Solicitan que la Provincia adhiera a la moratoria fiscal de la Nación

Planteo de empresarios y profesionales locales.
Un grupo de instituciones que nuclean a empresarios y profesionales de Tucumán remitieron una nota al gobernador, José Alperovich, en la que entre otras cuestiones le solicitan que la Provincia se adhiera a la moratoria fiscal que impulsó el Gobierno nacional y que fue convertida en ley por el Congreso de la Nación.

El escrito fue suscripto por Felipe Antonio Salas (presidente de la Unión Industrial de Tucumán), por Raúl Robín (titular de la Federación Económica), por Ricardo Nassif, (de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán) y por Juan Carlos Morell, (presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán). Allí plantean observaciones e inquietudes a la ley que promueve el régimen de normalización tributaria, de los recursos de la seguridad social, normas de promoción del empleo y del denominado “blanqueo de capitales. “No podemos dejar de destacar que posibilitar un amplio blanqueo de capitales puede permitir legitimar actividades delictivas vinculadas con el narcotráfico, drogas y tráfico de armas, que no deberían estar cubiertas por una normativa como la que se analiza. Este aspecto resulta sumamente cuestionable, generando un manto de sospecha que conspira contra el logro de los objetivos perseguidos”, plantearon las instituciones intermedias.

Además, destacaron las siguientes cuestiones:

•Solicitaron un reconocimiento para los contribuyentes que, pese a los problemas financieros actuales, cumplieron con sus obligaciones tributarias y previsionales. Exigieron para ellos que se les otorgue beneficios especiales para paliar de alguna manera lo que calificaron como una evidente desigualdad con los que se acojan al régimen de regularización. “Es fundamental procurar e incentivar el crecimiento de la economía formal”, plantearon.

•Pidieron que se amplíe el plazo de regularización de obligaciones no cumplidas. “El régimen de normalización es para las obligaciones con vencimientos en diciembre de 2007, lo que muestra una incongruencia con los motivos que se exponen para la vigencia de esta nueva ley, dado que las dificultades económicas se acentuaron en 2008, razón por la que no ingresarán aquellos contribuyentes que el año pasado no pudieron cumplir con sus obligaciones, a pesar de haber dado cumplimiento a los períodos anteriores”, remarcaron.

•“Si el fisco nacional pretende que la medida cuente con el acompañamiento de la comunidad, es imprescindible que las provincias y los municipios se adhieran al proyecto, en caso contrario habría una obvia resistencia ante el costo tributario en estos organismos fiscales”, exigieron.

•Recalcaron que el plazo de acogimiento que se formula no se compatibiliza con el plazo de hasta 120 meses en que se puede llegar a financiar el plan de regularización fiscal. En este sentido, afirmaron que los primeros meses de vigencia del plan de moratoria coinciden con las vacaciones y con la feria judicial, lo que podría dificultar el inicio de la operatoria.

Comentá la nota