Berazategui-, envió un escrito al Consejo de la Magistratura pidiendo que se reabra una vieja acusación contra el juez Armella.

El magistrado fue quien supervisó durante años el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo hasta que en 2012 fuera denunciado por la propia Corte Suprema y por el entonces ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, acusándolo de vinculaciones con un grupo de empresas que consiguieron contratos millonarios sin licitación alguna.

El Consejo de la Magistratura, en su actual composición, desestimó aquella denuncia contra Armella y la envió a archivo, pero Mussi padre calificó esa situación como una maniobra surgida de “una vuelta de timón política” y anunció que aportará “nuevos elementos” contra el juez.

“La Corte Suprema lo desplazó y quedo en la nada. En un momento en donde se reabren causas, queremos que esto se retome. Nosotros lo padecimos a Armella en ACUMAR”, señaló el ex jefe comunal de Berazategui.

Dos fuentes del Consejo de la Magistratura coincidieron en que la desestimación de la causa implica que se la trate como “cosa juzgada” y que Mussi debería aportar no solo nuevos datos, sino nuevos hechos en los que se habría visto involucrado el magistrado.

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