Síntomas de rebelión en la granja del conurbano.

Por Carlos Pagni.

Es habitual suponer que, gracias a la atracción que ejercen sobre la población más postergada del Gran Buenos Aires, los Kirchner podrán compensar, en octubre, el rechazo de los sectores medios, urbanos y rurales.

Esa creencia se sostiene en otras dos: que el electorado más pobre obedece a los recursos fiscales con la ceguera de una fuerza física y que el Estado dispone de los fondos para garantizar esa dominación. Convendría revisar este credo. Sobre todo porque Néstor Kirchner ha comenzado a hacerlo. En estos días su preocupación por evitar un nuevo estallido agropecuario se ha visto reforzada por otra: la sujeción de quienes controlan la maquinaria electoral del conurbano está dejando de ser incondicional.

La numerología explica el fenómeno. Kirchner aprendió de su sociólogo de cabecera, Artemio López, que para conseguir el 33 por ciento de los votos en octubre, el PJ debería obtener el 60 por ciento en el norte del país, otro 60 en la Patagonia, el 40 en Santa Fe, el 30 en Córdoba, el 20 en la Capital Federal y superar el 30 en la provincia de Buenos Aires. A la vez, para conquistar este 30 por ciento, debería arrastrar a más de la mitad del segmento más pobre del conurbano, ya que le resultará difícil sacar más del 25 por ciento en los barrios de clase media y en el área rural.

El inconveniente surge cuando se recuerda que en 2007 Cristina Kirchner promedió el 50 por ciento de los votos en el Gran Buenos Aires. No hay demasiadas razones para que mejore esa performance. A su lado temen perder siete diputaciones de las 21 que renueva el PJ de la provincia.

Esta rudimentaria matemática se confirma en la cotidianidad de la política. Los intendentes del conurbano están intranquilos ante los primeros síntomas de la recesión. La recaudación está cayendo y todavía no se definieron los aumentos salariales de los empleados municipales. Tampoco los de los camioneros, que determinan el costo principal de una comuna: la recolección de residuos. Hugo Moyano ya dijo que esta vez se guiará por la inflación del ama de casa, no por la del Indec. ¿Doce por ciento? ¿Quince por ciento? Todo es mucho.

Fuera de la intendencia la inquietud es mayor. La actividad decae y, en el momento más inoportuno, se disponen tarifazos en el transporte o la luz, que afectarán los demás precios. En una cooperativa de cartoneros de Villa Itatí, en Quilmes, explican el trance mejor que en un aula de Ciencias Económicas: "Estamos peor que en 2001 porque ahora nos pagan menos el cartón, la hojalata, el plástico. Además sube lo que compramos para vivir. Las fábricas a las que les vendemos cerraron por vacaciones y no sabemos cuándo volverán a abrir. La última vez que cobramos fue con cheques a 90 días".

La inseguridad alimenta el malestar. Para exacerbarla llegó el caso Bergara, cuyas peculiaridades atormentan a Daniel Scioli: "Lo secuestraron frente a dos cámaras de TV; se pagó el rescate en Pinamar, donde hay destacados 3000 agentes; lo liberaron en la casa de un policía, y se expusieron a todo esto por 200.000 dólares. Alguien se está burlando de nosotros", comentó ayer un íntimo del gobernador.

Kirchner quiere prevenir un desbande y dedica la mayor parte de su tiempo a atender a los intendentes del Gran Buenos Aires. Cada uno tiene asignados día y hora para visitar Olivos, donde el esposo de la Presidenta recibe escoltado por el secretario de Obras Públicas, José López, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Allí se adjudican cupos del presupuesto y se marcan citas para cortar las cintas de aquel puente o de ese pavimento tantas veces prometido. A la tradicional confusión argentina entre el Estado, el gobierno y el partido se le cayó la última máscara.

¿Y si la plata no está?

