"El sindicato que tenemos ahora es una tiranía"

El denunciante Héctor Jara es afiliado al Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia (CECU) y asegura que, con el liderazgo del secretario general Pablo García, la actual comisión directiva utiliza el sindicato y los aportes gremiales en beneficio propio.
El denunciante Héctor Jara es afiliado al Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia (CECU) y asegura que, con el liderazgo del secretario general Pablo García, la actual comisión directiva utiliza el sindicato y los aportes gremiales en beneficio propio. Según dijo, los dirigentes no permiten la participación en las elecciones, no realizan las asambleas correspondientes ni rinden cuentas desde hace 11 años.

Jara sostiene que trabaja políticamente con la línea interna Agrupación Mercantil y adelantó su objetivo de que las autoridades nacionales intervengan el sindicato para normalizar la situación. La denuncia de administración fraudulenta fue realizada con el asesoramiento del abogado Alejandro de la Riva y generó un allanamiento judicial en el edificio de Gobernador Paz.

El afiliado lleva 30 años como empleado de comercio y destaca que esa condición le permite defender públicamente las graves imputaciones efectuadas contra Pablo García, ya que el grupo de personas que impulsa la medida habría sido intimidado para no actuar en contra de las autoridades del CECU.

"Es gente que son empleados de comercio, que lamentablemente no pueden poner la cara ni pueden exponerse a esta situación de hacer una denuncia o trabajar abiertamente porque lamentablemente son perseguidos gremialmente", advirtió Jara. Y señaló que "a través del sindicato no solo lo utilizan para el beneficio propio sino que además para el apriete de los compañeros para que nadie se presente a las elecciones".

Además, el acusador remarcó que, desde 1998, momento en el que comenzó a militar internamente, pretendió postularse en tres elecciones, pero que nunca se lo permitieron. "Ya no nos dejan participar en las elecciones, no nos dejan participar de las asambleas, no se nos entregan los balances en tiempo y en forma como marca el estatuto", expresó nuevamente.

La compra de una camioneta y su posterior venta, la creación y el mantenimiento del diario La Quinta y la FM Radio Cinco, el pago de haberes a un dirigente que no vive en la provincia pero fue la designado titular de la obra social OSECAC, la no publicación de balances y memorias financieras, y la conformación de la "Fundación Chicos Fueguinos" con dinero de aportes sindicales, integran la denuncia elevada al Poder Judicial. No obstante, se sumarían otras imputaciones que no han sido mencionadas aun por falta de documentación que las respalde.

"Se han hecho dueños del sindicato, es como que han comprado una estancias o un negocio y lo manejan como eso, se olvidaron de los afiliados. Hablan de la familia mercantil y la única familia mercantil que se beneficia a través del sindicato es la familia de los de los Pablo García, Gabriel de la Vega, Mario Llanes y Fabián Zuñiga, y dos o tres familias que son ellos, que son los que manejan el sindicato", dijo el querellante Héctor Jara.

Sin balance ni memorias

El trabajador afirmó que en no se nos entrego ni antes ni durante ni después de las asambleas, en más de 10 años jamás se le presentó a los afiliados un balance económico o informe de comisión revisora de cuentas. De esta manera, la gestión del gremio habría violado lo que marcan las reglamentaciones propias.

"El estatuto dice que el 30 de junio de cada año cierra el ejercicio balance del año, de ahí tienen 120 días para convocar a asamblea; el artículo 84, 85, 86 de nuestro estatuto, claramente, dice que se debe entregar 30 días antes de la asamblea la memoria, el balance y el informe de la comisión revisora de cuenta; 30 días antes para que cuando vayamos a la asamblea sepamos que tratar en la asamblea, ahora, mal se puede tratar algo que no se conoce", expresó Jara.

"Se olvidaron estos señores verdaderamente cual es la función del sindicato, que tiene dos órganos, uno de Gobierno y otro de administración; el que administra es la comisión directiva, y el Gobierno somos nosotros los empleados, somos nosotros los afiliados, a través de las asambleas, nosotros gobernamos, pero acá es al revés, ellos gobiernan, ellos administran, y ellos hacen todo", cuestionó.

El objetivo es que se intervenga el sindicato

La expectativa de los que promueven la denuncia contra Pablo García y la Comisión Directiva es que la Federación Argentina de Empleados de comercio tome acciones concreta y corra del cargo a las autoridades. "Seguramente la Justicia elevará un pedido a la Federación como para que intervenga, o será petición nuestra a partir de esta denuncia; es la única vía y la única solución ante semejante atropello, porque no te dejan participar, no te dan la más mínima chance de poder pertenecer o poder trabajar dentro del sindicato como para poder hacer las cosas como corresponde", resaltó el afiliado.

"Lamentablemente, y lo digo con dolor, tenemos que llegar a la situación de la denuncia, mucho más sano, mucho más fácil, mucho menos nocivo para el sindicato sería que nos presentáramos en las elecciones, que ellos nos dejaran presentar en las elecciones", fundamentó Héctor Jara.

La historia

El promotor de esta denuncia que podría poner en jaque a la actual dirección del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia ya había realizado una acción similar contra una comisión anterior para que "se convoque a elecciones transparentes y democráticas". En dicha oportunidad se generó el procesamiento de algunos dirigentes de la gestión de Manuel Ferreira como secretario General.

Luego, se realizó una auditoría externa que arrojó resultados negativos respecto de la administración de los fondos. "Eso se logró pero lo único que pasó es que le cambiamos el collar al perro, porque de nada sirvió hacer la denuncia anterior si en definitiva estos hicieron peor que los otros", remarcó Jara.

Ahora, en la denuncia contra la comisión que está en funciones se le imputa a Pablo García haber utilizado capital del Centro de Empleados para cubrir gastos de su candidatura en la interna del Partido Justicialista como integrante del Frente de Renovación Peronista.

Además, el denunciante puntualizó con sospechas el incendio sufrido tres años atrás en la sede gremial y detalló que "casualmente, la única área afectada fue la Secretaría de Finanzas".

Por otra parte, se solicita al Poder Judicial que investigue el manejo de fondos de la Óptica Mercantil, ubicada en calle Maipú, y de la Farmacia Mercantil, de dirección Gobernador Paz Nº 679. El pedido en este caso es que "se libre oficio a fin de que informen sobre los movimientos" de las cuentas del Banco Francés.

Comentá la nota