Solicitan impulsar la reinserción social de menores que transgredieron la ley

En medio del debate por la intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, el Legislativo local sancionó una norma que impulsa la firma de convenios entre el Municipio y la Provincia para concretar medidas tendientes a incluir socialmente a adolescentes que hayan tenido problemas con la ley penal. Se proponen la implementación de trabajos comunitarios, capacitaciones y la realización de deportes.

Desde hace semanas, la sociedad argentina participa de un debate de suma importancia para la vida cotidiana y social: la inseguridad. En ese sentido, se conocieron iniciativas que proponen, como solución, la baja en la edad de imputabilidad de los menores, es decir que los chicos y/o adolescentes sean juzgados como si fueran mayores de edad.

De la discusión participan diferentes actores sociales, quienes se han manifestado algunos a favor y otros en contra.

Sin embargo, un proyecto de Comunicación de la concejala Adriana Molina (FPCyS) mostró otro costado en la búsqueda de respuestas.

La norma pide al Ejecutivo local que gestione ante el Gobierno Provincial, más precisamente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la firma de un convenio con el objeto de coordinar la implementación de acciones tendientes a lograr la reinserción social de aquellos menores, entre dieciséis a dieciocho años, que han transgredido la ley. Dicha inclusión se daría mediante el desarrollo de actividades como trabajos comunitarios, capacitaciones y la realización de deportes.

“El régimen legal vigente asegura un tratamiento especial, considerando a los jóvenes como personas en formación que requieren medidas socioeducativas para fomentar el sentido de responsabilidad y la integración familiar y social”, advirtió la edil al fundamentar la iniciativa y agregó que “por eso surge la propuesta de que los adolescentes en conflicto con la ley tengan, como opción al encarcelamiento y la reclusión, otras alternativas que posibiliten su reinserción”.

Según la concejala, las tareas que impulsarían la reinserción son el servicio comunitario -que los jóvenes realicen tareas en beneficio de la comunidad y espacios en común como ser limpieza, mantenimiento de plazas, parques, vecinales, escuelas-, órdenes de orientación y cuidado, capacitación y formación e inserción laboral.

Además, la integrante del cuerpo manifestó que “este tipo de medidas actuarían como una prevención terciaria, ya que apuntan a evitar la reincidencia. Se ponen en funcionamiento una vez que el delito ya fue cometido, con la finalidad de que los adolescentes tengan una alternativa real a la delincuencia”.

“Generalmente, es más fácil sostener que existen chicos y adolescentes sospechosos que políticas públicas sospechosas o ineficientes”, disparó Molina y aseveró que “ciertas cuestiones no resuelven el tema de la delincuencia”.

Por otra parte, la concejala oficialista aprovechó el debate para dar a conocer datos arrojados de relevamiento nacional sobre adolescentes en el sistema penal realizado entre el Gobierno Nacional, Unicef y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Según el estudio, en la Argentina hay unos 6300 adolescentes sospechados o imputados de haber infringido la ley que están cumpliendo algún tipo de medida punitiva; uno de cada cuatro de estos adolescentes permanece alojado en institutos con regímenes cerrados, a pesar de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño; sesenta y siete de los detenidos llevan presos más de dos años; casi el 40 por ciento está encerrado por delitos que no se consideran graves, como robos sin armas.

En efecto, se reveló que mientras están encerrados, la oferta educativa que reciben los chicos menores de 18 años es muy pobre: apenas entre 2 a 5 horas diarias de clases, según el lugar. La mitad de los establecimientos no les da la posibilidad de realizar deportes y casi un 60 por ciento no les propone actividades lúdicas en el marco de un programa de rehabilitación ni de formación laboral.

Por último, vale recordar las innumerables veces que la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay reclamó políticas de "inclusión social" y las oportunidades en que sostuvo que “los niños y adolescentes que se convierten en victimarios son antes, en la mayoría de los casos, víctimas de situaciones sociales vulnerables”.

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