SOMICA, signada por la polémica

La empresa mixta estuvo marcada por los conflictos. Ahora está bajo la lupa por la causa en la que se investiga el contrabando de rodocrosita.
Esta última semana, la empresa SOMICA DEM volvió a quedar en el ojo de la tormenta a partir de la causa judicial en la que se investiga la sustracción de rodocrosita del yacimiento de Minas Capillitas que está a cargo de la empresa SOMICA DEM. Este último se suma a otros escándalos que ya pusieron a la empresa en el centro de la polémica. Varios misterios rodean a SOMICA DEM y existen reiterados pedidos de informes al Ejecutivo o denuncias por irregularidades ante Fiscalía de Estado y la Justicia que no obtuvieron respuestas.

El caso reactualizó el debate por la situación de la empresa mixta de la que muy poco se sabe con respecto a su actividad y al aporte que realiza la Provincia.

Según la investigación que se inició en la comisaría departamental de Andalgalá desde Minas Capillitas saldrían toneladas de piedra semipreciosa sin las correspondientes guías y con la consecuente evasión del pago de los cánones establecidos por la Provincia. Desde la empresa manifestaron que tenían en marcha una investigación interna elaborada en base a sospechas. Lo extraño es que hasta el momento no habían realizado ninguna denuncia penal ante las autoridades judiciales, ni tampoco ante la Secretaría de Minería por la extracción del material sin la documentación y el debido pago de los cánones.

Ahora, la fiscalía de Andalgalá analiza tomarle declaración a Raúl Doering, responsable de SOMICA DEM; y a un empresario de apellido Lombardo, quien es titular de Dolphin, la empresa que explota el yacimiento.

Una de las puntas del ovillo de la investigación sobre el "mercado negro" de rodocrosita comenzó en marzo del año pasado, cuando un control de la Policía Minera detectó un cargamento de 6 toneladas del mineral semiprecioso que había salido de la mina sin la documentación. Cada vez que la empresa traslada mineral debe informar a la autoridad minera de la Provincia que provee la hoja de ruta.

En su momento, SOMICA DEM realizó un descargo y consideró el hecho como una "desprolijidad". Sin embargo, según la investigación en curso, el caso iría mucho más allá de un simple olvido y marcó el inicio de una causa en la que se indaga por un supuesto contrabando de minerales. Pero SOMICA DEM viene mal parida desde su constitución.

Ya en 2006, el senador Dalmacio Mera (PJ) había solicitado a Fiscalía de Estado que investigue la posible comisión de delitos en la Sociedad Minera Catamarqueña de Economía Mixta (SOMICA DEM), una empresa que había sido reflotada por el Gobierno a pesar de un fallo de la Corte de Justicia que inició su disolución (Ver cronología).

Mera entendía que la rehabilitación de la empresa mixta desobedecía un fallo de la Corte de Justicia y atentaba contra la Constitución ya que esta veda al Poder Ejecutivo la posibilidad de ceder bienes del Estado.

Un año antes, diputados del justicialismo habían advertido que el Estado provincial podría ser objeto de demandas judiciales a raíz de la reactivación de la empresa SOMICA DEM debido a que la Corte de Justicia ordenó en 2002 su disolución y el retorno del área Cerro Atajo -el aporte que había realizado el sector público al emprendimiento- al patrimonio del erario. Advertían también que Minera Agua Rica LLC, sucursal Argentina, inició las gestiones judiciales para ocupar el área a partir de que había quedado libre debido a la disolución de la empresa.

En junio de 2008, el abogado Julio Andrada también hizo una presentación en Fiscalía General. En aquella oportunidad pidió que se investigue a todos los funcionarios que emitieron los distintos instrumentos públicos sobre SOMICA DEM, así como el funcionamiento de la sociedad. Una de las irregularidades mencionadas por Andrada es la presunta subvaluación del aporte estatal a la empresa. Según Andrada se valuó todo un sector minero donde fueron descubiertas más de 15 minas por el valor de una.

La situación legal y patrimonial de SOMICA DEM es poco clara. Así lo expresaron senadores de la oposición cuando apuntaban que la sociedad es inexistente porque fue declarada nula de nulidad absoluta por la Corte de Justicia. Ahora, la Justicia indaga sobre la administración de los recursos minerales.

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