Guillermo Smaldone, que renunció en junio del año pasado a la presidencia del Tribunal de Cuentas provincial, fue apoderado en septiembre por el Poder Ejecutivo para desempeñarse como Procurador Fiscal, es decir para efectuar las “acciones y apremios en nombre del Estado para el cobro de las obligaciones fiscales adeudadas por contribuyentes”. 

Así se dispuso a través del decreto 2.847, firmado por el gobernador Gustavo Bordet y por el ministro de Economía, Hugo Ballay y publicado la semana pasada. 

Hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Ramón Smaldone, ingresó al Estado provincial en 2008, cuando fue designado como fiscal de cuentas del Tribunal de Cuentas de la provincia para cubrir la vacante producida ante una jubilación. Luego, asumió en 2011 como ministro de Trabajo de la provincia, cartera que duró lo mismo que su gestión, hasta mayo de 2014, repasó Análisis Digital. 

En ese momento fue nombrado al frente del Tribunal de Cuentas, en medio de denuncias de la oposición por no cumplimentar el requisito de concurso previo contemplado en la Constitución provincial. Smaldone estuvo al frente del organismo de control durante dos años y presentó la renuncia en junio pasado, antes de que el STJ se expidiera respecto de su designación irregular, lo que motivó que el caso deviniera abstracto. 

A su cargo de fiscal del TdC regresó tras su dimisión a la presidencia. Ahora suma otro ingreso con su nombramiento como Procurador General, que data del 30 de septiembre del año pasado, pero se publicó la semana anterior en el Boletín Oficial. 

Según se especifica en el decreto suscripto por Bordet y Ballay, Smaldone efectuó una presentación ante la Fiscalía de Estado “solicitando su designación como procurador fiscal, adjuntando antecedentes personales y laborales”. Ante ello, la Fiscalía de Estado verificó “que el profesional cumple con los antecedentes y requisitos” y consideró “conveniente su designación”. 

Así, fue apoderado por la Escribanía Mayor de Gobierno “para actuar en juicios y asuntos administrativos” en representación de la Fiscalía de Estado, en su carácter de “organismo encargado de promover las acciones judiciales para la percepción de las acreencias fiscales de los tributos administrados por ATER”.