Sólo el 3% de los millones del juego llega al Estado

Los operadores obtienen cuatro veces más; en Capital y provincia se apuestan $ 70.000 millones
El negocio del juego puso en alerta a la política, a la industria del azar y al clero la semana que pasó. La dirigencia expuso la lógica de que más juego significaba más recursos para obras, salud y educación. Pero es sólo una parte de la verdad. En la suma de dos distritos como Buenos Aires y la Capital se juegan unos 70.000 millones de pesos en el año. De ellos, los Estados se quedan con menos de $ 2200 millones. Es el 3,15 por ciento. Las empresas concesionarias obtienen casi cuatro veces más y el resto se divide entre gastos y premios.

Los municipios quedan más relegados todavía que las provincias, pues los dueños del juego son los Estados nacional y provinciales, según la legislación nacional.

La cuestión es que el reparto hacia el interior de cada provincia resulta ínfimo. En Buenos Aires, por ejemplo, se proyectan para 2009 unos 2000 millones de pesos de ingresos por el juego. Las municipalidades que tienen salas de apuestas se quedarán, en promedio, con un millón de pesos cada una. No obstante estas asimetrías, esta última semana varios jefes provinciales justificaron su vocación por extender los lazos de la industria lúdica en el reclamo de los municipios y la ampliación de los ingresos.

Van tres casos: el gobierno de Daniel Scioli proyecta para 2009 la ampliación de la cantidad de distritos con bingos y tragamonedas con el argumento de que es un reclamo de los intendentes. Mauricio Macri amagó con renovar el actual convenio que une a la ciudad con Lotería Nacional para duplicar las ganancias que le dejan las tragamonedas y el casino, a cambio de extender la licencia de la explotación en suelo porteño, donde la ley local prohíbe la instalación de salas de juego. Y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aseguró que aumentará la cantidad de tragamonedas en un 80% a pedido de las comunas turísticas. También afirmó que así incrementará de 4,5 a 11 millones de pesos los ingresos anuales de la provincia.

Algunos jefes comunales se desviven por obtener esas autorizaciones, pues no sólo recibirían dinero fresco para obras (en algunos casos, representa el 10% del presupuesto de infraestructura), sino que se beneficiarían por ingresos indirectos, como la generación de empleo y el consecuente crecimiento de la actividad económica dentro del distrito.

Hablando en números, Scioli recibió del juego, hasta octubre de este año, el equivalente de todo el presupuesto del Poder Judicial, la mitad del de Seguridad o un 50% más que el presupuesto destinado a obras.

En Pergamino, se financió la construcción de la sede de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia (Unnoba). Y en la ciudad de Buenos Aires, lo ingresado en 2008 iguala el presupuesto de infraestructura escolar.

El argumento del financiamiento presupuestario no convence a todos, sin embargo. El diputado provincial Walter Martello (Coalición Cívica), que investigó el negocio del juego, aseguró que la ley de bingos prohíbe a los municipios cobrar tasas locales a las salas de juego. Como el tributo debería ser un porcentaje de la recaudación, los municipios pierden ingresos. El negocio va a otra parte.

La Iglesia, además, insiste en que el crecimiento del juego genera ludopatía y eso destruye familias, como mencionó monseñor Jorge Casaretto, obispo de San Isidro.

Actualmente, la ley bonaerense permite que haya 46 salas de bingos en 32 municipios. La empresa española Codere es la mayor operadora, con 14 de ellas. Scioli analiza abrir ocho salas más. Y la oposición plantea que éste es el camino para que ingrese en suelo bonaerense el empresario patagónico Cristóbal López, vinculado con Néstor Kirchner y dueño de Casino Club, la mayor cadena de juego de la Argentina.

López tiene casinos en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Misiones y la ciudad de Buenos Aires. Le falta entrar en Córdoba, donde el grupo Roggio obtuvo todas las licencias durante el gobierno de José Manuel de la Sota, y en Buenos Aires.

En Córdoba, donde hay nueve casinos, el Estado se queda con sólo el 30% de las ganancias de las tragamonedas. Roggio, con el 70% restante. En Buenos Aires hay 10 casinos. Los gerencia la provincia, pero las operaciones de las tragamonedas son de la empresa Boldt, que luego obtiene la mayor parte de las ganancias.

Vencimientos

En 2009, Scioli deberá evaluar a fondo la situación del juego en su provincia, pues vencen entonces las licencias de quiniela, los permisos de algunos bingos y la concesión del casino Trilenium, de Tigre, el más grande de Buenos Aires. Por las dudas, el gobierno provincial incluyó un aumento del 30% por los ingresos por el juego en el presupuesto 2009.

No sólo el reparto de los ingresos genera críticas. También el control, que muchos juzgan liviano.

Consultado por LA NACION, Héctor Luna, que manejó en la Argentina los intereses de Codere, aseguró que en este negocio "debe haber, primero, una fuerte regulación estatal; después, un régimen transparente de adjudicación y renovación de licencias, y, finalmente, un firme control de flujos de dinero". Si no, el sistema permite el lavado de dinero y la financiación de la política.

El sistema mueve miles de millones por año en todo el país. La Iglesia se queja. La oposición denuncia acuerdos poco transparentes. Y los gobernadores claman por el crecimiento del negocio. En el medio, el reparto de ganancias resulta desigual y desequilibrado. Esa es la realidad del juego en la Argentina.

2000

Millones de pesos

* Es el monto que, por ingresos del juego, estima que recibirá en 2009 el gobierno bonaerense.

11

Millones de pesos

* Es lo que Juan Schiaretti quiere recibir anualmente por el juego. Hoy, Córdoba percibe $ 4,5 millones.

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