“El instituto está trabajando normalmente, fue un pequeño grupo de alumnos, un pequeño grupo de profesores y un gran grupo de personas extrañas al sistema educativo provincial. Estuvieron creando impedimentos al derecho de enseñar y aprender. Esa etapa ha sido superada”, dijo Sosa, mientras las asambleas continúan y hay profesores que no están dando clases. 

Martín Aragón y Mauro Forlani rindieron sus reválidas en el pasado mes de junio, obteniendo dos votos positivos y uno en contra. De igual manera, los votos del tribunal ante el que se hace la reválida no son vinculantes, por lo que los docentes deben ser ratificados mediante un decreto del Poder Ejecutivo, el cual debe emitirse en un plazo de dos días. Un mes después de haber rendido, viendo que no era confirmado en el cargo, Aragón realizó una presentación contra la representante del programa Educación Superior del Gobierno, María José Scivetti, quien no fundamentó, como establece la ley, su voto negativo. Mientras tanto, ambos siguieron cobrando sus salarios, hasta el pasado mes de septiembre, lo que se convirtió en uno de los detonantes de la protesta que comenzó el 1ro de este mes. 

Una semana después de comenzada la protesta, finalmente se emitió el dictamen del Gobierno provincial, estableciendo que no se revalidaría a Aragón y Forlani en sus cargos. “Ellos estaban un proceso de resolver impugnaciones”, fue la única explicación que el ministro Sosa dio en relación a la demora del dictamen gubernamental. Al respecto, cabe recordar que las impugnaciones se hicieron un mes después de rendida la reválida, ya que el correspondiente dictamen no se había emitido dentro del plazo de dos días establecido por la ley.

Más allá de las demoras, lo arbitrario del proceso quedó en evidencia por el simple hecho de que tanto Aragón como Forlani tenían dos votos a favor y uno en contra. Si se hubiera seguido el dictamen del tribunal examinador, ambos tendrían que haber sido revalidados en sus cargos, pero esto nunca ocurrió, dejando al descubierto de que el proceso depende, en su totalidad, del capricho del Gobierno provincial. 

“No se trata… los dictámenes… hay dos cuestiones”, balbuceó Sosa cuando se le preguntó por qué no se revalidó a los docentes, teniendo en cuenta que tenían dos votos positivos contra uno negativo. “Primero, un dictamen ilustra la voluntad administrativa, que puede ser o no vinculante. Y después, la administración toma una decisión en base a los argumentos que se han vertido”, atinó el ministro a decir, reconociendo que el dictamen del tribunal no es vinculante y que todo recae en el capricho del Gobierno.

De igual manera, Sosa considera que esto no le quita transparencia ni hace arbitrario el proceso. “Son cuestiones diferentes, la arbitrariedad no está en eso. Y en caso de que así se entienda, están habilitadas las vías recursivas o judiciales”, concluyó el titular de Educación.