El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, encabezó la primera mesa de debate por la reforma integral del Código Procesal Penal, de la que participaron representantes de la Suprema Corte, la Procuración General, los Colegios de Abogados y de Magistrados, académicos y legisladores de ambas Cámaras.

El Ejecutivo envió en septiembre a la Legislatura bonaerense dos proyectos de ley "con el objetivo de otorgar mayor respaldo judicial a quienes sufren hechos delictivos".

 

Ferrari aseguró que "el Código vigente tiene un centenar de enmiendas y se ha transformado en una maraña ininteligible que necesita ser unificado y ordenado”. Por eso, el gobierno convocó a una comisión de expertos donde están representados los principales actores del derecho penal en la Provincia, a la que también se incorporarán legisladores que van a interrelacionarse y transmitir su experiencia para redactar el Nuevo Código Procesal Penal.

 

La iniciativa es similar a la encarada por el gobierno nacional para la reforma del Códigó Penal, convocada por el ministro de Justicia, Germán Garavano. En ese caso, la comisión trabajará durante 12 meses para elaborar un proyecto de ley.

 

"La víctima es la única que participa en el proceso penal sin una manifestación de su voluntad. Los jueces, defensores o fiscales ejercen su función, los victimarios lo están por un acto de su voluntad, pero la víctima estaba en su casa o pasaba por el lugar, y de pronto está involucrada en un proceso", aseguró Ferrari.

Carlos Fernández, Ramiro Gutiérrez y Gustavo Ferrari.

 

Una de las iniciativas enviadas a la Legislatura propicia la modificación del Código Procesal Penal para "potenciar el rol de la víctima dentro del proceso penal, cumpliendo así con aquellos estándares y exigencias constitucionales e internacionales, brindándoles a las víctimas del delito diversas herramientas procedimentales que le permitan un rol con mayor protagonismo, coadyuvando con el Estado en el control del proceso".

 

"El presente proyecto de ley profundiza los derechos y atribuciones de la víctima a lo largo del proceso penal. En particular, se habilita a la víctima a intervenir en la etapa de ejecución, encontrándose, en la redacción actual de la norma, expresamente excluida", se expresa en el texto de la propuesta.

 

Asimismo, se da a la víctima la posibilidad de expresar su opinión respecto de las resoluciones de sobreseimiento, de aplicación del instituto de juicio abreviado y del cómputo de la pena. También se la incluye para que pueda participar de la discusión final del debate, asignándole el primer lugar en el orden de exposición.

 

El otro proyecto busca modificar la Ley de Ejecución de las penas privativas de la libertad, con el propósito de brindarles a las víctimas "diversas herramientas procedimentales que le permitan un rol con mayor protagonismo, coadyuvando con el Estado específicamente en la etapa de ejecución de la pena".

 

Allí se modifica el artículo 3 de la Ley de Ejecución Penal, y se determina que las resoluciones se adoptarán oralmente, previa audiencia pública y contradictoria, con la participación del imputado, su defensa, el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado.