El Sindicato de Prensa alerta sobre un dictamen Judicial

El Sindicato de Prensa en un documento con las firmas de su secretario general, Orlando Núñez y adjunto, Sergio Omar Schneider, señaló su malestar con un dictamen del procurador general, doctor Jorge Canteros, que "desnuda con crudeza el estado de desprotección y abandono con que los trabajadores de prensa desarrollamos nuestra labor profesional", al opinar que "es imprescindible la matrícula profesional para trabajar como periodistas".
En los últimos días Canteros emitió un dictamen en el que opina que debe hacerse lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por un demandado (un conocido empresario periodístico del ámbito televisivo y radial) en el Expediente 66.570/09 contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia. Se trata del reclamo judicial de un trabajador de prensa (periodista) que ejerció su derecho a una indemnización por despido.

En su opinión para los ministros del Superior Tribunal de Justicia sobre el recurso de la parte demandada "rescata fundamentos que nos alarman". Atiende el argumento del recurrente que sostiene que los jueces que antes habían fallado a favor del trabajador "hacen una interpretación excesiva de la prueba informativa rendida en autos" que "conceden al actor la categoría de redactor- locutor" por el hecho de que "era presentado como periodista ante los organismos oficiales", pero que "no se encontraba inscripto como periodista ni poseía carnet habilitante, lo que constituye una exigencia legal para el ejercicio de tal profesión".

El procurador Canteros precisa que "en cuanto a la determinación de la calidad de periodista del actor, se observa que las sentenciantes no valoraron con la misma estrictez y detalle que al hacerlo con el demandado respecto de los demás rubros". Concluye que no se hizo "ninguna referencia a la ausencia de la matrícula profesional de periodista, imprescindible para el ejercicio de tal profesión" según la apreciación del doctor Canteros. Por ello opina que "debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad incoado".

Sostiene el Sindicato de Prensa que "si prospera el dictamen en la decisión final puede quedar sentado un precedente más que peligroso para los trabajadores de prensa que ejercen el periodismo en el Chaco. Se echó por tierra con la Ley de Contrato de Trabajo, la que en su artículo 51 se refiere a la aplicación de estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Canteros parece que no tuvo en cuenta que "cuando por las leyes, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo se exigiera algún documento, licencia o carné para el ejercicio de una determinada actividad, su falta no excluirá la aplicación del estatuto o régimen especial, salvo que se tratara de profesión que exija título expedido por la autoridad competente. Ello sin perjuicio que la falta ocasione la aplicación de las sanciones que puedan corresponder de acuerdo con los respectivos regímenes aplicables.

No tuvo en cuenta el Pacto de San José de Costa Rica referido a la Libertad de Pensamiento y de Expresión ni la Declaración del Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobada durante el 108° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000. Allí precisa: "Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados" (el subrayado es nuestro).

Es increíble que con estos elementos que garantizan libertades haya un pronunciamiento del procurador general como el que nos ocupa, que en nada ayuda al Chaco a cambiar la imagen pésima que mantiene la población de su justicia.

No queremos privilegios pero tampoco nadie ignora en el Chaco que los medios de comunicación y algunos empresarios periodísticos mantienen en una situación ilegal e irregular a sus periodistas. Ahora, lo único que faltaba, es que además de explotados, semiesclavizados, totalmente precarizados, sin obra social, sin jubilación, sin derechos laborales, nos arrebaten también lo poco que podíamos obtener de la justicia.

El trabajador que demanda a este empresario, ¿trabajó en negro por propia decisión o por una desigual relación de fuerzas que lo obligó porque de lo contrario no hubiera tenido modo de ganarse el sustento diario para su familia? La respuesta es obvia pero menos para este penoso dictamen que vuelve a victimizar a un trabajador que fue explotado por su empleador, y que por eso mismo, según el procurador, está inhabilitado para pedir justicia.

Según este dictamen, ningún periodista puede reclamar por sus derechos laborales si no tiene la matrícula que dispone la ley 12.908 Estatuto del Periodista Profesional.

El pronunciamiento de la procuración, por eso, es de lamentar y violatorio de garantías consagradas a nivel nacional e internacional. Es, además, un nuevo gran aporte a la desconfianza y el descreimiento social hacia sus instituciones, por caso nada más y nada menos que la Justicia, esa señora a la que necesitamos ver de nuevo con las vendas en los ojos, para que no haga distingos entre poderosos y débiles".

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