Los sindicalistas vinculados al Gobierno pierden capacidad de contención gremial

Los sindicalistas vinculados al Gobierno pierden capacidad de contención gremial
El conflicto que ayer terminó con el desalojo de la planta de Kraft Foods en General Pacheco comenzó el 3 de julio de este año, cuando decenas de empleados de la empresa iniciaron una medida de fuerza para reclamar una licencia con goce de sueldo y la detención de la producción de la fábrica a causa del brote de gripe A (H1N1) que atacaba al país. Según los huelguistas, había alcanzado a varios trabajadores de ese establecimiento.
Las protestas, afirmó la dirección de la empresa, incluyeron amedrentamientos en contra de empleados que no se adhirieron a las medidas de fuerza, la obstrucción de cámaras de seguridad y la destrucción de bienes de la firma.

Luego de esa jornada, Kraft Foods despidió a más de 150 de sus empleados que habrían participado de la medida de fuerza, alegando "justa causa" para la decisión, basado en los destrozos denunciados.

Como respuesta a los telegramas de despido, comenzaron 37 días de toma de la planta que tuvieron como trasfondo internas sindicales profundas. La toma fue liderada por delegados que forman parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación (STIA), perteneciente a la CGT,  pero que no responden a su líder, Rodolfo Daer.

Un divorcio cada vez más común entre los grandes gremios y sus bases, que entorpece la capacidad de contención de las demandas sociales por parte del gobierno de Cristina Kirchner, acostumbrado a negociar con una CGT que suele responderle.

Un caso similar al de Kraft es el conflicto que delegados de los trabajadores del subte identificados con el Movimiento Socialista de los Trabajadores sostienen con la Unión Tranviaria Automotor (UTA), y que el año pasado causó enfrentamientos, con cortes en el servicio que afectaron a los pasajeros durante días enteros.

En el caso de Kraft, el propio Daer desautorizó la medida de protesta de sus afiliados. "Un sector de compañeros despedidos no logra entender cuál es la posición y comienzan a producirse situaciones tensas dentro de la fábrica", dijo ayer.

"Dentro de los parámetros legales hay mecanismos para luchar por la reincorporación de los compañeros. Hay que bajar un cambio interno, tanto por parte de la empresa como de este sector", sostuvo Daer.

El día anterior, también el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, era el que había atacado a los huelguistas acusándolos de "izquierdistas" e "ideologizados", y negándoles todo apoyo.

El principal rival de la CGT, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se nutre de desacuerdos entre delegados de base y las cúpulas sindicales, por lo que ayer convocó a una conferencia de prensa luego del desalojo.

"Están violando la libertad sindical, estamos ante una acción inédita avalada por los gobiernos provincial y nacional, que desconocen los fueros de los delegados elegidos por sus compañeros", explicó Horacio Meguira, director del departamento jurídico de la CTA.

Instrucción judicial para usar violencia

El Gobierno y la policía recalcaron ayer que el procedimiento de la desocupación de la planta de la ex Terrabusi era consecuencia de un fallo judicial que ordenó el desalojo.

"El uso de la fuerza pública habrá de constituirse en la medida de lo estrictamente necesario, en el último mecanismo de acción." Poco sirvió la advertencia del juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa, que ordenó el desalojo de la planta de Kraft.

El magistrado también les pidió a las fuerzas de seguridad que lo hicieran "siempre velando por el debido resguardo de la integridad física de los involucrados, personal policial actuante y terceros ajenos al conflicto".

Costa consideró en su fallo, que inició el procedimiento policial, que el conflicto se "desnaturalizó" y resolvió la medida debido a la "intransigencia del sector sindical, los empleados y la empresa involucrada", al tiempo que catalogó la toma de la fábrica como " violenta y arbitraria".

"Aquello que en un inicio comenzó siendo un reclamo valedero, legítimo y al amparo de derechos de índole constitucional, a esta altura de los acontecimientos, bajo ese pretendido ropaje, ha sumado la perpetración de hechos con apariencias delictivas que no sólo desnaturalizan y quitan legitimidad a ese reclamo, sino que afectan derechos de sujetos ajenos al conflicto", consideró el juez, en un inédito fallo que dio lugar tambi´pen a .

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