Sobreprecios: Empleado municipal acusado de hechos de corrupción al borde de la jubilación

Tal como lo adelantaba 0223.com.ar días atrás, en el marco de una investigación por presuntos sobreprecios ocurridos en el área de Compras y Suministros del Municipio durante el gobierno de Katz, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal en el 2007 declaró la nulidad de los sobreseimientos que favorecían a cuatro agentes municipales y a dos proveedores; mientras que el Juez de Garantías, Saúl Errandonea, decidió elevar la causa a juicio oral y público.
A los imputados se les endilgaba haber participado entre mayo de 2003 y abril de 2004 de 11 hechos de defraudación, consistentes en la compra de alimentos, mercaderías (aberturas y calefactores, entre otros), y medicamentos que eran destinados a la Comuna, y por los que se pagó un presunto sobreprecio que iba del 100% al 500%.

Luego de una denuncia presentada por la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices, la investigación judicial estuvo a cargo del ex Fiscal de Delitos Económicos, Pablo Poggetto, quien a través de una pesquisa y de cotejar documentación, logró descubrir la supuesta adulteración de los cuadros comparativos de precios, por lo que eran en todos los casos favorecidos dos proveedores.

Desde el cotejo de las compras realizadas para cada proveedor, la fiscalía advirtió:

a) Marcada violación a la Ley Orgánica Municipal

b) Inmotivada selección de la modalidad de compra directa

c) Desdoblamiento intencional en compras directas consecutivas, inmediatas, sobre la misma mercadería y al mismo proveedor, evitando concurso de precios o licitaciones, según el monto total de las operaciones

d) Ausencia total de solicitud de precios comparativos a proveedores municipales

e) Cuadros comparativos de precios falsos a proveedores

f) Falta de documentación que respalde las cotizaciones plasmadas en las respectivas ordenes de compra

g) Falta de control entre facturación y entrega de mercaderías, como así también en el cumplimiento de los proveedores a los requisitos impositivos fiscales para actuar en tal carácter

h) Falta de control en el pago a proveedores con deudas impositivas registradas con el municipio

i) Falta de control en la determinación de la procedencia u origen de la mercadería, producto, servicio o medicamento adquirido por el Municipio a los proveedores imputados, sumado a la inexistencia de locales comerciales.

En tanto, este jueves, la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices indicó a este vespertino digital que el ex Jefe de Compras de la Administración Central, Carlos Luppi, involucrado en la causa, inició en los últimos días sus trámites jubilatorios, beneficio que comenzaría a tener vigencia en noviembre próximo.

Según informó la funcionaria, tras tener conocimiento de estas circunstancias, "pretendo que se vean si estos actos administrativos son los que corresponden en el marco de lo que tiene que ver con la causa penal que ya fue elevada a juicio oral y público".

En ese sentido, Felices aseguró que "hace mucho tiempo que vengo solicitando a la Procuraduría Municipal que me conteste si han hecho los actos pendientes ante el caso de que llegase a demostrarse y comprobarse de que hay un perjuicio al erario público, porque si el perjuicio existe, también existe la posibilidad de que quienes sean los responsables hagan la devolución de lo que en algún momento fue del Estado municipal".

"Sólo tengo una respuesta de parte del Procurador Colombo en la que indica que la única manera en la que puede hacer lo solicitado es recibiendo órdenes de un funcionario político, con lo que no estoy de acuerdo porque es obligación del Estado defender al propio Estado", explicó, al tiempo que subrayó que "el Estado debe tener esa garantía".

En tanto, la funcionaria aclaró que el agente acusado "tiene derecho a la jubilación pero también hay esquemas desde el Estado para que el día de mañana, en caso de tener algún tipo de resarcimiento si existió un delito, tengamos todo cubierto, y esa parte aún no está clara".

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