Un socio privado de OSM quiere seguir en la empresa

Un socio privado de OSM quiere seguir en la empresa
Southwater, el segundo socio mayoritario, quiere ser concesionario del servicio con o sin el Estado como parte. Pero si se reestatiza la empresa, promete ir a la Justicia. Críticas a la intervención oficial.
Camino a los cinco meses cumplidos de la intervención a OSM, y cuando la extensión de la misma por otro semestre es un hecho y el fin de la concesión a privados del servicio una versión que suena cada vez más fuerte, la gestión de Dávila como interventor muestra como saldo obras de mejora de infraestructura en marcha por $ 51 millones.

Pero el balance no excluye las críticas ni oculta que la guerra fría con los accionistas privados de la empresa está más latente que nunca, aunque fluctúa entre la voluntad por llegar a un acuerdo amistoso y la amenaza, si se concreta la reestatización de la empresa, de llevar acciones legales ante la Justicia local y el fuero federal hasta sus últimas consecuencias.

Tomando distancia del ala dura que encarna el grupo francés Saur International (el controlante desde la privatización del servicio en 1998 y hasta agosto último) y su sostenida demanda ante el Ciadi por U$S 200 millones, sus socios de Southwater (grupo Sielecki) salieron a advertir su vocación negociadora. Que puede revertirse si con la disolución del contrato se disipan sus chances de seguir en la empresa, en cuyo caso se activará la búsqueda de un resarcimiento ante la Justicia.

Sielecki, vinculado al kirchnerismo, busca posicionarse ante el escenario de "el día después": esto es, frente a la posibilidad de participar de un futuro esquema de conducción de la empresa con o sin el Estado como socio.

Cabe recordar que el grupo de capitales argentinos fue el primero en hacer público su interés en comprar el paquete accionario de sus socios franceses, cuando en 2007 estos anticiparon su intención de abandonar el país. Sin embargo, Southwater no ahorra críticas al accionar del interventor Gonzalo Dávila, que evalúan como regular.

"Si el interventor dice que con el 36% apenas alcanza para mantener el servicio nos está dando la razón: es como decir que antes los que no disponíamos de ese porcentaje hacían milagros.

Durante casi 12 años se negaron recursos, no se aplicó el régimen de concesión, que ya le costó al poder concedente más de $ 19 millones, y se dilató la discusión hasta una carta-entendimiento para concluir en una intervención que resolvería todos los problemas. Hoy se chocaron con la única verdad que es la realidad", dice Federico Qüerio, el suspendido vicepresidente de OSM y representante Southwater.

Es que si el conflicto con el Ejecutivo mendocino se disparó con el desplazamiento de los directivos privados de la mesa de decisiones de OSM en agosto y el ajuste tarifario "autoconcedido", el hecho de que Dávila reconociera lo limitado de los ingresos y la búsqueda de fuentes de financiamiento nacional e internacional (vía BID y Corporación Andina de Fomento) alimenta los cuestionamientos al proceso.

Según los privados, todo era parte del propuesto plan de contingencias con al menos 10 obras urgentes para afrontar el verano, como la limpieza del acueducto Potrerillos, y perforaciones nuevas en Guaymallén y Las Heras, que ya había sido aprobado una semana antes de decidirse la intervención. Y que ahora forman parte del balance de la intervención (ver aparte).

Por su parte, el Ejecutivo dio a conocer el informe de la primer auditoría a Obras Sanitarias, donde señala faltantes de contratos de asistencia técnica, designaciones irregulares e información parcial en cuanto a niveles de calidad de servicio (potabilización).

Aun así, Southwater mira al mediano plazo y aventura su presencia fortalecida en distintos escenarios en una futura conducción de OSM que deje a Saur fuera de juego: al margen de la reestatización, principal resorte de acciones ante el fuero federal y provincial, que sostendría la "legítima defensa" en base a la "excepción de incumplimiento contractual" (sobre el aumento auto-concedido), vislumbra dos posibles escenarios "que reducirían las demandas al menos a la mitad".

Y acto seguido proponen una gestión compartida con la Provincia o, en su defecto, una nueva concesión para la que Sielecki ya se candidatea sólo o asociado a otros inversores.

Por eso, la sola chance de reestatización anticipa la amenaza de que "si eso sucede, este Gobierno deberá pagar la ineficiencia, pero el próximo seguramente se hará cargo de los costos de un juicio".

Respecto del presente, Qüerio no titubea al señalar que "en once veranos hubo cortes y picos de demanda, pero nunca le faltó agua a 400 mil mendocinos, ni a la décima parte. No al punto de tener que declarar la emergencia hídrica. ¿Qué pasará cuando empiece el verano fuerte, sobre todo en alta montaña? Sólo por eso a los privados los hubieran crucificado".

Pero quienes en mayor o menor medida tienen que ver con OSM también tienen su evaluación del proceso. Como el EPAS, desde donde su vicepresidente, Edgar Núñez, también aporta el suyo: "Se avanzó en una radiografía real de la situación de la empresa. Antes se desconocía el estado de la red, de los vehículos, por más que se auditara según el contrato de concesión".

¿Por qué no se hizo esto antes? "La información recibida no era del todo fidedigna; ahora, estando dentro de la empresa no es necesario solicitarla, está disponible", se explayó Núñez.

En cuanto a la gestión de obras, el segundo del EPAS admite que "las cuatro obras grandes debían haberse planificado hace tiempo, pero ahora se tomó la decisión de recurrir a la Nación por ayuda".

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