Sólo 33 productores pidieron la Emergencia Agropecuaria.

Recibieron el certificado por emergencia 18 establecimientos y otros 13 por desastre agropecuario. En dos solicitudes hubo errores que impidieron la aprobación. Hay coincidencias en la necesidad de realizar reformas en la ley provincial
El 26 de enero, luego de que durante varias semanas los principales canales televisivos de la capital federal emitieran imágenes de vacas muertas, lagunas secas y pobladores afectados por la sequía más feroz de las últimas décadas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró la emergencia agropecuaria para combatir la sequía y tras esto el gobernador Daniel Scioli declaró la emergencia en 71 partidos de la provincia, entre ellos Tres Arroyos.

Desde los gobiernos nacionales y provinciales, se dijo entonces que las medidas representarían un alto costo para las arcas del Estado. Pero desde las dirigencias rurales se indicó que tales disposiciones eran necesarias, pero insuficientes.

Transcurridos más de cinco meses desde los anuncios, ya cerrado el plazo para pedir el certificado de emergencia y/o desastre agropecuario, el escepticismo de las entidades rurales se ajustó más a los hechos que las expectativas generadas desde el gobierno.

Los datos oficiales

De acuerdo a la información otorgada por la Secretaría de Producción, en nuestro distrito -que estimativamente posee unos 600 productores agropecuarios-, sólo 80 personas se informaron y retiraron los formularios de emergencia y/o desastre agropecuario. De la citada cantidad, sólo 33 presentaron el formulario ante la dependencia pública hasta el 30 de abril, fecha en que venció el plazo para realizar los trámites.

Según explicó un funcionario de la mencionada Secretaría, de los 33 interesados que completaron los formularios, dos tuvieron errores que no les permitieron prosperar, 18 recibieron el certificado por emergencia y 13 por desastre agropecuario.

Cabe recordar que el trámite para recibir el dichos certificados, comenzaba en la Secretaría de Producción, donde se les informaba los pasos a seguir, se presentaban los formularios, luego éstos se evaluaban en la comisión local de Emergencia Agropecuaria (compuesta por las entidades rurales y la Municipalidad) y se enviaban a La Plata. En la capital provincial se otorga o rechaza el pedido. Es importante considerar que la emergencia se aplica para pérdidas de entre el 50 y el 80 por ciento de la producción, mientras que el desastre corresponde a pérdidas superiores al 80 por ciento.

Los certificados le permiten a los productores presentarse ante ARBA (la agencia recaudadora de la provincia de Buenos Aires) o ante la AFIP (en el caso del impuesto a los bienes personales y ganancias) para prorrogar por seis meses los tributos, si se vieron comprendidos por la emergencia, o acceder a la condonación, si obtuvieron los beneficios por desastre agropecuario.

Una prórroga

Para el presidente de la Sociedad Rural, Mariano Astiz, la solicitud fue realizada sólo por poco más de 30 productores "por los pocos beneficios que tiene la ley". En este sentido, puntualizó: "Lo único que hace es prorrogar el impuesto inmobiliario y el pago de los intereses y amortización por los préstamos que tengas en el Banco Provincia".

Según el dirigente rural, "lo más complicado de la Ley 10.390 (la Ley de Emergencia Agropecuaria de la provincia), es el tema ganadero. En ganadería, los plazos son mucho más largos. Por ejemplo, vos podés declarar que estás en emergencia por una merma importante en la preñez de las vacas, te dan el certificado por seis meses, pero las consecuencias se van a ver, haciéndolo en este momento, de acá a nueve meses, cuando nace el ternero o deja de nacer por falta de preñez y a futuro porque va a ser un ternero, un novillo o una vaquillona que va a faltar".

También sostuvo que "otro de los problemas que tiene esta norma es que lo único que contempla es la prórroga del vencimiento del impuesto inmobiliario". Por lo cual, subrayó que "debería abarcar a todos los tipos de impuestos que paga el productor o hacerle una quita definitiva en un determinado porcentaje de algún impuesto, para que realmente se sienta aliviado. Si un productor está en emergencia hasta el 30 de junio, el 1° de julio tiene que pagar el impuesto que corresponde al período de julio-diciembre además de los que prorrogó en el primer semestre".

Sin crédito

El secretario de Producción de Tres Arroyos, Guillermo Salim, indicó que quienes acceden a la emergencia agropecuaria "no son sujetos de crédito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de todas las gestiones que se hicieron con el directorio del banco y con el ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó, eso sigue igual".

El funcionario puso de manifiesto que "lo que hacemos en la Secretaría es asesorarlos. Les informamos de las condiciones y cada productor ve su situación particular. El que tiene que pagar mucho impuesto a las ganancias o bienes personales y quiere prorrogarlo para el año que viene, por ahí optó por presentarse y el que necesitaba solicitar un préstamo no se presentó".

En tanto, Astiz recordó que en verano mantuvo una reunión con el ministro Monzó y leyeron en conjunto un artículo de la ley; "precisamente dice que el directorio del banco está facultado para otorgarle créditos a productores en emergencia", explicó. Sin embargo, los establecimientos afectados no han accedido a beneficios crediticios. Por tal motivo, observó que "hay un tema más profundo que sería reformar la ley. En su momento, se dialogó en el Senado de la Provincia y hasta se habían hecho algunos proyectos, pero no llegó nunca a feliz término".

La tasa a la hectárea no se toca

Esteban Knudsen es uno de los 13 productores tresarroyenses que accedió al certificado de desastre agropecuario. Tuvo más del 80 por ciento de pérdidas en su establecimiento de la zona de Micaela Cascallares.

En un diálogo con este diario, dijo que reclamó ante funcionarios municipales la postergación o derogación del pago de la tasa a la hectárea, debido a la crítica situación. Posee el campo junto a la ruta -"por eso no tengo ningún servicio", indicó- y según planteó, realizó un reclamo en una oficina de la Municipalidad, donde le dijeron que "desde La Plata no bajaron nada" que permitiera evitar pagar la tasa. "Me parece que quien debe decir si se debe pagar o no es la Municipalidad. ¿Por qué siempre hay que estar golpeando 20 puertas para lograr algo, cuando en realidad la que tiene que hacer la gestión es la misma Municipalidad? Es una tasa de aplicación distrital", argumentó.

Guillermo Salim afirmó que no se evaluaron prórrogas porque "los productores ni siquiera lo piden. Como es una tasa retributiva de servicios, si no pagás, no hay servicios y justamente cuando hay sequía es cuando más necesitás el mantenimiento del camino. En el campo reconocen que el trabajo del ente descentralizado es bueno". Mariano Astiz opinó que "los administradores del ente descentralizado somos los mismos productores, entonces, por ahí se puede producir un enfrenamiento inútil por una cosa que en este momento marcha bien".

Knudsen pagó igualmente la tasa municipal y reconoció que el ente descentralizado "está trabajando muy bien", pero insistió en que "tal vez no sea muy caro lo que hay que abonar, pero cuando la cosa viene pesada, todo lo que no se cobre suma".

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