Somos académicos y queremos fiscalizar

Somos académicos y queremos fiscalizar
Los técnicos están para darles mayor credibilidad a las cifras oficiales, pero no reciben del Estado la información necesaria. Un miembro del Consejo exigió a Economía los datos pero no llegan y todo se frena.
El Consejo Académico encargado de analizar las metodologías del INDEC se encuentra en un punto crítico. Los representantes de las cinco universidades convocadas para brindarle más credibilidad al organismo oficial continúan sin recibir la información necesaria para emitir el dictamen final. Un represente del grupo asistió ayer al Ministerio de Economía para exigir que les envíen los datos si pretenden que el Consejo Académico continúe vivo.

"La próxima semana va a ser clave porque el Ministerio de Economía se comprometió a enviar todo el resto de la información durante enero", aseguró un integrante del Consejo. Los representantes de la UBA, la Universidad de 3 de Febrero, Tucumán, Mar del Plata y Rosario no reciben respuestas ni desde el Ministerio de Economía ni tampoco del INDEC, cuando ya pasaron seis meses desde que se oficializó la creación del Consejo Académico.

El representante de 3 de Febrero, Jorge Fernández Bussy, asistió al Ministerio para solicitar información. Aunque en diálogo con Crítica de la Argentina, el licenciado en Estadísticas reconoció que asistió al Palacio de Hacienda pero por otros asuntos.

Los especialistas jugaron una de las últimas fichas a fines del año pasado: durante una conferencia de prensa cuestionaron públicamente a la dirección del instituto de estadísticas por ocultar información. La jugada de los integrantes del Consejo consistió en intentar presionar al titular del Palacio de Hacienda, Amado Boudou, y así poder recibir información que les permita emitir un dictamen final sobre las metodologías y la situación institucional del organismo.

Apenas un día después del evento, el titular del INDEC, Norberto Itzcovich, les transfirió a los integrantes datos sobre el cambio metodológico de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y unas aclaraciones sobre el Índice de Precios al Consumidor.

También Boudou intentó calmar los ánimos, y aseguró que el Consejo recibirá "los datos que hagan falta" para seguir con el control. En un principio, el informe final se iba a emitir durante los últimos días de 2009, pero por la poca predisposición del oficialismo y la extensión del ciclo lectivo, recién se emitiría entre marzo y abril.

"Hoy discutir si conviene o no hacer el censo es un debate sobre una cuestión abstracta porque el Gobierno ya emitió el decreto y fijó la fecha para su realización", aseguró el representante de la UBA, Enrique Zuleta Puceiro.

Los académicos habían planteado dudas sobre la posibilidad de realizar un normal desarrollo del censo y habían propuesto prorrogarlo por un tiempo. "Las dudas continúan, aunque tampoco es un imposible si hay una buena logística y se cuenta con los recursos en tiempo y forma", manifestó Fernández Bussy.

En el Consejo sostienen que con el decreto lo único que pueden hacer en este caso es "orientar en todo lo posible y ofrecer la ayuda para alcanzar resultados que permitan definir políticas públicas" y aprovechar "que las universidades cuentan con muchos especialistas que participaron en la realización de otros censos".

Aunque continuarán exigiendo información sobre la estructura institucional para realizar el censo y también el balance de las dos pruebas piloto que se realizaron en la municipalidad bonaerense de Chivilcoy y en la localidad de Tolhuin en Tierra del Fuego.

Los académicos mantendrán durante las próximas semanas reuniones con distintas especialistas para analizar la situación del INDEC. De estos encuentros ya participó el ex director del instituto, Víctor Beker, y en esta tanda las entrevistas serían con consultores y centros de investigación.

SUBE: dos mil máquinas listas

A casi un año de haber anunciado que implementaría "en 90 días" un sistema de boleto electrónico único para paliar la falta de monedas, el Gobierno abrirá hoy la fase "de implementación definitiva" del SUBE, con la instalación de las primeras 2 mil máquinas validadoras en los colectivos de las empresas metropolitanas.

El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, visitarán hoy los talleres de la empresa Dota, en Banfield, donde comenzarán a colocarse las máquinas.

Según la información oficial, hay "un total de 10 mil equipos que deberán ser incorporados antes del 31 de julio próximo". Se sumarán a los que ya funcionan en el subte y en las líneas de ferrocarriles que conectan la capital con el conurbano.

Consejero sin el plácet de los K

El abogado Juan Guiñazú se desempeña como asesor encubierto del ministro de Economía, Amado Boudou, a pesar de no haber recibido el apoyo del matrimonio K. Actualmente es el nexo entre los representantes del Consejo Académico del INDEC y el titular del Palacio de Hacienda.

Cuando Boudou asumió en Economía y definía los cargos claves, propuso a su compañero de militancia de la Ucedé, Guiñazú, para asumir la secretaría Legal y Administrativa y reemplazar a Ofelia Cédola.

El nombramiento no obtuvo el apoyo de Néstor Kirchner porque el abogado es hijo de un militar represor marplatense y porque se enfrentó con los organismos locales de derechos humanos cuando era secretario de Gobierno del municipio de General Pueyrredón. Sin embargo, hoy es el encargado de contactarse con los representantes del Consejo Académico.

Comentá la nota