Unos 50 días después de que el Frente Cívico denunciara al intendente Ramón Mestre, al viceintendente Marcelo Cossar y al ex secretario Privado municipal Juan Pablo Ostanelli, por presuntas dádivas por parte de la empresa de transporte Ersa, la Justicia provincial allanó ayer la sede que la concesionaria tiene en la ciudad de Córdoba.

Por indicación del fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, pasado el mediodía, oficiales de la Justicia arribaron a las oficinas que la prestataria tiene en avenida Vélez Sársfield y Circunvalación para llevarse material que pueda servir a la causa.

Cabe recordar que en abril pasado, en el programa televisivo ADN el propio viceintendente Marcelo Cossar había admitido que en octubre de 2013 junto a Mestre, a Ostanelli y a sus respectivas esposas, viajaron a Corrientes a la fiesta por los 50 años de la empresa, invitados por la prestataria y en un avión privado. Apenas unas horas después y tras el escándalo político que se generó tras la admisión del funcionario, la propia Municipalidad de Córdoba desestimó los dichos de Cossar y corrigió esa versión: se informó que los gastos de los seis concurrentes fueron abonados por el intendente y que el viaje se hizo en avión privado “facilitado por la titular de la aeronave” para referirse a la firma Astori. Sin embargo, la gestión del intendente Mestre nunca pudo mostrar los documentos que así lo acrediten.

Esta situación derivó en una denuncia penal impulsada por el senador Luis Juez quien los acusó de haber recibido dádivas y en su presentación señaló: “Los hechos denunciados configuran, para Mestre, Cossar y Ostanelli la incursión en la conducta prevista por el artículo 259, primera parte, Código Penal, pues admitieron dádivas, que les fueran dadas en atención a su calidad funcional, mientras estaban en el ejercicio del cargo”.

Desde la Fiscalía de Amayusco indicaron que la causa llegó a esa oficina desde hace menos de dos semanas y se informó que en el procedimiento se retiró material que servirá para analizar la situación.

En tanto, consultadas las autoridades de Ersa en Córdoba sólo se limitaron a señalar: “Pusimos a disposición de la Justicia nuestras herramientas informáticas y otros papeles que fueron solicitando. El procedimiento se desarrolló con total normalidad”.

“Esto es una payasada”

Por su parte, el senador Luis Juez consideró que el procedimiento de ayer como “una verdadera payasada, una puesta en escena del fiscal Amayusco para archivar directamente la causa”. El dirigente del Frente Cívico señaló que la Justicia debería haber apuntado a la sede de Ersa en Corrientes “porque es allí donde se organizó la fiesta, se mandaron la invitaciones y se definió el evento”. Luego criticó: “Esta medida llega 53 días tarde respecto de nuestra denuncia penal. ¿Acaso cree el fiscal que encontrará recibos en una computadora?”.

El senador dijo que no existe otro elemento probatorio más contundente que “autoincriminación del propio Cossar cuando reconoció obscenamente que recibieron de Ersa, una empresa contratista del Estado municipal, un viaje todo pago”.

Cabe recordar que el propietario de la prestataria de transporte Ersa, el empresario Juan Carlos Romero, es el titular también de la empresa Lusa que actualmente tiene concesionado el servicio de higiene urbana para la mitad de la ciudad de Córdoba.