Sólo unos veinticinco productores pidieron emergencia por sequía.

Hoy a las 18:00 en la Municipalidad, la Comisión local de Emergencia Agropecuaria recopilará todas las planillas correspondientes a las declaraciones juradas presentadas, a los efectos de evaluarlas y homologarlas para su posterior envío al Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a la metodología empleada, los productores -propietarios o arrendatarios- podían presentar sus solicitudes en las Cooperativas Agrícolas de Conesa y General Rojo o en la Secretaría de Desarrollo Económico. Según indicó a EL NORTE esta última dependencia municipal el pasado viernes, hasta el momento, entre los tres lugares de recepción, se llevan recolectadas aproximadamente 25.

En la reunión de la presente jornada se definirá la manera de implementar la distribución del subsidio a los productores de trigo, que fuera traído a nuestra ciudad por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, en su visita del 15 de abril pasado.

La Comisión local de Emergencia Agropecuaria fue constituida en nuestra ciudad en marzo, de acuerdo a la Ley Provincial Nº 10.390 y sus reglamentaciones. Está presidida por el intendente Marcelo Carignani e integrada por representantes de: las Cooperativas Agrícolas de General Rojo y Conesa, INTA y ARBA San Nicolás, Concejo Deliberante, Federación de Comercio e Industria, Banco de la Nación Argentina y Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Sólo tres mil productores

Días atrás, un informe de DIB destacaba que sólo 3.000 productores bonaerenses pidieron la emergencia agropecuaria por sequía. El sector, lo atribuye al "escepticismo" de los chacareros.

Apenas 3.000 productores bonaerenses de 44 distritos afectados por la histórica sequía que devastó los campos en los primeros meses del año pidieron la emergencia y el desastre agropecuario que permite, según la categoría de la declaración, prorrogar o eximir el pago del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) y obligaciones con el Banco Provincia.

Altas fuentes del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense expresaron "sorpresa" por el escaso número de presentaciones dado que esperaban unos 20 mil pedidos teniendo en cuenta la magnitud de los daños de la sequía estimados para la provincia en 2.100 millones de dólares.

No obstante, los productores podrán presentar la declaración jurada de pérdidas en sus explotaciones hasta el 31 de agosto próximo, fecha en que expira el decreto 84/09.

El gobierno provincial prevé que los pedidos para agosto no superarán, en total, los 5.000.

Escepticismo

Sin desmentir las cifras provinciales, desde Carbap indicaron que las escasas presentaciones responden al "escepticismo" de los chacareros. "El problema es que el gobierno nacional se atrasa en la homologación de las emergencias provinciales. Para el productor es más importante diferir los impuestos nacionales, como Ganancias, y esto puede demorar hasta un año" dijo el director ejecutivo de Carbap Alfredo Rodes.

En Provincia, aducen tres causas para explicar el bajo número de presentaciones: que las entidades rurales "inflaron" la situación de la sequía; que en algunas zonas las lluvias y el repunte de los precios internacionales de la soja mejoró el panorama; y que los productores no piden la emergencia porque de ese modo están acreditando su insolvencia a la hora de solicitar créditos. "Es mucho más difícil que consigan un préstamo cuando están prorrogando impuestos", indicaron las fuentes.

En tanto, la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia (CEDABA) -organismo con peso decisivo del Ejecutivo a la hora definir el otorgamiento de las declaraciones solicitadas- rechazó el cinco por ciento de las 3.000 presentaciones, que ahora volverán a los municipios para ser verificadas y reevaluadas.

La semana pasada, cerca de 100 empresarios nucleados en la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) pidieron al Gobierno que se generen mecanismos para que el comercio y la industria accedan a beneficios impositivos en las zonas más afectadas por la sequía, en donde la actividad comercial "cayó entre el 70 y el 80 por ciento".

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