El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró el domingo que no tuvo injerencia alguna en el contrato entre la provincia del Chubut y la empresa Pan American Energy (PAE) para la explotación del yacimiento petrolero de Cerro Dragón. Sin embargo, una solicitada publicada por la propia firma tres días después de firmado el acuerdo entre el entonces gobernador y empresa lo desmiente.

“Iniciamos un proceso trascendente para el futuro de la actividad petrolera en Comodoro Rivadavia, en Chubut y en la Argentina. Con la participación del Gobierno nacional, el Gobierno de la Provincia del Chubut y Pan American Energy acordaron prorrogar la concesión del área Cerro Dragón”, decía la empresa en la solicitada publicada en la página 7 del diario La Nación el 30 de abril de 2007 (Ver facsímil).

De Vido dijo que el gobierno nacional no había participado del acuerdo. Pero la empresa, exactamente siete años atrás, decía públicamente lo contrario. El acuerdo es investigado por la Security Exchange Commission (SEC) estadounidense por el presunto pago de coimas a funcionarios argentinos, según reveló Clarín el domingo. Es por una denuncia realizada por la firma British Petroleum, socia en aquel entonces de la firma Bridas en PAE, y para evitar ser sancionada en la bolsa de valores de EE.UU.

La solicitada de PAE fue publicada a toda página bajo el título “Un nuevo horizonte para nuestra energía”. Además de confirmar la participación del gobierno nacional en el asunto, la firma resaltaba allí los logros que la firma había logrado a partir de 2003, cuando inició sus operaciones. “Transformamos a Cerro Dragón en el principal productor de petróleo de la Argentina y en el sexto productor de gas del país”, afirmaban en 2007.

“El contrato lo hizo De Vido y se lo mandó a (Mario) Das Neves” dijo a Clarín el ex senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, en referencia al ex gobernador chubutense. De acuerdo con Solari Yrigoyen, el mismo mecanismo se dio con el entonces y actual gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.

El 90% del yacimiento está en territorio chubutense, y el restante 10% en el norte santacruceño. Santa Cruz aprobó pocos meses después la polémica extensión de la concesión, al igual que Chubut.

Solari Yrigoyen -que fue secuestrado y torturado por la dictadura- fue el denunciante del acuerdo firmado por Chubut, junto con otros dos legisladores justicialistas. Pero su amparo fue rechazado por la Justicia provincial en 2007.

El ex legislador agregó que el contrato violó la ley al otorgarle por 40 años la concesión del yacimiento a la firma y que éste corre riesgo de agotar sus reservas durante ese período que vencería en 2047 si se aprueba la posibilidad de una nueva prórroga prevista en el acuerdo.

Además, cree que se trata de una “enajenación” y no de una concesión. De acuerdo con sus datos, el contrato habría orillado los 50 mil millones de dólares. El número pagado nunca se supo, según dijo Solari Yrigoyen, porque se le eximió a PAE el pago del impuesto de Sellos, lo que hubiera implicado hacer público el monto del contrato.