Sobre las ruinas de Miguel Ángel

Sobre las ruinas de Miguel Ángel

La intendencia capitalina extenderá los contratos de 150 trabajadores en condición de agrupamiento político hasta diciembre; los beneficiados son quienes cobran hasta $ 4.700. Otros 500 trabajadores esperan que sus contratos de transición hacia la planta permanente se prorroguen y que se sienten las bases para su estabilidad laboral. 

Esta semana, el Gobierno municipal confirmó que extenderá los contratos de agrupamiento político (AP) hasta el 31 de diciembre próximo, siempre y cuando no rebasen los 4.700 pesos de remuneración. Eso no quiere decir que los contratados que perciban un salario más elevado no tengan chances de seguir, pero el acuerdo que se consumó esta semana sólo abarca a los que cobran hasta 4.700.

También se garantizó continuidad por el mismo período para aquellos que tienen contratos de locación de servicios, y se anunciaron avances en la disputa de los contratos de transición a planta permanente. Son 802 las personas que tienen un contrato de agrupamiento político, de las cuales alrededor de 150 son los que ya tienen confirmada su continuidad hasta diciembre.

De esta manera se confirmó que la presión de los gremios, la herencia de la gestión de Miguel Isa y la necesidad de afincar su equipo bajo las ruinas de lo legado, serán determinantes para el primer trecho de la gestión de Gustavo Sáenz al frente de la comuna capitalina. Los contratos de transición hacia la planta permanente son cerca de 500, según consignaron desde el sector gremial.

De todos modos, el arreglo no es con todos los contratos de agrupamiento político, ni siquiera con los comprendidos hasta los 4.700 pesos de estipendio, ya que el único gremio que arribó al arreglo con el Ejecutivo municipal fue Unión de Trabajadores Municipales (UTM), quien había amenazado con paros en las últimas semanas de 2015. Fue la única asociación gremial que se dirimió con la intendencia por el contrato de personal de agrupamiento político.

En los últimos días de diciembre, la UTM convocó un paro para el 4 de enero. Rápido de reflejos, el 30 de diciembre, el Ministerio de Trabajo de la provincia arbitró para que la medida de fuerza no se concrete, convocando a una conciliación obligatoria. Se consustanciaron en las primeras semanas de enero. No bastó una reunión para arribar al tan ansiado acuerdo, se debieron juntar más de una vez porque las posiciones eran firmes.

El titular del gremio, Pedro Serrudo, se había mostrado intransigente en los primeros días luego de la asunción de Sáenz. Igualmente, los laderos del nuevo intendente advertían sobre la necesidad de optimizar el funcionamiento de la planta de trabajadores y no descartaban que hiciera falta reducir el personal. En medio de ese fuego cruzado discursivo, la conciliación obligatoria fue haciendo atemperar los ánimos.

Tal como reza el dicho popular: “Si ves las barbas de tu hermano cortar, pon las tuyas a remojar”. Los despidos y la conflictividad de los empleados municipales de Cerrillos, El Tala, Coronel Moldes y San Lorenzo, hicieron que los gremialistas de Salta capital empiecen a valorar el ánimo levemente reparador de los funcionarios saenzistas.

Un primer gesto en ese sentido por parte del Municipio, se dio por decreto 1165/15, que pautó la continuidad de los contratos de agrupación política hasta el 31 de enero. El artículo uno de la enmienda determinaba, “con carácter excepcional”, la continuidad de la prestación de los servicios del personal designado y del personal contratado “conservando el nivel remunerativo que percibían al 09.12.15, a partir del 09.12.15 y hasta el 31.01.16”. Paralelamente, Sáenz ordenó que se pagase el aguinaldo en medio de las fiestas, cuestión que había cebado las rispideces.

Con la extensión provisoria, la intendencia se dio margen de tiempo para tomar decisiones, y el gremio congeló su beligerancia inicial, también contenido por la intervención del Ministerio de Trabajo. La cartera provincial concentró sus esfuerzos en sofocar cualquier detonante en la ciudad capitalina, pero descuidó los otros 59 municipios, hasta ahora con resultados nefastos si se revisa la situación actual de Cerrillos o el acampe en Coronel Moldes.

