Un sistema que discrimina entre agentes y funcionarios

La distorsión de la carrera administrativa no sólo se debe a la excesiva contratación de personal respondiendo más a compromisos políticos que a las necesidades reales del Estado, sino que también encierra una profunda injusticia entre quienes son empleados y quienes tienen el rango de funcionarios.

Una muestra paradigmática de esa distorsión es lo que vale un título universitario para un empleado público y lo que se reconoce, por igual concepto a un funcionario.

En los empleados del escalafón general, sin entrar en el reconocimiento por bloqueo de título, un estudio de grado universitario se reconoce con una suma fija de 200 pesos. En cambio, para un funcionario el título representa un 25% del índice que se les paga como básico. Así, por ejemplo, para un ministro del Ejecutivo que, sin contabilizar el aumento que cobrará en febrero, gana 3.952 pesos como 'básico', recibe en reconocimiento a su título universitario 1.000 pesos, aunque haya estudiado en la misma universidad y tenga exactamente el mismo título que un empleado de planta

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