El TSJ solicitó un informe al ministro Pérez por incumplimiento

El Tribunal Superior de Justicia resolvió en su última acordada requerirle al ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad, César Omar Perez, un informe sobre el incumplimiento por parte de la Policía de una orden judicial que establecía la vigilancia de un terreno de Junín de los Andes, lo que permitió la posterior toma del predio.
El Tribunal Superior de Justicia resolvió en su última acordada requerirle al ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad, César Omar Perez, un informe sobre el incumplimiento por parte de la Policía de una orden judicial que establecía la vigilancia de un terreno de Junín de los Andes, lo que permitió la posterior toma del predio.

En el Acuerdo 4363 del viernes pasado, el TSJ resolvió una medida poco usual entre los poderes del Estado, un pedido de informe al ministro a efectos de "asegurar la plena vigencia y supremacía de la Constitución".

Todo comenzó con una denuncia sobre usurpación de un terreno municipal que presentó el viceintendente de Junín, Diego Markovesky. El juez de Primera Instancia de esa localidad, Federico Sommer, ordenó el 9 de marzo al jefe de la Comisaría local tomar medidas tendientes a evitar la consolidación de las ocupaciones que se estaban desarrollando en Junín de los Andes.

Luego, el magistrado verificó la presencia de construcciones de madera y ausencia de vallado policial, que configura una falta de cumplimiento de la orden. Según expresa el acuerdo del TSJ, el juez volvió a requerirle al titular de la Comisaría Nº 25 que dé cumplimiento a la medida pero éste le informó que por directivas impartidas por el ministro de Justicia, y a pedido de algunos vecinos y concejales de la ciudad, se dispuso a retirar los grupos especiales por parte de la Policía.

Según comentó el comisario, el ministro le solicitó el incumplimiento de esa orden por "tratarse de tomas pacíficas y el hecho de que la presencia de los mencionados grupos de la fuerza de seguridad generarían cierto malestar entre los ocupantes".

El Juzgado de Primera Instancia le expresó al TSJ que la situación relatada excede su marco de decisión. "Cuando las órdenes impartidas por los magistrados del Poder Judicial no se cumplen, por circunstancias ajenas al él, debe determinarse en cabeza de quien recae la responsabilidad. Esta situación excede el marco de la decisión de un caso concreto y se proyectó de manera general sobre el funcionamiento de las instituciones de la República. En tal sentido, le corresponde a este Cuerpo en su carácter de guardián supremo de la Constitución, tomar intervención a efectos de asegurar su plena vigencia y supremacía".

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