¡Presente!

Volvamos a la situación capitalina. La polémica se enfrió y las negociaciones se vehiculizaron con más premura de la que se esperaba. El propio Serrudo abrió el paraguas tras la tercera reunión con el secretario de Gobierno, Luis María García Salado dijo: “El intendente entiende y conoce la situación social y laboral de todos los trabajadores, pero también los trabajadores conocen que la función que cumplen es netamente política”.

Con más espacio de maniobra, el Ejecutivo municipal impuso un relevamiento del agrupamiento político. Constaba en que todos los que tengan contratos del tipo, se acerquen a la Secretaría de Modernización para ser entrevistados.

Además llenar un escueto formulario con los datos personales y otros detalles fútiles, la repartición titularizada por Martín Güemes, organizó entrevistas con todos los que se presentaron. El cuestionario tenía una finalidad clara: develar quiénes eran los ñoquis y quiénes eran los AP que efectivamente cumplían un rol dentro de la Municipalidad. Era imprescindible presentarse, hacer presencia. La medida tuvo ciertos visos persecutorios, por lo que Güemes se vio impelido a declamar que “no se trata de una caza de brujas”.

Las inquisiciones de las entrevistas tenían que ver con las tareas desempeñadas, con el conocimiento de los compañeros de área, y con el horario que se cubre. Los encargados de los recursos humanos de la comuna, previsores, aprovecharon las entrevistas para consultar la disponibilidad horaria para el turno tarde. Recuérdese que desde marzo, conforme a lo anunciado por Sáenz, el Centro Cívico Municipal (CCM) extenderá su horario de atención a las horas vespertinas.

El plazo de las 802 personas con contrato de AP para decir presente ante la Secretaría de Modernización se abrió el pasado 7 de enero, y se agotó el jueves pasado. La Subsecretaría de Prensa informó que a una semana de agotarse ese plazo, sólo 273 AP habían cumplimentado con el requerimiento. Un magro 34%.

Serrudo, luego de conocerse que los AP por los que la UTM peleaba seguirán sus contratos hasta el 31 de diciembre, celebró que “cerca de 150 personas se garantizan su continuidad”. Si esa cifra es certera, más de la mitad de los 273 que asistieron a la entrevista de relevamiento, son protegidos del gremialista.

No obstante, para todos aquellos que no entraron en el beneplácito conseguido por UTM, desde Recursos Humanos de la Municipalidad indicaron que asistir al relevamiento no es una condición suficiente para seguir en el cargo. Las entrevistas y los formularios son devueltos a los responsables de área, que a través del desempeño evalúan quiénes continúan y quienes son despedidos.

Argumentan que la extensión de los contratos hasta el 31 de enero tuvo entre sus objetivos justamente poder hacer una evaluación real de los rendimientos del personal. La decisión sobre la continuidad de los 652 AP que no fueron alcanzados por la conquista de UTM, se conocerá en los próximos días.

¿Cuánto hay?

El presupuesto de la comuna para este 2016 fue discutido el 4 de diciembre, cinco días antes que asumiera la intendencia Gustavo Sáenz. Estima erogaciones por $2.158.189.483, 64. Entre sus puntos destacados se encuentra el aumento de un 30% en los impuestos, la unidad tributaria pasó de $3,90 a $5,20.

Otro punto destacado de las arcas municipales es la inversión en obra pública, que trepó sólo 25 millones en relación con el presupuesto de 2015 que había sido de 257 millones. Los concejales saenzistas, opinaron que la inversión de 282 millones no era para nada menor, ya que el presupuesto ejecutado del 2015, en materia de obra pública, había sido de 150 millones, según dijeron.

La misma alícuota de aumento en los impuestos, 30%, grafica el crecimiento del presupuesto para este año en relación con el aprobado para el año anterior, último de Miguel Isa al frente del municipio.

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