A pesar del entusiasmo con que son atendidos, los jefes municipales empiezan a desconfiar de las promesas. Uno de ellos, de la tercera sección electoral, comenta: "Llamamos a Obras Públicas todos los días por los 50 millones de pesos que nos iban a tocar y que nunca llegan. Nos dicen que entre mayo y julio van a cumplir con todo. Ojalá, porque ya anunciamos los trabajos cinco veces". El mismo argumento esgrime un intendente del interior de la provincia: "Nos aseguran 300 millones de pesos de los 1000 que hay para nuestra sección. Pero 300 millones es lo que nos deben de obras anteriores".

Todas las anécdotas conducen a la misma sospecha: ¿y si la plata no está? Desde que su esposa ganó las elecciones, Kirchner aumentó tarifas para bajar subsidios, se desangró en una guerra con el campo por 2000 millones de dólares, convalidó una tasa del 15 por ciento en la colocación de un bono bolivariano, reabrió a los apurones el canje de deuda con la promesa de aportes frescos, incautó los ahorros jubilatorios, dispuso un blanqueo y una moratoria, y encargó la recaudación de impuestos a uno de sus talibanes. Es decir: tuvo el comportamiento de un hombre al que no le alcanzan los recursos.

Este año, cuando la recesión recorre el planeta, el Gobierno debe afrontar vencimientos por 16.000 millones de dólares. Las provincias no colaboran: algunas se preparan para defaultear la deuda contraída con el Tesoro durante el rescate de las cuasi monedas. Sin un acuerdo con el Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se muestran más mezquinos para renegociar sus acreencias.

El círculo se cierra en la obra pública: es muy difícil conseguir financiamiento externo para inaugurar los trabajos que Kirchner, López y Randazzo prometen en el conurbano. Tampoco es fácil renunciar a las retenciones, como Julio De Vido y Sergio Massa negocian, cada uno por su lado, con el campo. A pesar de todo, el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, aseguró a un par de dirigentes rurales, desde Cuba, que habrá anuncios inminentes para ellos.

Negociaciones a dos puntas

Los intendentes toman sus recaudos. En el acto que Juan José Mussi organizó hace 10 días en Berazategui, Cristina Kirchner vio menos gente y más banderas que otras veces. Alberto Descalzo, de Ituzaingó, comentó la semana pasada a un colega de la zona: "Aunque esto venga mal no podemos ir en contra, pero sí hacernos los tontos y apostar a varios números". La política en el conurbano es despiadada. Quien pierde la mayoría del Concejo Deliberante se arriesga a que, al poco tiempo, lo destituyan del Ejecutivo. Por eso, como sugirió Descalzo, los intendentes ofrecen también sus concejales a Felipe Solá o a Francisco de Narváez para armar las listas del peronismo disidente. Los bloques del oficialismo en la Legislatura ya se partieron.

Corolario: las transacciones que se celebran en Olivos comienzan a viciarse con la simulación. Los caudillejos del conurbano reclaman un dinero que tal vez no llegue, para solventar listas que quizá no respondan a quien les paga.

La incertidumbre que corroe la base de la pirámide provincial se vuelve más intensa en la cúspide. Scioli debió recurrir a fondos de la Nación para solventar gastos corrientes. Se los proveyó Amado Boudou, el titular de la Anses, a quien algunos amigos llaman en broma Bernard Madoff: ya se perdió la cuenta de cuántas aplicaciones decidió para los mismos 1000 millones de pesos.

La dependencia financiera no alcanzó esta vez para evitar una disidencia de Scioli. El gobernador, ofendido por la predilección oficial por Carlos Reutemann, dijo que "el campo esta vez tiene razón". Los Kirchner lo toleraron sin chistar. Tampoco ellos son los de antes. El miércoles Scioli sugirió al ex presidente que, sin un acuerdo agropecuario, podrían perderse las elecciones en la provincia. Todavía no llegó a los extremos que le recomienda su estratego, James Carville, pero durante su cumpleaños tuvo otro arranque de autonomía. El actor Miguel Del Sel se cansó de repetir en esa fiesta el mismo chiste: "Se siente, se siente, Scioli presidente. Pero que sea rápido, Daniel, a ver si nos sacás de encima a estos que tenemos ahora".

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