La sobrina de la Presidenta de la Nación y jefa de la empresa Hotesur, Romina Mercado, insistió hoy para que sea apartado el juez Claudio Bonadio de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en esa empresa, que administra el hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Fernández de Kirchner.

Al planteo también se sumó la fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Gabriela Baigún -de la Agrupación Justicia Legitima- y ahora la Sala I de ese tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Luis María Cabral y Ana María Figueroa, deberá resolver en cinco días hábiles si confirman o apartan a Bonadio del expediente.

Tanto la defensa como la Fiscalía señalaron que hay temor de pérdida de parcialidad por parte del juez para investigar el caso. "Lo que más me preocupa es que el juez dice encontrarse apenado, afectado por este conflicto y esa posición hace que quede automáticamente descartada la posibilidad de intervenir en el proceso. Si es una víctima no puede intervenir", dijo el abogado defensor de Mercado, Carlos Berardi.

Según el letrado, Bonadio le negó la posibilidad de ver el expediente y sacar fotocopias, por lo que la Cámara Federal advirtió a Bonadio y le ordenó que le permita al abogado acceder a la causa porque hace al derecho de defensa.

En cinco días hábiles los camaristas deben definir si confirman o apartan a Bonadio.

"A la sociedad le interesa saber si la Presidenta de la Nación cometió o no los hechos y por ende se requiere actuar con un estricto apego a las normas constitucionales", sostuvo Baigún, quien puso en duda que Bonadio reúna esas condiciones. La fiscal fue una de las firmantes, en enero, de una solicitada en defensa del trabajo de la Procuradora Alejandra Gils Carbó.

La empresa Hotesur pertenece a los Kirchner y el juez Bonadio investiga la falta de entrega de balances de parte del hotel Alto Calafate, uno de los emprendimientos que administraba la compañía. Es más, el magistrado podría citar a indagatoria a Máximo Kirchner, hijo presidencial.

El quid de la causa es que Alto Calafate fue contratada por Austral Construcciones, firma del empresario K Lázaro Báez, para ocupar habitaciones que nunca fueron utilizadas, por lo que se sospecha que pudo haber lavado de dinero.

Bonadio allanó la sede jurídica de Hotesur y estaba vacía y le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) documentación sobre los balances de la empresa y declaraciones juradas.

Mercado recusó a Bonadio, pero la Sala I de la Cámara Federal rechazó su pedido por dos votos contra uno. Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero votaron por confirmar a Bonadio en la causa, mientras que Eduardo Freiler se inclinó por apartar al magistrado.