La solución, en manos del Ejecutivo

Por Adrián Ventura

El Gobierno hizo de los juicios contra la represión una bandera política. Pero la responsabilidad de gobernar exige mucho más que eso: para pedirles celeridad, el Poder Ejecutivo debe gestionar, es decir, debe darles los recursos necesarios para trabajar. Esto es lo que ahora señala la jueza Carmen Argibay.

Por un lado, más allá de que algunos jueces fueron injustificadamente morosos en el trámite de estos expedientes, el grueso de los magistrados se volcó a su tratamiento. Las demoras, ahora, se deben básicamente a problemas operativos. Y, por el otro, cuatro años no es mucho tiempo para sustanciar estas megacausas, si se compara con los años que tardan en sustanciarse las causas penales y civiles por hechos comunes.

De una vez por todas, hay que dotar de recursos a toda la Justicia y no sólo para los juicios de derechos humanos, sino para todos los tribunales, para modernizar el sistema

Los juicios contra los represores fueron reabiertos gracias a la prédica del ex presidente Néstor Kirchner. En 2003, el ex mandatario logró la remoción de sus integrantes y nombró a los nuevos miembros. De la Corte anterior subsisten varios jueces, pero contra ellos jamás hubo reproche alguno.

A partir de aquel momento, el nuevo tribunal tomó en pleno la posta de los derechos humanos y dictó varios fallos que condujeron, inexorablemente, a la sentencia más importante de esta materia, en 2005: el fallo Simón declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad..

* * *

Pero este fallo no conllevó una inmediata reacción del Poder Ejecutivo para dotar de medios a la Justicia ni nombró los jueces suficientes para cubrir las vacantes abiertas. La magia y la diatriba política hicieron olvidar la gestión.

Desde entonces, los jueces se arreglaron para cargarse a sus espaldas el trámite de 1000 expedientes, entre ellas muchas megacausas que involucran a cientos de represores y de testigos.

Hubo algunas demoras sin motivo, los organismos de derechos humanos protestaron, un juez renunció y otros casos se destrabaron. Pero, en general, faltaron gestión y recursos.

Tan miserable es la situación de la Justicia que en estos días los magistrados de un tribunal oral federal recorrían las calles de San Martín para encontrar un local donde celebrar la audiencia de una megacausa que comienza a fin de mes. La Justicia argentina no se parece en nada a los juicios orales que vemos en las películas de Hollywood ni estos juicios son tan sencillos

El Consejo de la Magistratura, organismo que es responsable de asignar los recursos materiales del Poder Judicial, también colaboró para el descalabro. El organismo tiene un presupuesto de 500 millones de pesos para informatizar a todos los tribunales, pero duermen en un plazo fijo. Y el Gobierno tiene la exclusiva culpa de su inacción porque, hace dos años, reformó el organismo, lo maniató y lo politizó aún más, para controlar por su intermedio a los jueces. Nada más amañado que el nombramiento de los jueces federales, un concurso actualmente en trámite.

Por su parte, sólo el año último el Congreso dictó varias leyes que pueden contribuir a una solución. Pero los legisladores nunca se avinieron a sancionar una ley para agilizar el trámite de megacausas, como reclamó en diciembre último Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte.

Argibay, con sus declaraciones de ayer, encarna a una Corte que fue mayoritariamente nombrada por este gobierno pero que, en su conjunto, dio señales inequívocas de una independencia que el Poder Ejecutivo jamás imaginó que tendría y a la que el país y la política no están acostumbrados.

Algunos jueces son sutiles: Lorenzetti, con las acordadas que promueve; otros, más claros, como Carlos Fayt, que en diciembre acusó por las demoras a los poderes políticos y, Argibay, con su estilo frontal. ¿Quién puede cuestionarle a Argibay que no sea progresista? Es respetada por los organismos de derechos humanos y fue designada a instancias de la entonces senadora Kirchner. Argibay tan sólo reclamó seriedad.

Comentá la nota