La situación de las antenas de telefonía, un gran enigma urbano

El Concejo aprobó en 2006 una ordenanza restrictiva. Las telefónicas obtuvieron amparo judicial. Nada cambió desde entonces. El bloque de la UCR pide informes.
El bloque de concejales de la UCR presentará mañana al Ejecutivo un pedido de informes para que la Municipalidad de Córdoba brinde datos sobre el grado de cumplimiento de la ordenanza que regula las antenas de telefonía celular en el ejido urbano.

Según lo informado por el edil Marcelo Cossar, la iniciativa surge de varios incumplimientos ya constatados por la oposición: el Ejecutivo nunca envió los informes que debe mandar anualmente al Concejo en base a los datos del Registro de Antenas –donde constan las instalaciones existentes y las mediciones técnicas de emisiones–. Además, es obvio que muchas antenas carecen de los carteles reglamentarios y muchas deberían haber sido relocalizadas y sin embargo sigue donde estaban.

Pasó una década desde que se produjo el boom de la telefonía celular y recién fue en 2006 cuando el Concejo Deliberante –luego de cinco años de postergar la discusión– aprobó por fin una ordenanza que regula la instalación y el funcionamiento de las antenas que sostienen la creciente red de teléfonos móviles.

Sin embargo, el Ejecutivo tardó casi un año en reglamentar la ordenanza 11.032 y su modificatoria, la 11.086. Cuando la gestión del ex intendente Luis Juez se dispuso al fin a exigirles a las telefónicas nuevas radicaciones y controles de emisiones, las compañías recurrieron a la Justicia Federal, donde el Ricardo Bustos Fierro les otorgó un amparo. Eso ocurrió hace dos años: a principios de 2007.

Hacia fines de ese mismo año, la Cámara Federal de Apelaciones revocó en parte esa medida cautelar que le ordenaba al municipio no aplicar las nuevas ordenanzas ni el régimen de sanciones previsto a la empresa CTI (hoy Claro). Lo que la Cámara dispuso fue que las normas dispuestas por el Concejo sí debían regir sobre las nuevas antenas.

Las compañías telefónicas desde el vamos consideraron que la ordenanza era inconstitucional, puesto que fijaba pautas mucho más restrictivas que las leyes nacional y provincial al respecto. Además, sostienen que si tuvieran que relocalizar todas las instalaciones que se encuentran a menos de 35 metros de las viviendas vecinas, se les haría imposible la prestación del servicio en Córdoba.

Sin dudas las empresas lograron su cometido de evitar los controles a nivel urbano: el municipio nunca llegó a tener algún poder de policía real sobre las antenas.

"Hay cuestiones que pueden estar frenadas por la Justicia, como las relocalizaciones de antenas. Pero el Ejecutivo tiene obligaciones mucho más elementales, como exigir que se instalen los carteles informativos reglamentarios, o crear y mantener actualizado el Registro que crea la ordenanza, informar al Concejo y, sobre todo, exigir la presentación de las mediciones técnicas de las emisiones", indicó Cossar.

Qué dice la ordenanza

Distancia mínima. Las antenas deberán respetar un radio mínimo de 35 metros respecto a los límites de otras propiedades y frentes, y no podrán estar a menos de 100 metros de escuelas, hospitales y guarderías.

Relocalización. Las normas de 2006 ordenan la reubicación de todas las antenas que no cumplan con ellas en un plazo de un año.

Límite de emisión. La potencia máxima de las antenas no podrá ser superior a 0,4 mW/cm2. El objetivo de calidad fijado por la ordenanza es de 0,1 mW/cm2. La empresas deben presentar mediciones anuales.

Información. Las empresas deberán informar a los vecinos antes de la instalación de sus antenas.

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