Solicitan se declare inconstitucional e inaplicable el decreto que permite el aumento en las tarifas de gas

El Abogado Carlos Meda presentó un amparo para que el Decreto 2067/08 no se aplique por su "indiscutida ilegalidad". Según sus fundamentos el decreto viola tanto la Constitución Nacional como leyes nacionales y el Código Civil. El decreto crea un fondo fiduciario para la importación de hidrocarburo y aplica un cobro retroactivo a los usuarios por consumos cancelados.
El aumento en las tarifas de gas y luz, implementado con la autorización del gobierno nacional a finales del año pasado, sigue siendo objeto de reclamos y oposiciones por parte de diferentes sectores y particulares. Proyectos en el ámbito legislativo y recursos judiciales son algunos de los instrumentos utilizados para hacer que se retrotraiga la medida. En nuestra ciudad, la semana pasada, un nuevo amparo fue presentado ante la justicia federal, para que se declare inconstitucional el Decreto 2067/08, norma que creó el fondo fiduciario para atender las importaciones de gas natural.

Tras recibir la última factura de gas, con un aumento del quinientos por ciento en relación a la factura anterior, el abogado Carlos Meda presentó un amparo ante el Juzgado Federal solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto creado por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo del Poder Ejecutivo Nacional, y una medida cautelar que prohíba a la empresa prestataria del servicio, Gas Natural Ban, el corte del suministro hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

En los fundamentos del pedido de amparo, el Dr. Meda destaca que es "indiscutida la ilegalidad e inconstitucionalidad" del Decreto puesto que "autorizaría facturaciones superiores a los cuatro o cinco mil pesos para los bimestres de invierno". Por lo tanto, cuenta que recurre al amparo de la justicia "ante la posición dominante y coercitiva de la empresa" y ante "la inexistencia de otro remedio legal idóneo. Nada más pensar en cocinar los alimentos, o en la temperatura de una ducha diaria, por dar mínimos ejemplos, me exime de mayores comentarios respecto de la necesidad del servicio y la coerción que implica el corte del suministro que resulta de imperiosa necesidad para la vida de una familia tipo", destaca el abogado que presentó el amparo.

Además explica que la característica esencial de la tarifa es la "irretroactividad", "siendo que la retribución de un servicio ya prestado no puede ser retroactiva", indica el Dr. Meda que cita a Juan Carlos Cassagne en El Contrato Administrativo. Pero también hace hincapié en la violación "abierta" a los artículos 619 y 724 del Código Civil que explicitan las obligaciones del deudor y las "extinción" de la deuda efectuado el pago.

"Las facturas que se pretenden reajustar han sido pagadas. Si la obligación se ha extinguido, no hay posibilidad de reajuste alguno", recuerda el letrado, quien agrega que el decreto "también es violatorio" de los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y a la Ley del Consumidor (Ley 24.240) pues "lesiona el derecho a la protección de los intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno".

De esta forma, se solicitó que el Juzgado Federal declare la inconstitucionalidad, o la inaplicabilidad del citado decreto y una medida cautelar que prohíba a la empresa prestataria del servicio, hasta tanto se decida sobre la cuestión de fondo, interrumpir el suministro por falta de pago y/o proceder a la ejecución judicial del cuestionado crédito emergente del nuevo tarifario.

Por otra parte, el abogado explicó que de acuerdo a lo resuelto recientemente por la Corte Suprema de la Nación, "las personas que se encuentren en situación análoga pueden ser alcanzadas por la decisión judicial que trata el tema". Esto se da porque, en febrero pasado, la Corte dictó un fallo en el que dejó establecido el principio de "acción colectiva o de clase"; de esta forma aquella persona que pretende lo mismo que las otras que lo plantearon anteriormente, serían alcanzadas por el fallo.

Decreto

El Decreto 2067/2008 crea "el Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo".

El mismo fue implementado el 27 de noviembre pasado. Según explicó el Dr. Meda, la "verdadera y oculta finalidad del Decreto del Ejecutivo Nacional" es violar abiertamente la Ley 24.076 que establece el marco regulatorio del gas donde se define que: la tarifa del gas se compone de la suma de "a) Precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte; b) Tarifa de transporte; c) Tarifa de distribución… el nuevo 'cargo tarifario' que se crea por decreto constituye, en realidad, un tributo ilícito y por si fuera poco, sobre éste, se aplica el IVA… En este punto podemos advertir que el Decreto PEN N° 2067/2008 no sólo es manifiestamente inconstitucional sino torpemente inconstitucional".

El amparo fue presentado el lunes pasado. Por lo tanto, se espera que en los próximos días haya una resolución del Juzgado, aunque podría atrasarse por los feriados. Según explicó el letrado, primero se deberá notificar de la demanda al Ejecutivo Nacional y al ENRE, ente regulador, para que la contesten en el plazo que se determine. De considerarse procedente, podría decretarse una medida cautelar ordenando a Gas Natural Ban para que se abstenga de cortar el suministro por falta de pago. Por otra parte, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ya existe un proyecto para "declarar la nulidad absoluta e insanable" del decreto antes nombrado.

Asimismo, el Dr. Meda podría presentar en los próximos días un nuevo amparo por el decreto publicado por el Ejecutivo Provincial que permitió el incremento en la energía eléctrica. Este amparo para que sea declarado inconstitucional sería presentado en el Contencioso Administrativo.

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