No sólo el dengue azota a Tucumán

Justo cuando la Nación dispone mandar $ 200 millones a la Provincia para financiar obras públicas, el alperovichismo decide restringir la difusión de las licitaciones. Por Alvaro Aurane - Editor de Política.

Público: del latín publicus: "oficial, público". Derivados: publicano (del latín "publicanus"), publicidad, publicista, publicar (del latín "publicare"), publicación.

Breve diccionario etimológico, de Joan Corominas.

Tucumán recibirá durante lo que queda de este año unos $ 200 millones más que lo que tenía previsto cuando comenzó el año. Ese dinero proviene de las retenciones que la Nación aplica a las exportaciones de la soja: el 19 de marzo, la Presidenta anunció que el 30% de lo que se recaude por ese impuesto al comercio exterior será coparticipado a las provincias. Fue entonces cuando el alperovichismo supo que a partir de abril recibirá fondos extraordinarios hasta completar un quinto de millar de millones. Eso sí, la plata tendrá afectación específica: financiar obras de infraestructura social.

El sábado pasado, apenas 16 días después de la medida kirchnerista, la Casa de Gobierno, por medio de su sucursal de Rivadavia primera cuadra, hizo dictar una norma mediante la cual, en las formas, derogó la obligación que tenía el Ejecutivo de garantizar la mayor difusión posible de las licitaciones públicas para (qué casualidad) la construcción de obras. En el fondo, lo que la Legislatura hizo fue abrogar la existencia misma de las licitaciones públicas, porque ya no serán publicitadas. Publicadas. Públicas.

Lo que ocultarán

El martes pasado, el gobernador convirtió aquella disposición en la Ley 8.175. Gracias a ella, las convocatorias para encarar construcciones que se pagarán con el dinero del pueblo ya no se publicarán en los medios de mayor circulación de Tucumán, que garantizaban una masiva divulgación de los negocios del Estado.

En adelante, los llamados aparecerán sólo en el Boletín Oficial, para que se enteren del asunto quienes leen sus -menos de- 1.000 ejemplares durante las jornadas en que es impreso, porque ni siquiera es publicado todos los días hábiles. Y aparecerán en la página web oficial, para que lo vean los tucumanos que tienen acceso a internet, que adopten la cultura de revisar todos los días ese sitio virtual (tan virtual como la transparencia del gasto público de esta provincia) y que sepan dónde buscar anuncios de licitaciones.

En cuanto a los medios, la Provincia sólo deberá comunicar "la información pertinente, por lo menos, a uno de los diarios de circulación en la Provincia". Es decir, con sólo enviar un comunicado de prensa a un diario nacional (también circulan en la provincia) estará cumplido el deber legal, con independencia de que eso salga publicado, o no.

Dicho de otro modo, el oficialismo legislativo acaba de resolver, para regocijo de su patrón, que los tucumanos no van a saber qué va a hacer el alperovichismo con $ 200 millones durante los próximos ocho meses, de los cuales tres corresponden a la campaña electoral para los comicios nacionales del 28 de junio. Tampoco sabrá la sociedad a quiénes les entregará el gobernador esos dineros. E ignorarán por completo cuál es el precio que el Gobierno asignará a las obras que contratará mediante supuestas licitaciones públicas, definitivamente privadas de difusión masiva.

Increiblemente, el sector empresario, lejos de reclamar garantías de transparencia en la adjudicación de obras, dio un aval explícito a la medida oficial. Quien quiera sospechar, que sospeche.

La sombra

Si algo faltaba para comprobar que en Tucumán el sistema republicano de gobierno es un sueño eterno, ahí llegó la Ley 8.175 para dar fe del peligroso desequilibrio institucional que corroe a la provincia. Porque lo que esa ignominiosa ley determina es que aquí el que gobierna no debe hacer públicos sus actos de gobierno.

En la historia de Occidente, un elemento sustancial en la diferenciación de los regímenes republicanos y democráticos respecto de los sistemas autoritarios estuvo dado, precisamente, por la publicidad de los acciones de los gobernantes: sólo el déspota se creía exceptuado del deber de rendirles cuentas a sus gobernados, porque estos no eran considerados ciudadanos sino súbditos condenados al capricho del tirano.

Ahora bien, si esos actos de gobierno que van a ser ocultados (celebrados a la sombra de la luz pública) están vinculados con el dinero del pueblo, la cuestión ya no sólo se circunscribe a las garantías del debido gobierno, pautadas por el derecho constitucional, sino que comienzan a caminar también por el filo del derecho penal y la debida administración de los fondos públicos.

La perversión

Lo más alarmante de todo este asunto es que el gobernador entiende que los tucumanos tienen que darle las gracias por lo que acaba de hacer. Porque en realidad él está ahorrándoles dinero a sus comprovincianos. Como lo obsesiona la transparencia en el manejo de la cosa pública, decidió hacer el esfuerzo de gastarse $ 200 millones del pueblo lejos de la vista del pueblo, para no tener que pagar más avisos.

