Sobre erratas y buena fe

El propósito de estas líneas no es reabrir el debate sobre la validez o invalidez de la "fe de erratas" por la cual se corrigieron dos remisiones erróneas de una ley a artículos de la misma ley, no de otro instituto legal, y que en modo alguno importaron cambiar el sentido de la norma o sus consecuencias. Sólo su debido ordenamiento.
Esa "fe de erratas" enviada por la Cámara de Diputados al Senado, que recibimos durante la sesión con el prosecretario parlamentario, además de ser un instrumento habitual en las comunicaciones entre las Cámaras a efectos de subsanar errores materiales, tuvo como finalidad enmendar dos remisiones erróneas dentro de la misma ley, sin afectar ni el sentido ni la sustancia del instrumento legal. El procedimiento habitual es que la corrección se practica y queda incorporada al texto legal. Las remisiones erróneas, en caso contrario, son trabajo para los jueces, como es el caso de la gran cantidad de remisiones erróneas contenidas en la Ley de Quiebras, que nunca fueron subsanadas.

Con anterioridad se han presentado alteraciones de textos legales que sí cambiaron el sentido de la norma y que sí tuvieron consecuencias.

Entendemos que en el caso no existe ni "atropello a las instituciones" ni "vulneración de la Constitución" y "desconocimiento del orden jurídico". Para quienes así interpretan las cosas en esta circunstancia, es bueno recordar que la interpretación jurídica debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos, tal como lo afirma Zaffaroni en un voto de 2004.

Recordamos dos casos en los que sí se alteró y se desconoció el mecanismo de formación y sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional. Nos referimos a las leyes 24.309 y 23.905.

La ley 24.309, sancionada por el Senado de la Nación el 29 de diciembre de 1993 y promulgada por el Poder Ejecutivo el mismo día, modificó lo que la Cámara de Diputados había establecido respecto del mandato de los senadores. Conforme la sanción de Diputados el mandato debía ser por cuatro años y el Senado lo modificó, dejándolo librado a lo que resolviera la Convención Constituyente, que lo fijó en seis años. Pero el Senado no devolvió el proyecto a Diputados, como correspondía. Aquí no hubo ninguna "fe de erratas" sino lisa y llanamente desconocimiento de lo que constitucionalmente correspondía hacer. Ello originó un recurso de amparo presentado por el entonces diputado nacional Héctor Polino y otros, que la Corte desestimó por falta de legitimación, sin entrar a considerar el fondo del asunto.

En cuanto a la ley 23.905, la sanción de Diputados, en su artículo 27, establecía para determinados impuestos una prórroga hasta el 31 de mayo de 1991. El Senado, en sesión especial del 16 de febrero de 1991, sobre tablas (sin dictamen) convirtió el proyecto en ley afirmando que se aceptaba sin modificaciones la sanción de Diputados. Pero, curiosamente, cuando la ley se publicó, aquella prórroga era hasta el 31 de diciembre de 1991, sin que hubiera mediado ninguna "fe de erratas".

No podemos dejar de mencionar el caso del "artículo perdido" de la Constitución de 1994, actual segundo párrafo del Art. 77. Se lo incorporó a la Constitución Nacional por una "ley fe de erratas", la número 24.430. Así, con una ley de "fe de erratas" se modificó la Constitución Nacional.

Con esta reseña pretendemos, simplemente, llamar la atención sobre actitudes que, según las circunstancias, magnifican lo que no tiene consecuencia ni jurídica ni económica alguna para nadie, sino solo citar a un artículo por el número que le corresponde y no por otro, en tanto, frente a relevantes transgresiones formales y sustanciales incurridas en otros momentos, que han tenido trascendentes consecuencias, han guardado respetuoso silencio.

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