Días pasados, el uso liviano o apresurado de una palabra -imputado- prácticamente le impuso al ex intendente Gustavo Pulti una anticipada condena mediática, en una causa recién iniciada en la Fiscalía de Delitos Económicos, a partir de una denuncia del actual secretario de Economía de la Municipalidad, José Reinaldo Cano.

Cano le atribuye a la gestión del ex jefe comunal "malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público". En palabras más simples y especialmente sobre el primer aspecto: lo acusa de haber desviado esos fondos hacia otros destinos, diferentes de aquellos para los que habían sido asignados.

Una comunicación a la prensa realizada por la citada Fiscalía dio cuenta de cinco causas que se tramitan en su ámbito en relación con supuestas y denunciadas irregularidades durante el gobierno de Acción Marplatense.

Al referirse a la última -la ya citada sobre "malversación...- el mensaje a la prensa utiliza llamativamente esta frase: "El imputado Gustavo Pulti ya designó abogado". En esta frase se habrían basado los posteriores titulares periodísticos.

En el inicio de la misma gacetilla aparece redactado: "Las irregularidades cometidas durante la anterior gestión municipal". También curioso: así redactado, se puede interpretar que se entiende que hubo irregularidades, es decir que ya las hubo cuando se trataba de comunicar sólo el comienzo de investigaciones tendientes a determinar si existieron o no esas irregularidades. Justamente para no tener problemas con la justicia, desde principiantes los redactores de un diario utilizan formas como la de "supuestas irregularidades", o "las irregularidades que podrían haberse cometido", o un simplemente "denunciadas".

Resabios

En muchos ánimos, es evidente que aún perduran las emociones electorales del año pasado, como también una cultura de agresividad que hace ver al adversario político como un enemigo, sumado esto a las animosidades personales que en algunos casos no se pueden reprimir, circunstancia todavía más riesgosa cuando se trata de quienes tienen un poder, pequeño o grande, en los medios de comunicación. Estos factores parecieron conjugarse para que algunos comunicadores se apresuraran a colgarle al ex intendente, desde el vamos, el cartelito de "imputado".

Porque destacados titulares en portales de noticias o en programas radiales jugaron con esta palabra durante la pasada semana, asimilándola a "procesado", algunos por desconocimiento, pero otros con notoria intencionalidad, e inclusive, en un mismo sitio donde el año pasado, antes de las elecciones, el líder de AM era Gardel.

Desde un nivel no menor de la Justicia se aclara que "imputado" no es lo mismo que "procesado": que una persona está imputada solamente cuando, en función del artículo 60 del Código Procesal Penal impuesto por la reforma garantista de 1998, se le notifica que tiene una denuncia en su contra, que habrá de iniciarse una investigación y que tiene derecho a nombrar un abogado.

Procesado es cuando esa investigación avanzó, pudo recolectar pruebas que avalan aún más la denuncia, y que el entonces imputado será llamado a declaración para que ejerza su derecho a la defensa, en función del artículo 308 del Código Procesal Penal.

En términos de la calle se diría que imputado -conforme al lenguaje legal, presuntamente de irreprochable objetividad científica- es simplemente una persona denunciada en una causa, pero procesado supone que entonces sí existen elementos que podrían establecer su culpabilidad al culminar el proceso.

"Algo habrá hecho..."

En tanto, el efecto de la difusión en la opinión pública, según la observada en el caso que nos ocupa, podría ya ser irreversible. Efecto y daño. Alguien podría estar pensando a partir de los títulos periodísticos, tuits y posteos en Facebook y con la palabra imputado así remarcada, poniéndola al borde de una connotación como procesado, que: "Algo habrá hecho el ex intendente beneficiándose para sí con dineros públicos".

Y esto cuando todavía debe determinarse por qué hubo esa redistribución de fondos, si la hubo, y si no existía un marco de emergencia que lo justificaba o si al fin pudo tratarse de maniobras de gestión cuestionables desde lo político o desde las buenas prácticas administrativas, pero bien lejanas de la intencionalidad de cometer un delito doloso o de beneficiarse personalmente de manera indebida. Esto lo establecerá la Justicia en un tiempo que podría demandar meses, es decir un tiempo infinitamente más largo que el de minutos o a lo sumo de unas horas que lleva poner una noticia en un portal y hacer catarsis de una bronca personal, aceleradamente, al poner el título.

Cuando una palabra de lenguaje jurídico escapa hacia la opinión pública cobra un abanico de sentidos. Si hasta la Real Academia Española prácticamente presenta a imputado como sinónimo de procesado. Dice la RAE sobre imputado: 1. adj. Dicho de una persona: Contra quien se dirige un proceso penal. Y en otro diccionario calificado se da de imputado este significado: dícese del individuo al que se le atribuye un delito o falta. También, procesado o reo.

En consecuencia, no sorprende que funcionarios de la Justicia con larga trayectoria confiesen los problemas que la palabra imputado les trae desde cuando se produjo la reforma, en 1998. "Hay que reconocer que la palabra imputado es muy fuerte", admitió uno de ellos.

El tema no es menor. No se agota en la curiosidad semántica. Y hasta existen quienes consideran necesario una corrección desde la iniciativa legislativa.

Mientras tanto, el honor de las personas y el principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario llama a ser prudentes y cuidadosos en las redacciones de todo tipo, en sede judicial, en los medios de comunicación y en la simple elaboración de un mensaje al periodismo. Así lo demanda, también, la búsqueda de la verdad.