En concreto, el mandatario ha dicho que hizo dictar la Ley 8.175 porque hay un medio -este medio- que le cobra muy caro los avisos al Estado, ya que tiene el monopolio de esas publicaciones. Cuatro cuestiones se desprenden de su afirmación.

En primer lugar, resulta penoso que el titular del Ejecutivo responda en términos monetarios a los principios que fundan la democracia y la república. Está en juego la difusión de los actos del Estado, no la publicidad oficial.

Pretender endilgarles a los medios (cualquiera que fuera el medio) la responsabilidad del Gobierno por la difusión de sus propios actos es una perversión institucional inaudita. Porque el alperovichismo no sólo está obligado éticamente sino que está compelido legalmente a difundir las actuaciones de su gestión: en especial, las licitaciones públicas.

De hecho, tal como lo puntualizaron el Grupo Alberdi y el legislador Esteban Jerez, la Convención Interamericana contra la Corrupción (en la Argentina, Ley 24.759) establece en sus "Medidas preventivas" que los Estados que la suscriben aplicarán las medidas destinadas a fortalecer "los sistemas para la adquisición de bienes y servicios que aseguren la publicidad, la equidad y la eficiencia" de esos mecanismos de compra.

Lo falso

En segunda instancia, la Ley 5.854, a la cual modifica la 8.175, exigía en su formulación original, que toda obra pública sometida al procedimiento de licitación fuera anunciada mediante avisos publicados durante cuatro días "en el Boletín Oficial y en un diario, por lo menos, de los de mayor circulación de la Provincia".

En consecuencia, no es cierto que haya estado monopolizada la publicación de la información.

El secreto

En tercer término, y con independencia del carácter rayano en lo injurioso de las manifestaciones del gobernador, no deja de resultar llamativo que él refiera a una cuestión que su gestión esconde como si fuera un secreto de Estado: el detalle de los gastos de la publicidad oficial.

El alperovichismo jamás quiso exhibir las planillas en las que aparece discriminado cuánto se asigna a cada medio en esta provincia. Este diario solicitó infructuosamente esa información durante el curso de esta semana al Poder Ejecutivo, como lo hizo con anterioridad con esta y con otras gestiones. De hecho, durante la gobernación mirandista fue publicado un informe en que se daba un exhaustivo detalle al respecto.

Con esos datos, que deberían ser públicos por cuanto refieren a gastos de dineros públicos, se puede determinar cuánto se paga a diarios cuyo tiraje está auditado por organismos nacionales como el Instituto Verificador de Circulación (IVC) y también cuánto paga a emisoras radiofónicas de AM y de FM, así como a los canales de televisión.

Lo dispendioso

En cuarto lugar, resulta sorprendente la audacia oficial para proclamar la necesidad de ahorrar. Por supuesto, determinaron que lo primero en lo que debían ahorrar es en la difusión de las licitaciones públicas.

Es curioso, por un lado, que en cinco años y medio de Gobierno, al alperovichismo no se le haya ocurrido sino hasta ahora una idea semejante. El gobernador tampoco previó la medida cuando aprendía el oficio gubernamental al lado de su padre político, Julio Miranda, mientras se desempeñaba primero como su ministro de Economía y después como su representante en el Senado. Eso sí, a Miranda la Nación no le había anunciado el envío de $ 200 millones para obras públicas.

Es inquietante, por otra parte, que esa vocación por la austeridad no se traduzca en otras erogaciones del mandatario. Por ejemplo, en la compra del avión oficial (también llamado avión sanitario), que usa para ir y venir de Estados brasileños con playa, o de Buenos Aires, adonde acude a menudo a integrar el coro de aplaudidores kirchneristas. No lo angustió nunca que, como consecuencia de esos periplos, la Provincia haya debido pagar aviones sanitarios de verdad, provenientes de otras provincias, para trasladar tucumanos enfermos.

Tampoco lo obsesiona la austeridad cuando el helicóptero oficial lo pasa a buscar por la esquina de su casa (aterriza en el parque Guillermina), incluso durante feriados o fines de semana. Y para qué hablar de lo poco ahorrativa que fue la compra por $ 100.000 del Peugeot 407 que adquirió en 2006 para la representación oficial de Tucumán en Buenos Aires. Esa operación seguía, a fines de 2008, pendiente de regularización en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, porque el auto (a menudo estacionado no en la Casa de Tucumán sino en las cercanías de un parque de Palermo) fue comprado sin licitación pública.

La peste

"Pero tanto o más peligrosa que la promulgación de la Ley 8.175 resultan las declaraciones del gobernador, en las cuales manifiesta que él mismo ha impulsado esta modificación en directo desmedro del diario LA GACETA (advirtió la senadora Delia Pinchetti). Esas manifestaciones de (José) Alperovich son la confirmación de que el Estado ahora usa los poderes políticos con la irracional finalidad de dictar leyes en contra de las personas: en este caso, de una persona legal como es el diario LA GACETA. Semejante confesión -precisó- hace patente la inadmisible desviación institucional de Tucumán".

El dengue no es el único mal que encuentra en Tucumán un clima propicio para extenderse.

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