La líder de la Organización Barrial Tupac Amaru, junto a López y Salvartierra, se encontraba imputados por el delito de amenazas hacia el actual gobernador de la provincia, Gerardo Morales, durante los violentos hechos ocurridos en las instalaciones del Consejo de Ciencias Económicas en el año 2009.

Ayer, el Tribunal Oral resolvió hacer lugar al pedido de prescripción al delito de amenazas que solicitó la defensa de Sala. No obstante, el proceso judicial no ha culminado ya que Sala y los otros imputados continúan en juicio por el delito de daños agravados.

“La prescripción de la acción penal es en uno de los delitos que vendría a ser el de amenaza”, expresó Luciano Rivas, abogado de Morales, quien en declaraciones a la prensa aclaró que la causa contra la dirigente no ha culminado: “no es que el proceso ha terminado, de ninguna manera. Sigue el juicio por el delito de daños agravados”, refirió.

Precisó que la prescripción se debe al transcurso del tiempo y apuntó contra la justicia federal al acusarla de sobreseer a tres delincuentes confesos: “Hoy la justicia está de luto porque se está dejando a tres delincuentes confesos porque estas personas pidieron la aprobation, que significa declararse culpables y pedir un beneficio que es hacer trabajos comunitarios a los efectos de no ser condenados. Sin embargo, la justicia hoy los ha dejado sobreseídos en uno de los hechos”, enfatizó y anunció que como querellantes, “vamos a estudiar la situación y vamos a definir si apelamos”, remarcó.