La ley de Fomento a las Inversiones en Salud está vigente desde el 2012, pero sólo cuatro clínicas privadas han optado por utilizar los beneficios que otorga, a cambio de la realización de obras de ampliación edilicia, adquisición de aparatos, insumos, o capacitaciones. “Lo que brinda esta ley son distintos incentivos para fomentar la inversión del sector privado, para mejorar la prestación del servicio. Hay algunas clínicas que han accedido, pero deberían ser más las que se sumen a este beneficio. Si bien muchos se interiorizan, no lo concretan”, dijo el ministro de Salud, Gastón Hissa, a El Diario de la República.

Las cuatro firmas que han aprovechado la ley son DBT SRL, una empresa de servicios médicos especializada en diabetes; VIDT Servicios de Radioterapia; Integra Servicios Médicos; y la Clínica del Niño, ubicada en Villa Mercedes. “En todos los casos han sido inversiones en equipamiento y en algunas fue ampliación en la infraestructura. Todos han optado por las exenciones impositivas y el subsidio de la tasa de interés”, contó el ministro.

La legislación establece que los proyectos de más de 500 mil pesos para clínicas, sanatorios, laboratorios, centros, institutos, y consultorios privados de la provincia gozarán de beneficios como subsidios de hasta el 30% para la compra de medicamentos elaborados por Laboratorios Puntanos. Además contarán con aportes para la formación de profesionales, ya que el Estado se hará cargo del valor total o parcial de las capacitaciones, siempre y cuando el 50% del cupo previsto de asistentes esté destinado a trabajadores de la salud pública. Otro de los incentivos será a través de la exención de impuestos provinciales  (tributos sobre ingresos brutos, inmobiliarios, impuestos de sellos, automotores, entre otros) de manera gradual por diez años. Los primeros cinco años tendrá un 100% de cobertura, los cuatro siguientes un 50%, y el último año un 25%.

También podrán acceder a un certificado de crédito fiscal por un  importe equivalente al 50% del monto de los impuestos provinciales percibidos en el período fiscal; y otro 50% que equivaldrá al costo del equipo de computación de los profesionales médicos que lo hayan adquirido. Además contarán con contribuciones durante dos años en la contratación de beneficiarios del Plan de Inclusión Social como personal. El Estado se hará cargo del 100% del sueldo durante los primeros seis meses de trabajo, del 75% durante el segundo semestre, del 50% en los otros seis, y del 25% en el restante medio año. Otro de los beneficios tiene como objetivo un aporte total o parcial a la tasa de interés de los créditos solicitados para los proyectos de inversión.

"A ellos les interesa el tema del aporte a la tasa de interés pero se encuentran con complicaciones en las líneas de crédito en las entidades financieras. Creemos que se le debería dar mayor utilidad”, agregó Hissa.

“Nosotros brindamos esta herramienta beneficiosa para todos aquellos que tengan en sus planes realizar una inversión, y si no lo tienen en mente, que esta ley les dé un empujón para mejorar la calidad de servicios a los pacientes. Y eso también irá en beneficio de la salud en su totalidad, ya que crecería el sector privado, de manera paulatina y de una forma no tan asimétrica con la salud pública”, expresó el funcionario, quien aseguró que “el Gobierno de la Provincia invierte mucho de sus recursos en infraestructura, aparatología, recursos humanos, capacitación, y lo que se busca es que el sector privado también lo haga. Esto es bajo la premisa de que la salud es una, tanto la pública como la privada, y es para todos los sanluiseños”. Y aclaró que "el objetivo es ayudar al privado a reinvertir o invertir recursos, no es a título de crítica ni de decir que no lo hacen, sino que hay una herramienta en la palma de la mano que pueden utilizar mucho más".